Crónica | Entre todos mataron a Agama y ella sola se murió

El viejo refrán debería figurar, con su inevitable dosis de crueldad pedagógica, en el frontispicio del Parlament, ahora que se premia la desmemoria. Serviría para ordenar ciertas sesiones plenarias en las que la política autonómica se parece a un velatorio sin difunto. El cadáver, en esta ocasión, es Agama, pero la escena resulta más interesante que la necrológica: nadie parece haber participado en el desenlace. La empresa láctea se ha muerto sola, como las plantas que olvidamos regar. Entre todos la mataron y ella sola se murió, si bien es una consideración temporal a la espera de que los hoteleros decidan desmentirlo en un comunicado, ahora que le han cogido el gusto a señalar a periodistas por hacer su trabajo.

Como la verdadera patria del hombre (y la mujer) es la infancia, Marga Prohens volvió ayer a sus orígenes rurales en un discurso de notable intensidad emocional. Recordó que su pueblo natal, Campos, es una tierra de «tradición agraria, lechera y ganadera» y aseguró conocer los «nombres y apellidos» de los afectados por el cierre de Agama. «Son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangre ante el engaño a la administración y a los productores», afirmó mientras se llevaba la mano al pecho. El Parlament asistía así a una escena de proximidad política en estado puro. Solo faltó escucharla entonando el We the People.

La cercanía de unas elecciones suele producir estos efectos. Los discursos adoptan una textura sentimental y las piezas empiezan a moverse sobre el tablero. La presidenta ya conoce el nombre de su más que probable rival en las próximas autonómicas. Será Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, aunque la presidenta no la citó directamente. Prohens ve con buenos ojos que una firme defensora del crecimiento turístico lidere al PSOE balear. Quien probablemente esté aún más satisfecho es Lluís Apesteguia, que ansía poder ondear la bandera del decrecimiento sin demasiada competencia.

El trasfondo del asunto es más amplio que la suerte de una empresa mallorquina. Durante décadas, la apuesta por el monocultivo turístico ha ido desplazando al resto de sectores productivos. «Dónde están las fábricas, que yo las vea», se preguntaba ayer el líder de Més. Tal vez algún compañero de partido pueda ayudarle a encontrarlas, aunque la tarea se complica después de que la formación se fotografiara junto a Vox en el Consell apenas unas horas después de que el partido de Santiago Abascal pidiera su ilegalización en el Parlament.

La sesión de control dejó claro que la disputa por el voto rural irá en aumento. Vox ha detectado que el malestar del campo puede convertirse en capital político si se orienta contra Bruselas y acuerdos comerciales como el de Mercosur. Abascal recorrerá personalmente los pueblos en la próxima campaña, imitando el éxito que su partido ha obtenido en regiones como Aragón.

En medio de estas guerras rurales, la diputada socialista Patricia Gómez decidió cambiar al castellano para dirigirse a Manuela García, su sucesora al frente de la Conselleria de Salud, y pedir su dimisión por el caos sanitario. Dicen que el castellano es un idioma loable lo hable quien lo hable, de modo que el cambio de lengua tenía cierto aire pedagógico: dos firmes defensoras de eliminar el requisito del catalán en la sanidad hablando en castellano para entenderse mejor. Quedó por aclarar si el de la consellera popular resulta más inteligible que el de Koldo García, a la vista del intercambio epistolar para facilitar la compra de material sanitario en plena pandemia.

También quedó claro que, según García, todo funciona razonablemente bien en el área de Salud del Govern, ese territorio administrativo donde el caos reiterado tiene la elegante costumbre de no tener culpables concretos. La consellera sostiene que los problemas se producen en «momentos concretos». Después llega Prohens y atribuye la crisis hospitalaria a Pedro Sánchez por no detener la huelga, completando así el circuito clásico de la responsabilidad desplazada. Alguien ha cantado bingo.

La sesión dejó también un curioso contraste ideológico. Según se deduce del intercambio dialéctico, durante la pasada legislatura el sector primario gozaba de una salud de hierro porque el Pacto de izquierdas presumía de haber obligado a los establecimientos turísticos a ofrecer al menos un 3% de producto local en su oferta gastronómica. Mantener una empresa como Agama ha resultado, aparentemente, mucho más difícil que financiar con dinero público la compra de camas elevables, uno de los grandes éxitos regulatorios de la Administración Armengol que el Govern de Prohens ha decidido mantener. Cabalgar contradicciones, al parecer, no es patrimonio exclusivo de la izquierda.

Pese al acalorado debate, ningún forense pudo certificar con exactitud la hora de la muerte de Agama. Tampoco apareció un culpable claro. Los gobiernos anteriores no tienen ninguna culpa y los actuales, por supuesto, aún menos. Entre todos la mataron. Y, según el Parlament, ella sola se murió.

La Ley de Memoria Democrática, en cambio, fue derogada con una claridad matemática que en política suele llamarse victoria. Una victoria inapelable de Vox ante un PP con la cabeza gacha. La diputada popular Cristina Gil sostuvo que la norma «no nos une, sino que nos separa», demostrando que la política vive obsesionada con la unidad sentimental, como si el Parlament fuese una terapia de grupo. Los ultramontanos, en cambio, no practicaron la moderación funeraria y reivindicaron que la Guerra Civil «no fue una guerra entre buenos y malos», antes de rematar con un «somos superiores moral, intelectual y estéticamente». Aquí sí hubo unos ajusticiados reconocibles. Hijo del hombre, sólo conoces un montón de imágenes rotas.

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