El Govern balear sigue adelante con el registro de médicos objetores de aborto después del varapalo judicial a Ayuso

El Govern balear mantiene en marcha la creación del registro de médicos objetores de conciencia al aborto, una herramienta prevista en la ley estatal para organizar la prestación de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. El trámite sigue su curso mientras en otras comunidades el asunto ha acabado en los tribunales, como en Madrid, donde la Justicia ha ordenado iniciar su implantación tras la negativa del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

En Baleares, según explican desde la conselleria de Salud, el procedimiento para aprobar el decreto que regulará este registro continúa avanzando dentro de los plazos administrativos habituales. Ha finalizado la fase de audiencia, ahora se recogen alegaciones y después se pasará a la fase de informes preceptivos, señalan fuentes del departamento. Desde la Conselleria no concretan un calendario para su aprobación definitiva y aseguran que se trata de "procedimientos minuciosos" propios de la elaboración de un decreto, que "no tienen un plazo fijo establecido".

La implantación de este registro está prevista en la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2023. La norma obliga a todas las comunidades autónomas a disponer de una relación de profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia, con el objetivo de facilitar la planificación sanitaria y garantizar que las mujeres puedan acceder a esta prestación dentro del sistema público.

El asunto ha vuelto a cobrar actualidad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya ordenado al Gobierno de la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para crear ese registro, al considerar que existe una obligación legal que no se estaba cumpliendo. La decisión responde a una solicitud del Ministerio de Sanidad ante la negativa del Ejecutivo madrileño a implantarlo.

El tribunal señala que la ausencia de este instrumento puede suponer una situación de "inactividad administrativa" y recuerda que su finalidad es compatibilizar dos derechos: el de los profesionales a la objeción de conciencia y el de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público. El Gobierno de Ayuso ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, aunque el auto obliga a iniciar los trámites administrativos para su implantación.

Seis meses desde el ultimátum del Gobierno

El debate sobre este registro ya había llegado antes a Baleares. En octubre de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio tres meses a varias comunidades (entre ellas Baleares, Madrid, Aragón y Asturias) para que crearan y regularan este registro de objetores.

El requerimiento formal del Ejecutivo central buscaba garantizar el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública y evitar situaciones como derivaciones a clínicas privadas o a otras comunidades autónomas.

Han pasado seis meses desde aquel plazo inicial, pero el Govern balear insiste en que el procedimiento administrativo sigue adelante dentro de la tramitación normativa correspondiente.

El protocolo que fija las condiciones mínimas para implantar estos registros fue aprobado por unanimidad en diciembre de 2024 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el apoyo de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP.

Desde el Ministerio de Sanidad sostienen que la creación de estos registros es clave para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sin menoscabar el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. En Baleares, el Govern mantiene ahora la tramitación del decreto para implantarlo, aunque sin fijar todavía una fecha para su aprobación definitiva.

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