Los auxiliares técnicos educativos de Baleares, al límite: caos en las oposiciones, contratos precarios y agresiones en las aulas

La figura del Auxiliar Técnico Educativo (ATE) es el pilar invisible sobre el que descansa la inclusión educativa en los centros de Baleares. Son quienes trabajan codo a codo con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), atendiendo a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidades intelectuales o problemas de movilidad. Sin embargo, tras la vocación de estos profesionales se esconde una realidad de "abandono administrativo" que ha estallado tras la última convocatoria de oposiciones. Un grupo de estos trabajadores califica la gestión de la Conselleria de Educación y Universidades y la de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social como "auténticamente surrealista".

El principal foco de conflicto se sitúa en un solapamiento de procesos selectivos. Según relatan los trabajadores afectados, el pasado sábado, 7 de marzo, se celebró un nuevo examen de oposición a pesar de que el proceso anterior aún no ha sido resuelto de forma definitiva. "Estamos en una situación en la que hemos tenido que presentarnos a un nuevo examen sin saber si ya tenemos plaza en el anterior", explican con indignación. El retraso es flagrante: el primer examen de la convocatoria previa se realizó en febrero de 2023, el segundo en mayo, y las notas no se publicaron hasta diciembre. A día de hoy, el plazo para presentar méritos sigue sin abrirse, lo que condena a los aspirantes a una "incertidumbre total".

Esta parálisis administrativa obliga a los profesionales a invertir tiempo y dinero en preparar nuevas pruebas por puro miedo a quedar fuera del sistema. "Hay gente aprobada que no lo sabe y hemos tenido que presentarnos sí o sí para no perder la oportunidad", lamentan. A esto se suma el malestar por el contenido de los exámenes. En la última convocatoria, el sindicato CCOO ha tenido que solicitar aclaraciones a la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) por la inclusión de preguntas sobre el Estatuto de Autonomía que, "teóricamente, habían sido eliminadas del temario oficial", explican. Aunque la administración se escuda en que ciertos artículos sobre la estructura del Govern sí estaban incluidos en otros temas, el colectivo lo percibe como una traba más.

La frustración aumenta al recordar procesos anteriores que terminaron en nada. Cuentan cómo en noviembre de 2023 se realizó un concurso-oposición para un bolsín extraordinario que, tras meses de estudio y preparación por parte de cientos de interinos, fue anulado sin explicaciones claras. "Estudiamos diez meses, pagamos tasas, nos preparamos 600 preguntas para que luego dijeran que no servía para nada. Ahora solo sirve para unos pocos puntos en el bolsín del año que viene, pero el esfuerzo y la ilusión se fueron a la basura", comentan los afectados.

El agravio comparativo de los contratos

Más allá de la burocracia de las oposiciones, la gestión de los recursos humanos en los centros educativos muestra brechas que el colectivo considera discriminatorias. Actualmente conviven tres tipos de contratos para realizar las mismas funciones: de nueve, diez y doce meses. Esta diferencia supone que mientras algunos auxiliares cobran durante todo el verano, otros se ven obligados a irse al paro a principios de junio, incluso antes de que los alumnos terminen el curso escolar. "Yo termino mi contrato el 9 de junio, diez días antes que los chicos. Es absurdo, porque las necesidades de los alumnos no desaparecen esos días", explica un integrador social que desempeña funciones de ATE.

Desde la Conselleria de Educación admiten esta disparidad, pero la justifican como una herencia del pasado. Fuentes del departamento explican que los contratos de 12 meses son "modelos antiguos" que se irán extinguiendo con las jubilaciones, y que la política actual es estandarizar los contratos a 10 meses coincidiendo con la apertura de los centros. Sin embargo, para los trabajadores, esta explicación no compensa la precariedad de quienes, año tras año, ven interrumpida su cotización y sus ingresos por una decisión meramente presupuestaria. "Los 12 meses continúan bloqueados por falta de presupuesto, esa es la única verdad que nos llega de las mesas sectoriales", critican.

Sin preparación previa y bajo riesgo de agresión

Otro de los puntos negros de la denuncia es la falta de planificación en el inicio del curso. Muchos ATE comienzan a trabajar el mismo día que los alumnos, sin margen para conocer los expedientes, realizar entrevistas con las familias o coordinarse con el equipo docente. "Yo llegué a la Conselleria a las ocho de la mañana para firmar y a las diez ya estaba en el aula con los niños. No hay periodo de adaptación ni preparación para casos que a veces son muy complejos", relatan. Denuncian que esta falta de previsión afecta directamente a la calidad del servicio que reciben los menores con discapacidades intelectuales o trastornos del espectro autista.

Yo llegué a la Conselleria a las ocho de la mañana para firmar y a las diez ya estaba en el aula con los niños. No hay periodo de adaptación ni preparación para casos que a veces son muy complejos

A esta presión asistencial se añade un riesgo físico que no se ve compensado en la nómina. El colectivo afea que, a pesar de estar expuestos a mordeduras, tirones de pelo y otras agresiones derivadas de las crisis que pueden sufrir algunos alumnos, no perciben un plus de peligrosidad. "Este curso, una compañera ha sido mordida tres veces; en la última ocasión necesitó la vacuna del tétanos. Somos el colectivo más expuesto a la agresividad física en los centros y la administración nos ignora", aseguran. Las reuniones entre sindicatos y las consellerias de Educación y Función Pública han terminado, por ahora, en "buenas palabras" pero sin compromisos firmes sobre este complemento salarial.

Cualificación profesional

Finalmente, los trabajadores ponen el foco en el perfil profesional que se exige para el puesto. Según el actual bolsín, el requisito mínimo para trabajar como ATE es el graduado escolar, algo que consideran "insuficiente" y una "falta de respeto" tanto para los profesionales como para las familias de los alumnos. "El perfil del alumnado ha cambiado mucho, las necesidades son mayores. Nosotras somos integradoras sociales o educadoras infantiles, tenemos formación, pero la administración nos sigue tratando como 'chachas' al pedir solo el graduado escolar", denuncian con amargura.

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