Justicia gratuita: los abogados de oficio de Baleares se quejan porque el Ministerio de Justicia no les paga las mediaciones si no hay acuerdo

Nueva vuelta de tuerca contra los abogados de oficio. El Ministerio de Justicia ha comunicado que, hasta que no se publique el reglamento que incluirá los nuevos baremos del turno de oficio, las actuaciones de asistencia jurídica gratuita de mediación que lleven a cabo los abogados de oficio no se pagarán si no se consigue un acuerdo entre las partes en conflicto.

Hay que recordar que la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia obliga a recurrir a los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en la jurisdicción civil y mercantil antes de interponer una demanda en los tribunales.

El Consejo de la Abogacía Española ha reiterado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, “la necesidad que estas situaciones se aclaren y que se promulguen de manera inmediata los nuevos baremos”.

Por su parte, la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Baleares ha reaccionado duramente contra este criterio ministerial de no pagar a los letrados de oficio durante los procesos de mediación si estos no cristalizan en un acuerdo.

Los miembros de la junta de gobierno consideran que el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva de los usuarios de la justicia gratuita se está convirtiendo, por parte del Ministerio, en “una carrera de obstáculos prácticamente insalvable”.

Según el órgano colegial, “la decisión ministerial de condicionar el pago de estas actuaciones a la existencia de un acuerdo, añadido al hecho de que el Ministerio tampoco haya previsto ningún sistema para que los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita puedan acceder sin ningún coste a los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) y cumplir así con el preceptivo requisito de procedibilidad, está dejando completamente desamparados a los usuarios de la justicia gratuita en su acceso a los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses legítimos”.

La junta de gobierno añade: “El sorprendente criterio ministerial supone un nuevo e inaceptable menosprecio al trabajo de unos profesionales que se dejan la piel las 24 horas de los 365 días del año en la defensa de aquellos ciudadanos que, ya sea por falta de recursos o bien por circunstancias de índole personal, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”.

Brecha territorial

La decisión de Justicia “ahonda aún más la brecha territorial que existe entre los abogados de oficio de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de este servicio público, a quienes sí se compensa en baremo el trabajo que llevan a cabo en los MASC, con independencia de su resultado, y los letrados que desarrollan su labor en las comunidades que, como Baleares, constituyen el llamado territorio común”, se lamenta la junta de gobierno.

“El Ministerio no puede pretender que sean los abogados del turno de oficio los que costeen el servicio público de la asistencia jurídica gratuita, ni condicionar el pago de su trabajo en un proceso de MASC al resultado del mismo, es decir, a la existencia o no de un acuerdo”, denuncian desde el Colegio de Abogados.

Por ello, instan públicamente al ministro Félix Bolaños a que dé las instrucciones pertinentes para compensar, siempre y en todo caso, las actuaciones letradas en los procesos de conciliación.

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