Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca

Una magistrada de Palma ha condenado a nueve meses de prisión al conocido empresario Miguel Pascual Bibiloni, antiguo propietario de varios locales de ocio en la Playa de Palma, por un delito ecológico por haber talado un monte de su finca sa Bassa Plana, en Llucmajor, y haber causado la muerte de seis tortugas mediterráneas, una especie protegida, en febrero de 2021.

La jueza le ha impuesto también una multa de once meses con una cuota diaria de diez euros, le inhabilita durante un año y medio como vinicultor y le obliga a restaurar la zona forestal arrasada al considerarle autor de un delito contra los recursos naturales.

La sentencia, que no es firme y que ya ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares, destaca el daño “irreversible y muy grave” causado al medio ambiente tanto por la superficie afectada, 11,7 hectáreas, como por la flora y fauna perjudicadas. La tala abusiva de vegetación y roturar la tierra para convertir el suelo forestal en agrícola y destinarlo a viñedos supuso la destrucción del hábitat natural de numerosas especies protegidas como el milano real, la tortuga mediterránea y una especie de sapo que en España únicamente se localiza en Baleares (Bufotes balearicus) y que habitan en la Marina de Llucmajor.

La magistrada reprocha al empresario acusado, que fue absuelto hace dos años por la Audiencia de Palma en el caso Cursach por la presunta trama de corrupción policial, la “impunidad” de su actuación y la “grave desatención de la normativa aplicable”, ya que fue sancionado varias veces por la entonces conselleria de Medio Ambiente.

“No existen motivos para imponerle la pena mínima, ya que el autor había sido sancionado en repetidas ocasiones, no había llevado a cabo actividades de reparación a las que estaba obligado y había seguido actuando en contravención de la legislación, con grave riesgo de destrucción definitiva del hábitat natural de especies protegidas, la flora y la fauna del lugar, alcanzando a una gran y relevante extensión de terreno”, señala la resolución.

La jueza también ha condenado a la empresa Sa Bassa Plana SL, titular de la finca arrasada, de la que Pascual Bibiloni era el administrador único, a una pena de multa de diez meses a razón de 50 euros diarios y a la prohibición de realizar sus actividades como viñedo en la zona afectada por un plazo de cinco años. “Se estima un plazo prudencial pero no desproporcionado en que deberá abstenerse de llevar a cabo la actividad que se sitúa precisamente en el origen de la conducta infractora de la ley penal”, reconoce la sentencia.

Nunca restauró la zona

La magistrada recalca que el empresario encausado era consciente de que incumplía la legislación aplicable porque ya había sido sancionado administrativamente en numerosas ocasiones y conocía el tipo de suelo sobre el que los trabajos se practicaron, “en el que efectivamente flora y fauna específica y propia era protegida”. En este sentido, él “era sabedor de la ilegalidad de su actuación” y que estaba obligado a la restauración del medio dañado, cosa que no hizo.

Por otra parte, se ha acreditado que las actuaciones de roturación y eliminación de cubierta vegetal de la zona llevadas a cabo por el acusado no son susceptibles de autorización alguna al versar sobre una superficie forestal consolidada desde hace más de 30 años.

“Ello denota directa y claramente la existencia de dolo en el acusado, aunque se trate de dolo de consecuencias necesarias toda vez que, aunque no buscaba directamente la muerte de las tortugas mediterráneas protegidas ni de la flora y fauna afectadas por su acción, buscaba otra finalidad (la conversión del suelo a agrícola) con la que necesariamente debía destruirlos, por lo que lo aceptó”, concluye la jueza.

Según se declara probado en la sentencia, al menos desde 2016 en adelante, Miguel Pascual Bibiloni procedió a “la tala abusiva de la flora propia de la Marina de Llucmajor” para su transformación en uso agrario destinado a viñedos, siendo hábitat natural de especies protegidas como el milano real o la tortuga mediterránea, afectando a un total de 11,7 hectáreas de su finca de sa Bassa Plana entre los años 2019 y 2021. Todo ello lo llevó a cabo sin las correspondientes autorizaciones administrativas y a sabiendas de la ilegalidad de su actuación, ya que había sido sancionado por hechos similares en varios expedientes administrativos de la conselleria de Medio Ambiente, en los cuales se le obligaba a la restauración del medio dañado, de lo que hizo caso omiso.

Los trabajos de roturación en la finca provocaron la muerte de seis ejemplares de tortuga mediterránea, una especie protegida, el pasado 4 de febrero de 2021. Los animales fueron aplastados por una retroexcavadora que trabajaba en la zona. La Conselleria abrió dos expedientes administrativos, que concluyeron con un reconocimiento de culpa por parte del empresario y el pago de las correspondientes sanciones, al incumplir varias leyes medioambientales.

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