El PP lía el proceso para dotar de un senador propio a Formentera

El PP quiere cambiar la reforma constitucional que tramita actualmente el Congreso para que Formentera tenga un senador propio y busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Ibiza que propuso el Parlament balear.

Se trata de una reforma constitucional que la Cámara autonómica envió en 2018 al Congreso con el fin de que la isla de Formentera cuente con su propio escaño en el Senado, como el resto de islas baleares y canarias, y que no tenga que compartir la circunscripción con Ibiza, como ocurre hasta ahora.

La iniciativa pasó tres legislaturas en el Congreso sin llegar a debatirse, pero esta vez, a la cuarta, el PSOE y Sumar están decididos a culminar la reforma y a hacerlo con celeridad, máxime cuando es una norma con un único artículo.

El texto fue tomado en consideración por el pleno del Congreso en febrero con un respaldo de mayoría absoluta (176 votos), frente a la abstención del PP y el voto en contra de Vox, y ahora se ha pedido que se tramite «en lectura única», lo que supone ventilar todos los debates en un único Pleno sin pasar por ponencia ni comisión. Ese procedimiento exprés se votará la próxima semana. Pero la redacción que se plantea desde Balears utiliza la denominación de Ibiza, en catalán, y el PP ha presentado una enmienda para que en la Constitución se mantenga el nombre de Ibiza, en castellano. Es la única modificación que plantean, según consta en el paquete de enmiendas registradas en el Congreso y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Aunque en su propuesta de modificación sólo justifican el cambio por «mejora técnica», desde el PP explican que el topónimo oficial de la isla por parte del Estado es Ibiza, tanto en el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial como en la circunscripción electoral, y que incluir ahora Ibiza en la Constitución podría dar lugar a una situación de inseguridad jurídica.

Vox también rechaza el uso del catalán («lengua regional», apunta), pero en su caso va más allá y quiere derribar toda la reforma, ya que ha presentado tres enmiendas de supresión, una por cada parte que tiene la norma: exposición de motivos, artículo único y disposición adicional.

Aprobar esta reforma constitucional requiere del voto favorable de al menos tres quintas partes del Congreso (210 diputados) y del Senado, lo que hace imprescindible contar con el voto favorable del PP, partido mayoritario en ambas cámaras.

Hasta ahora la Constitución de 1978, la más longeva de la historia de España, sólo se ha reformado en tres ocasiones: en 1992 para permitir la participación de extranjeros en elecciones municipales, en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y en 2024 para eliminar el término «disminuido» y sustituirlo por persona con discapacidad.

El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal, acusó a PP y a Vox de «romper el consenso» por el senador por Formentera en el Congreso al introducir «polémicas lingüísticas» para, a su entender, tener una «excusa» para votar en contra.

Así lo criticó Vidal, después que PP y Vox hayan introducido enmiendas a la reforma de la Constitución para que Formentera tenga senador propio, según trasladó MÉS en una nota de prensa.

Estos cambios, según Vidal, «aprovechan la ocasión para atacar la identidad de Ibiza, en el caso ‘popular’, e impedir un avance democrático», en el caso de los de Santiago Abascal.

La situación absolutamente inédita provocada por esta reforma aumenta gracias al PNV, que pide cambios profundos en la Carta Magna, como «el derecho de autodeterminación del pueblo vasco» o la limitación de la inviolabilidad del rey.

Los nacionalistas vascos también piden eliminar el artículo 155 de la Constitución, que da la posibilidad al Gobierno de tomar el mando en una comunidad autónoma, y cambiar las funciones de las Fuerzas Armadas para suprimir lo relacionado con la defensa de la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional. El PNV reclama también cambiar el artículo 2 de la Constitución para introducir el «derecho a la autonomía» de las naciones.

Por su parte, UPN solicita que se elimine de la Constitución su disposición transitoria cuarta que establece que, en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa corresponde al órgano foral competente y para su validez será precisa la ratificación en referéndum.