Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata

La amnistía urbanística del Govern de Marga Prohens se ha traducido ya en poco más de un año en un aluvión de peticiones para legalizar construcciones en suelo rústico en Mallorca, aprovechando la primera fase del procedimiento que resulta más barata.

Los ayuntamientos de la isla han registrado un gran volumen de expedientes de legalización extraordinaria, sobre todo durante la primera quincena de febrero, apurando la fecha límite del 16 de febrero de 2026, en la que se paga una multa del 10% del valor actual de la edificación. En el segundo año el porcentaje sube al 12,5% y el tercer y último año, hasta febrero de 2028, la prestación económica se incrementa al 15%.

El presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Jaume Ferriol, confirma esta situación. “Han entrado muchos expedientes de este tipo en los ayuntamientos. Pensamos que pueden ser el 80% de los casos porque la gente lo quería hacer durante el primer año que es más barato”, detalla Ferriol.

“En la última semana se presentaron muchos casos”, añade el presidente de la FELIB, en referencia al periodo comprendido entre el 9 y el 16 de febrero. Según indica, solo en la primera quincena de febrero entró cerca de un 40% de los expedientes.

“En la mayoría de los pueblos en los últimos días ha habido un esprint de asuntos. Todos los municipios han recibido muchos expedientes. Todos los pueblos estamos igual”, asegura Ferriol.

En el Pla de Mallorca

En Maria de la Salut, donde Jaume Ferriol es alcalde, se han registrado 21 expedientes extraordinarios de legalización en la primera fase. Seis de ellos entraron en la última semana, casi un 30%. “Es una barbaridad para un pueblo como Maria. La verdad es que ha tenido muy buena acogida. Es una ocasión única para legalizar una casa fuera de ordenación, es una oportunidad para que el propietario pueda arreglar la situación de estos inmuebles”, reconoce el primer edil.

Sineu, también en el Pla, ha recibido unos 50 expedientes de legalización, más de una quincena de ellos a principios de febrero, justo antes de finalizar el tramo más barato. Tomeu Mulet, el alcalde, hace un balance positivo: “Son bastantes expedientes, la gente ha respondido bien, el volumen es elevado. Desde un principio ya empezaron a entrar casos”.

En Esporles se han registrado doce solicitudes de licencia, mientras que en Artà, 39, de las que la mitad entraron en el último mes y siete, en la primera quincena de febrero. Para el municipio de Artà no es una cifra muy alta si se compara con el resto de licencias ordinarias.

En Alaró se han contabilizado un centenar de expedientes de legalización. Y en Pollença se han recibido 280 casos en la primera fase de la amnistía urbanística y siguen llegando asuntos. Ahora, llevan unos 300 expedientes. La mayor parte de solicitudes entraron en enero y primeros de febrero. Estas cifras suponen un volumen de trabajo muy importante para los técnicos municipales.

Precisamente, estos expedientes extraordinarios están taponando y alargando la concesión del resto de licencias. Jaume Ferriol explica que las legalizaciones tienen preferencia sobre el resto de asuntos, tal como establece la ley. Por ello, ha aumentado el plazo para resolver otros casos. En Maria, se ha pasado de tres meses a cinco para la resolución de otras licencias, ya que cuentan con el mismo personal. En cambio, Sineu se ha reforzado con un técnico más, un aparejador, para agilizar el trabajo. Otra opción es recurrir a empresas externas habilitadas para tramitar las licencias.

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