Deniegan el asilo a un colombiano en Palma que alegó que la guerrilla le perseguía

La Audiencia Nacional ha denegado el asilo a un ciudadano colombiano que llegó a Palma en el verano de 2021 y que alegó que era perseguido por un grupo armado. El hombre solicitó protección internacional en la Jefatura Superior de Policía, en Palma, el pasado 11 de agosto de 2021. Según su versión, su vida corría peligro por la guerrilla, ya que esta tenía el control por la cocaína en la zona donde vivía.

El ciudadano indicó que el grupo armado lo reclutó para realizar trabajos de mecánica en una finca donde estuvo durante un tiempo. Luego, volvieron a solicitar sus servicios y le obligaron a estar en la montaña, donde permaneció varios meses hasta que fue trasladado a un hospital debido a una dolencia. Mientras estaba ingresado en el centro hospitalario, aprovechó un descuido de su acompañante para escapar. Se marchó a Cali, pero también lo localizaron allí. Entonces, decidió vender todo lo que tenía para viajar a España.

El hombre llegó al aeropuerto de Madrid Barajas, procedente de Bogotá, el 26 de julio de 2021. Poco después, recaló en Mallorca, donde pidió asilo. Según manifestó ante la Policía Nacional, Colombia se encuentra en una situación de conflicto internacional o interno que provoca violencia indiscriminada amenazando la vida o la integridad física de la población civil. El afectado interpuso denuncia ante la policía de su país, pero le dijeron que no iban por esa zona.

El solicitante de asilo, pese a reconocer no ser perseguido en su país de origen por su raza, ideas religiosas, opiniones o manifestaciones políticas, por su pertenencia a un determinado grupo social o por sus preferencias sexuales, señaló que si volviera a Colombia lo “matarían” o le obligarían a trabajar para ellos. Su propósito era traer a sus hijos y familiares a residir en España. En un primer momento no tenía intención de pedir asilo, según aseguró, pero un amigo le dijo que fuera a la Cruz Roja a pedir ayuda y allí le informaron del procedimiento. El ciudadano reconoció también que no tenía ningún tipo de documentación para acreditar su declaración, ya que tuvo que salir corriendo del país.

Tras tramitarse el oportuno expediente, el Ministerio del Interior denegó el derecho de asilo y la protección subsidiaria a mediados de octubre de 2021. El hombre interpuso un recurso contencioso administrativo contra esta resolución interesando que se dejara sin efecto y se acordara su protección subsidiaria o se autorizara su residencia en España por motivos humanitarios. El tribunal de la Audiencia Nacional ha rechazado sus pretensiones al desestimar el recurso.

La primera resolución denegaba el asilo al argumentar que la guerrilla no había sido identificada y que el grupo armado que le perseguía “probablemente carece de finalidad política, ya que salvo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuya presencia en el territorio es limitada, los fines de estos grupos son delincuenciales”. No obstante, aun presuponiendo que el grupo perseguidor fuese el ELN habría que tener en cuenta que los objetivos generales del agente de persecución por sí solos no bastan para demostrar una persecución por motivos políticos. Así, como grupo armado ilegal, los hechos violentos cometidos por miembros del ELN podrían estar orientados a una finalidad meramente delictiva, sin estar necesariamente vinculados a un objetivo político primordial, según la resolución.

En el presente caso, no se observa una relación de causalidad entre la persecución y las opiniones políticas del solicitante. Según detalla la resolución de Interior, “la situación de inseguridad generalizada no constituye, por sí misma, un motivo de protección en el marco de la Convención de Ginebra”. En línea con el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha señalado que una situación así no puede ser suficiente, por sí sola y con desconexión de las circunstancias particulares de la persona actora, para el otorgamiento del estatuto de refugiado, pues, en caso contrario, este debería concederse a todas las personas que provinieran de dicho país. “Es necesario, por tanto, que el temor de la persona solicitante de ser perseguida esté basado en alguno de los motivos de persecución previstos en la Convención”, recalca la resolución.

Situación de posconflicto

“En el caso de Colombia, la información de país de origen muestra cómo la situación ha transitado de una situación de conflicto a una de posconflicto en la que los actos delincuenciales están desconectados de la lógica de la disputa del poder político”, agrega.

La sentencia descarta que la motivación de la persecución fuera por la raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Tampoco se debió a la pertenencia a un grupo social determinado. “No consta que el solicitante tenga un perfil de activista social y/o líder comunitario en su municipio de residencia”, según se desprende de la resolución. “Se trata, simplemente, de un acto de persecución motivado por fines ajenos a la Convención de Ginebra”, concluye la sentencia. Por tanto, no concurren los supuestos para el reconocimiento del estatuto de refugiado.

“Del relato del solicitante no se deduce la posibilidad de que sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen. Finalmente, no puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en Colombia”, añade la resolución, que descarta concederle la protección subsidiaria.

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