Juicio a dos constructores de Mallorca por un fraude a la Seguridad Social de más de 120.000 euros

Dos constructores de la isla previsiblemente serán juzgados en Palma por un presunto fraude a la Seguridad Social de más de 120.000 euros entre 2014 y 2021. Los empresarios encausados, que son hermanos, supuestamente crearon sucesivas sociedades poniendo a otros administradores al frente cuando en realidad eran ellos quienes tenían el control, mientras iban acumulando deuda y utilizaban mecanismos de infracotización como dar de alta a obreros a tiempo parcial pese a que trabajaban a jornada completa.

Además, no llevaban ningún registro de jornada con el fin de evitar la comprobación correspondiente y trasladaban a sus empleados, equipos y maquinaria de una mercantil a otra para continuar con su actividad económica y sortear o dificultar la actuación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva.

Con el paso del tiempo, las empresas que constituyeron dejaron de rendir cuentas de forma anual ante el Registro Mercantil y de presentar las declaraciones correspondientes ante Hacienda, si bien los clientes declaraban la actividad mantenida con estas mercantiles y aportaban las facturas correspondientes, según la fiscalía.

Las sociedades investigadas también dejaron de ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) el importe de las cuotas obrera y empresarial generadas y otros conceptos cotizables, pese a que a los trabajadores se les pagaba sus nóminas mensualmente en efectivo, de las que se deducía el importe de las citadas cuotas, que incorporaban a su patrimonio los dos sospechosos, según la versión del ministerio público.

La fiscalía acusa a los dos constructores, de 51 y 48 años, de dos delitos contra la seguridad social por la defraudación cometida en dos periodos: en los ejercicios de 2014 a 2017 y entre los años 2018 y 2021. Para cada uno reclama una condena de seis años de prisión, multas de más de 360.000 euros y que indemnicen a la TGSS con 161.900 euros.

La acusación pública también pide que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años. Asimismo, solicita que ambos sean inhabilitados para ejercer en el ámbito de la construcción por un periodo de cuatro años.

Los dos hermanos encausados, defendidos por el abogado Tomeu Vidal, presuntamente utilizaron diversas sociedades dedicadas al negocio de la construcción en las que interponían a otras personas que aparecían como socios y administradores formales cuando en realidad eran ellos quienes las controlaban y llevaban la gestión personalmente en todos los ámbitos y actuaban como los verdaderos administradores de hecho.

Agosto de 2012

Según el ministerio público, el 27 de agosto de 2012 fue constituida la sociedad Europa Grupo Construcciones Consciente SL, con domicilio social en una calle del polígono de Son Castelló en Palma, si bien el local del negocio estaba situado en otra vía del mismo polígono industrial. Se nombró como administrador a un hombre, aunque desde 2014 figuraba como apoderado uno de los acusados, que estaba autorizado en la cuenta de la mercantil. La empresa fue dada de alta en la Seguridad Social en octubre de 2012. Pese a contar con diferentes administradores, la fiscalía subraya que los dos hermanos eran quienes la controlaban, impartían las instrucciones y las órdenes a los empleados y organizaban las tareas a desarrollar.

Durante su actividad empresarial y con la finalidad de reducir las cuotas correspondientes, dieron de alta en la Seguridad Social a 50 trabajadores. En concreto, en 2014 y 2015 declararon que 27 empleados prestaban servicios a tiempo parcial cuando en realidad estaban a jornada completa, según la acusación. Con este mecanismo conseguían la reducción de las cuotas de la Seguridad Social.

La TGSS inició un procedimiento sobre la empresa y entonces los sospechosos presuntamente urdieron un plan para dificultar la actuación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva. Así, como la primera empresa acumulaba deuda ante la Seguridad Social, en noviembre de 2014 constituyeron otra Top Hotel Project SL, cuyo administrador era otra persona, si bien uno de los acusados figuraba nuevamente como apoderado y como autorizado en las cuentas de la sociedad. En febrero de 2015, la mercantil fue dada de alta en la Seguridad Social y su domicilio social se fijó en el local empleado por la sociedad anterior, en el polígono de Son Castelló.

Según la fiscalía, las dos empresas simultaneaban sus actividades, pero, mientras la primera acumulaba deuda, la segunda facturaba y recibía los ingresos. Actuaba “de manera opaca” para evitar la vinculación entre ambas, como si fueran entidades diferentes, cuando realmente se estaba continuando con la misma actividad. La segunda sociedad también empezó a tener deudas con la Seguridad Social, pero en una cuantía inferior. Esta empresa también dio de alta a empleados a tiempo parcial, pese a que trabajaban a jornada completa. Utilizaba al personal de la primera mercantil al carecer de plantilla propia, según la acusación.

La TGSS finalmente vinculó a las dos empresas para que respondieran por las deudas. Entonces, los acusados en el periodo 2017- 2018 decidieron continuar con la misma estrategia con una tercera sociedad, Wood Concept Desing SL, siguiendo con la misma operativa y trasvase de empleados.

Cuando esta mercantil empezó a tener deudas, se constituyó en noviembre de 2020 la cuarta empresa, P&P Building Renovations SL, que ni siquiera fue dada de alta en la Seguridad Social al carecer de personal, según la fiscal.

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