El Gobierno amenaza con llevar al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria balear

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha amenazado este miércoles con llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria de las Islas Baleares si no se llega a un acuerdo previo entre ambas administraciones.

En declaraciones a los medios en la primera Cumbre contra el Odio inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha lamentado la derogación este martes en el Parlament de la Ley de Memoria Democrática autonómica con el apoyo de PP y Vox.

En su opinión, es un caso claro de "sumisión" del PP hacia Vox, ya que en un principio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, dijo que no iba a aceptar las exigencias del partido de Santiago Abascal, que fue el que propuso esta derogación, y finalmente "ha sucumbido a ellas".

"Tengo que lamentarlo porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha. Se ve claramente quién está mandando. Unos pueden tener la presidencia, pero mandan los otros más, mandan los que exigen, los que ponen condiciones", ha señalado.

Además, ha anunciado que va a invitar al Govern a que se siente con el Gobierno de España para negociar y dar marcha atrás en la derogación de esta ley.

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"Si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata", ha añadido.

De esta forma, el Gobierno vuelve a recurrir al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En el momento en que el Gobierno remita una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la derogación de la Ley de Memoria, el Govern balear tendrá un plazo para decidir si acepta esta propuesta de diálogo.

Si no se consigue un acuerdo, el Gobierno irá al Tribunal Constitucional, como ya hizo por ejemplo en Aragón tras la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox, con la denominada ley de "concordia" aprobada en la Comunidad Valenciana por los mismos partidos o con la suspensión de la norma de memoria cántabra impulsada por el PP y apoyada por Vox.

El PP respeta la decisión

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha afirmado este miércoles que respeta la posibilidad de que el Gobierno central acabe recurriendo al Tribunal Constitucional (TC) la derogación de la ley de memoria, recordando que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tiene cuestiones más importantes por las que preocuparse en Baleares, como la insularidad. "Que hagan lo que consideren", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Por parte de Vox, Manuela Cañadas, ha calificado como cortina de humo para tapar los casos de corrupción la invitación a negociar que ha hecho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El PSIB, por boca de su portavoz adjunto, Marc Pons, ha animado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a aceptar la invitación y explorar las posibilidades para eliminar de la norma todo lo que está fuera de la defensa de los derechos humanos.