La UIB profundiza sobre los distintos puntos de vista de la sentencia contra el fiscal general del Estado

La facultad de Derecho de la UIB ha celebrado esta tarde un acto que ha consistido en un análisis jurídico de la polémica sentencia dictada por el Supremo, por la que se condena al entonces fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secreto. Una sentencia que ha provocado, además de una carga de profundidad en una de las instituciones más importantes del Estado, un intenso debate entre los juristas que defienden el contenido y la contundencia de la resolución judicial, frente a los otros expertos que mantienen que el fiscal general ha sido condenado sin una prueba sólida.

Para profundizar en este análisis, aunque sin ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo, en el salón de actos de la facultad se han enfrentado dos expertos en la materia penal. Por una parte, ha intervenido el catedrático de derecho procesal de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Chozas, y por otra, el catedrático emérito de la Universidad de Valencia, que dio clases en la UIB, Juan Carlos Carbonell. El primero ha defendido la condena dictada por el Supremo, mientras que el segundo sostiene que no se desvirtuado la presunción de inocencia sobre el fiscal, por lo que considera que la sentencia debió ser absolutoria. En este fuego cruzado de ideas se situó el catedrático de la UIB, Eduard Ramon, que actuó como moderador. El debate lo organizó la sección penal de la UIB, con el apoyo de la decana de la facultad.

El profesor Chozas arrancó su intervención destacando la gravedad del caso que supone juzgar por delito a un fiscal general del Estado, con el componente y la presión política y mediática que se crea y que afecta a los magistrados del Supremo. “Todo el mundo ha opinado y es difícil trabajar bajos estas condiciones de presión”, señaló. Aunque el profesor cree que el texto definitivo que dictó el tribunal siempre podría mejorarse, considera que la sentencia es “correcta y se limita a aplicar la ley”. Desmontó las críticas sobre la carencia de prueba directas que se ha venido alegando en la posición a favor de García Ortiz. “La prueba indiciaria es tan importante como la directa, porque ambas son pruebas”.

A juicio del catedrático de la Complutense, la condena aún debió ser más contundente y se debió aplicar un artículo del código penal que contempla pena de cárcel. “El tribunal, incluso, ha sido benévolo con el acusado”. Según su criterio, el fiscal actuó movido por un interés político, al interesarse por un tema fiscal que afectaba al novio de la presidenta Ayuso. “Actuó con mano miliitar exigiendo a sus subordinados que le facilitaran una información que era secreta y después se encargó de filtrarla a los medios de comunicación”. Y terminó su exposición criticando que el fiscal general hubiera realizado un borrado de sus mensajes, una actuación que también fue interpretada como un indicio más en su contra. “¿Qué inocente borra sus mensajes?", planteó el profesor.

No opinó lo mismo el catedrático emérito Juan Carlos Carbonell, que recordó que la presunción de inocencia sigue siendo un derecho fundamental. Criticó no solo el fallo, sino también la forma utilizada por el Tribunal Supremo para alcanzar el veredicto de culpabilidad.

Carbonell cuestionó que una misma Sala del Supremo pueda encargarse de instruir un caso y después juzgarlo, aunque sea con distintos magistrados, porque limita la capacidad de recurso. “Es un caso con una vinculación política evidente porque el acusado era el fiscal general del Estado, que tenía todo el derecho a no dimitir porque le protegía la presunción de inocencia”. También criticó la rapidez con la que los magistrados decidieron el fallo, que calificó de “deliberación expréss” y consideró que ante las discrepancias mostradas por dos de las juezas, se debió plasmar un relato alternativo en los hechos probados de la sentencia. “Existía una duda razonable y no aprecio en la sentencia una motivación suficiente en la valoración de la prueba. No se puede utilizar el derecho de un acusado a no contestar a una acusación para convertirlo en una prueba en su contra”, indicó.

Ambos profesores también se pronunciaron sobre el siguiente paso que afrontará este caso, que se situará en un recurso ante el Constitucional. El profesor Carbonell considera que el Constitucional merece todo el respeto, una situación en la que coincidió el otro profesor, aunque lamentó la politización de los componentes de este tribunal. “Los magistrados van con el carnet en la boca y es muy grave que las sentencias que van a dictar sean previsibles”

Suscríbete para seguir leyendo