Así es la ley que se debatirá en el Parlament para restringir la compra de vivienda a no residentes en Baleares

Més per Mallorca ha presentado esta mañana en Palma la proposición de ley que defenderá el próximo martes en el pleno del Parlament balear, una iniciativa registrada en 2024 que plantea habilitar a los municipios para restringir, de forma temporal y bajo determinadas condiciones, la compraventa de viviendas a no residentes, personas jurídicas y compradores de segunda residencia.

La propuesta, denominada Ley para la garantía del uso residencial de las viviendas y contra la especulación en las Islas Baleares, se enmarca en el debate sobre el acceso a la vivienda en el archipiélago y en la situación de crisisi habitacional que castiga a miles de ciudadanos. Según ha explicado el portavoz y líder de la formación, Lluís Apesteguía, el objetivo es garantizar que el parque residencial cumpla prioritariamente su función habitacional.

"Proponemos que cada familia tenga un hogar y que cada casa sirva para que viva una familia", ha afirmado durante su comparecencia.

Un marco que permite actuar a los ayuntamientos

La proposición no establece limitaciones generales para toda Baleares, sino que faculta a los ayuntamientos para aplicar restricciones en su término municipal. Para ello, los consistorios deberán acreditar previamente que concurren circunstancias objetivas que justifiquen la adopción de medidas excepcionales. Además, el proceso para aplicar las restricciones deberá pasar por una fase de exposición pública y tendrá que ser aprobado en el pleno por mayoría.

El texto fija diez indicadores destinados a evaluar si existe una situación de mercado residencial tensionado. Los municipios deberán cumplir al menos tres de estas condiciones para poder activar las restricciones. Entre los criterios recogidos figuran la evolución de los precios de compra y alquiler en relación con el IPC balear, el peso de la vivienda vacía o no principal, la relación entre precios y salarios o la desviación de los precios respecto a la media estatal.

Este sistema, según la propuesta, pretende garantizar que las limitaciones se apliquen únicamente en contextos acreditados y bajo parámetros medibles, adaptándose así a las exigencias europeas.

Tres tipos de restricciones posibles

En los municipios que cumplan los requisitos establecidos, los ayuntamientos podrán aplicar hasta tres medidas concretas. La primera contempla la limitación de la compra por parte de no residentes. En este punto, la explicación de la propuesta incluye un criterio de arraigo: la restricción afectaría a quienes no hayan residido en las islas durante los últimos tres años y no vayan a residir en los próximos diez, de modo que la compra se vincule a la voluntad de vivir en el territorio y no a un uso meramente inversor.

La segunda medida prevé restringir la compra a personas jurídicas, como empresas o fondos, y la tercera incorpora limitaciones ligadas a la adquisición para segunda residencia.Cada municipio podrá decidir si aplica una, dos o el conjunto de las restricciones previstas, en función de su situación específica.

Carácter temporal y evaluación

La proposición de ley define las restricciones como medidas excepcionales y temporales. El texto establece un plazo máximo de diez años, periodo durante el cual se evaluaría el impacto de las limitaciones para determinar su mantenimiento, modificación o retirada.

La evaluabilidad se incorpora como uno de los principios rectores de la norma, junto a la proporcionalidad y la no discriminación.

Argumentación jurídica en el marco europeo

Durante la presentación, Més per Mallorca ha defendido la viabilidad legal de la iniciativa en el ámbito de la Unión Europea. La formación sostiene que tanto el Tratado de Funcionamiento de la UE como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo contemplan la posibilidad de implantar restricciones al movimiento de capital vinculado a la adquisición de vivienda, siempre que se cumplan determinados requisitos. Entre estas condiciones figuran la existencia de razones imperiosas de interés general, la especificidad de las medidas, su proporcionalidad, la posibilidad de evaluación y la no discriminación.

La propuesta cita como precedentes territorios europeos donde ya se aplican limitaciones en la compra de inmuebles, como Dinamarca, Malta o las islas Åland.

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