El Govern respalda el desalojo de la antigua cárcel de Palma: "¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha respaldado el proceso de desalojo de las 206 personas que residen en la antigua prisión de Palma y ha reclamado una actuación decidida de la Delegación del Gobierno para abordar la situación.

Diversos colectivos y organizaciones sociales de Mallorca reclamaron ayer la paralización del desalojo y exigieron una alternativa habitacional "real" antes de ejecutar la medida. Por su lado, el Ejecutivo autonómico asegura que el edificio se ha convertido en los últimos años en un espacio ocupado en el que conviven más de dos centenares de personas en condiciones que han generado preocupación tanto por la seguridad como por la salubridad.

En el pleno del Parlament, Fernández ha apoyado la iniciativa impulsada por el Ajuntament de Palma para proceder al desalojo del inmueble y ha defendido que se ha actuado ante una realidad que se ha prolongado en el tiempo sin una solución estructural. "¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no. Nada de esto es digno y no vamos a mirar hacia otro lado, estaremos al lado del ayuntamiento para solucionar esta situación", ha afirmado la consellera ante la pregunta del diputado del PSOE, Omar Lamin.

En este sentido, ha subrayado que el Govern ha seguido de cerca la evolución del caso y ha insistido en que la situación no puede abordarse únicamente desde el ámbito autonómico. Por ello, ha instado a la Delegación del Gobierno a implicarse de manera activa. A su juicio, la magnitud del problema exige coordinación entre administraciones y una respuesta conjunta que combine medidas sociales con actuaciones en materia de seguridad y extranjería, en los casos en que corresponda. Fernández ha defendido que se ha priorizado la atención a las personas vulnerables y que los servicios sociales han evaluado cada situación para ofrecer alternativas cuando ha sido posible.

La consellera ha remarcado que el desalojo no puede interpretarse únicamente como una medida coercitiva, sino como parte de un proceso más amplio para evitar asentamientos irregulares en inmuebles que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad. Fernández ha sostenido que se ha trabajado para evitar situaciones de desamparo y que se han coordinado recursos con el Ayuntamiento, aunque ha reiterado que la implicación del Estado resulta imprescindible en un contexto en el que confluyen factores sociales, migratorios y de orden público.

Por su parte, el diputado del PSIB-PSOE Omar Lamin ha acusado al Govern de "normalizar algo inaceptable como que una caravana sea una vivienda o que un descampado sea el lugar donde crecen menores" tras preguntar a la consellera Fernánde sobre su posición acerca del desalojo de 200 personas en la antigua prisión de Palma.

El diputado socialista ha asegurado que "cada vez hay más familias en Baleares que viven en infraviviendas o en tiendas de campaña" y ha criticado que el Ejecutivo de Marga Prohens por no fijar precios máximos a la venta y alquiler, "abrir la puerta a los especuladores", no ampliar el parque público y votar en contra de un "escudo social" para evitar desahucios.

El diputado socialista ha llegado a calificar de "racismo institucional" la forma de gobernar del PP en materia habitacional "para competir con Vox" y ha señalado que las personas que viven en la antigua cárcel de Palma lo hacen "no por gusto, sino por necesidad".

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