Baleares no limitará la compra de viviendas a no residentes: "Supondría una intervención excesiva sobre la propiedad privada"
PP y Vox tumban la ley de Més per Mallorca que pretendía establecer restricciones de carácter extraordinario en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado

BALEARES.-La firma de hipotecas sobre viviendas cayó casi un 6% en Baleares durante 2020

Baleares no limitará la compra de viviendas a no residentes frente a la emergencia habitacional después de que esta mañana PP y Vox hayan tumbado en el Parlament la ley propuesta por Més per Mallorca. Una iniciativa donde los ecosoberanistas planteaban la posibilidad de establecer restricciones de carácter extraordinario y temporal en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado y el acceso a un hogar en condiciones asequibles no esté garantizado para la población residente.
La medida central de la proposición establecía que, en los municipios que decidiesen aplicar la ley, solo podrían adquirir una vivienda quienes acreditaran una residencia habitual en Baleares de al menos tres años consecutivos, con independencia de su nacionalidad. La limitación no se planteaba por origen, sino por residencia efectiva.
"En estos últimos años, el 82,31% de las viviendas construidas no son primera residencia. En este mismo período, el precio de compra ha aumentado 6 veces más y el de alquiler 8 veces más que lo que han aumentado los salarios. Ahora mismo, para poder comprar una vivienda una familia de Baleares tiene que destinar 63,5 años del 30% de sus ingresos, mientras que la media estatal es de 29,5 años. Tardamos 34 años más en poder adquirir un piso. Y ante esto proponemos actuar", argumenta el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
"Especuladores"
Asimismo, Apesteguia ha cargado contra PP y Vox por su votación en contra de esta iniciativa. "Si votan que no, es porque no quieren priorizar que las viviendas sean para la gente que quiere vivir y desarrollar su proyecto de vida aquí. Quizá es que su patria es la especulación y sus compatriotas los especuladores. Lo veremos ahora mismo, y se lo aseguro: habrá votos que no tendrán una bandera lo suficientemente grande para tapar sus contradicciones", expresa el portavoz de los ecosoberanistas.
En el caso del PSIB-PSOE, la diputada socialista Carol Marqués ha apuntado que el debate pasaba por decidir si se garantiza el uso social de la vivienda y en contra de la especulación. "No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate", indica. La socialista critica que no se haya aceptado la toma en consideración y ha pedido al Govern que escuche todas las propuestas.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, destaca que la dependencia del turismo ha provocado efectos en todo el conjunto del mercado inmobiliario. "En Hawái viven en autocaravanas, así acabaremos viviendo en Baleares. El territorio es limitado y la demanda potencial ilimitada", destaca Castells.
PP y Vox, en contra
La toma en consideración de la propuesta de Més ha caído después de que PP y Vox hayan votado en contra. La diputada de los populares, Margalida Pocoví, ha defendido el rechazo de su grupo al considerar que "es jurídicamente inviable" a nivel estatal y europeo. "Son restricciones que no se pueden aplicar legalmente y vulneran derechos fundamentales. Es una propuesta inconstitucional y contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Baleares. No es eficaz, ni sólida ni jurídicamente, por eso votamos en contra", destaca Pocoví.
En el caso de Vox, su portavoz Manuela Cañadas critica que la normativa supone "una intervención excesiva a la propiedad privada" y no garantiza la prioridad para los residentes. "La proposición no ataca la compra masiva de capital extranjero, lo que hace es introducir una limitación al derecho de propiedad. No protege a los ciudadanos de aquí, introduce una intervención excesiva sobre la propiedad privada", determina Cañadas. Asimismo, los de Abascal recalcan que la proposición de ley es no resuelve el problema, sino que introduce un modelo de intervención que es "jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional".
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