Juicio a seis acusados de estafar 113.000 euros con la compra de una casa en Lloseta

La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar a seis acusados por una estafa inmobiliaria que se remonta a 2014 en la que presuntamente defraudaron a una mujer 113.000 euros con la compra de una casa en Lloseta.

Los sospechosos comparecieron ayer al mediodía ante el tribunal de la Sección Primera. La vista previa se pospuso al próximo 22 de octubre porque la fiscalía, la acusación particular y las defensas están negociando un acuerdo. Las partes personadas están ultimando los pagos que deberían efectuarse por los implicados.

En un principio, el ministerio público reclama para cada uno de los encausados, cinco hombres y una mujer, todos ellos españoles, una pena de cinco años de cárcel y una multa de diez meses a razón de ocho euros diarios por un delito de estafa agravada por razón de la cuantía.

La víctima de la estafa, la dueña del inmueble, solo recibió 7.000 euros cuando el precio pactado por la venta fue de 120.000 euros. Al final, se quedó sin la finca, que pasó a manos de dos de los sospechosos, según consta en una escritura pública que se firmó en una notaría de Palma en el verano de 2014.

La fiscalía solicita la nulidad de la compraventa de la vivienda otorgada en escritura pública el pasado 11 de agosto de 2014 ante notario en la que la perjudicada vendió a dos acusados su finca de Lloseta por un precio de 20.000 euros, creyendo que realmente el precio final de venta eran 120.000 euros.

La acusación pública también pide la nulidad de la extinción del condominio en virtud de otra escritura pública de diciembre de 2017, así como la cancelación de cuantos asientos registrales hayan causado en los registros correspondientes los documentos notariales en los que se articularon los expresados negocios jurídicos.

Por último, la fiscal interesa, en tanto no restituyan el inmueble a su legítima propietaria, que los acusados indemnicen a la afectada con 113.000 euros, que es el precio que resta por pagar de los 120.000 euros inicialmente pactados.

Las defensas están negociando la devolución de la finca a la víctima y penas mínimas de prisión de no cumplimiento al plantear que concurren circunstancias atenuantes como la de dilaciones indebidas. A la espera de que culminen estas gestiones, la vista de ayer se aplazó hasta octubre.

Casa con corral en venta

Los hechos se remontan al año 2014 cuando la perjudicada tenía en venta una casa con corral de cien metros cuadrados en Lloseta. El inmueble estaba deshabitado y no constituía su vivienda habitual. En esas fechas, su valor de mercado era de 111.400 euros, según tasación pericial.

Uno de los encausados, como intermediario inmobiliario, contactó con la propietaria de la finca a través de su marido para interesarse por la compraventa de la propiedad, según la versión de la fiscalía. Les presentó a ambos a otros dos sospechosos como supuestos compradores interesados en la casa.

Uno de ellos formalizó un contrato privado de opción de compra el 11 de agosto de 2014 en el que se pactó un precio final de 120.000 euros, próximo al valor de mercado fijado en la tasación pericial. La acusación pública destaca que la afectada actuó sin ningún tipo de asesoramiento jurídico. Así, el precio de la opción de compra se fijó en 7.000 euros y para abonar el resto, 113.000 euros, se entregaron dos letras de cambio por importe de 56.500 euros cada una.

Sin embargo, según subraya la fiscal, las letras de cambio carecían de fuerza ejecutiva y habían sido redactadas de manera que no pudiesen ser cobradas por la vendedora. En ambas letras figuraba como librado, esto es la persona que se obliga a pagar, el nombre de la víctima, cuando es ella la que vende la finca y la que tiene que cobrar. Y en una de las letras constaba la acusada como librador, la persona que debía recibir el dinero, cuando era ella la que debía pagar.

Ese mismo día, 11 de agosto de 2014, aprovechando la creencia de la perjudicada de que el precio final eran 120.000 euros, ella formalizó un contrato de compraventa ante notario en Palma con otros dos sospechosos, quienes finalmente compraron la vivienda por 20.000 euros y expidieron diferentes cheques.

Un intermediario acusado recibió 10.500 euros en tres cheques, otro recibió 2.500 euros en un cheque y, finalmente, la afectada cobró 7.000 euros mediante dos cheques. La mujer firmó la escritura de compraventa convencida de que le abonarían los 113.000 euros restantes, ya que el precio pactado fue de 120.000 euros. Sin embargo, la vendedora nunca recibió ese dinero y la finca se inscribió registralmente a favor de los dos compradores encausados, quienes pagaron 20.000 euros por el inmueble de Lloseta. Posteriormente, trataron de vender la casa por 160.000 euros y 112.000 euros, según la fiscalía.

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