El Govern impuso 280 sanciones medioambientales en 2024 pero descartó otros 251 casos en Baleares

El Govern impuso 280 sanciones por infracciones contra el medio ambiente en 2024, un centenar más que en 2022, pero descartó otros 251 casos al no existir infracción o bien al no ser de su competencia, por lo que fueron derivados a otras administraciones.

La mitad de los expedientes sancionadores de hace dos años (143) fueron por infracciones por asuntos forestales, como por ejemplo estacionar o circular por caminos y zonas forestales restringidas, realizar quemas o talar árboles sin la oportuna autorización. Este tipo de asuntos han experimentado un gran aumento en los últimos años, ya que en 2022 se impusieron 53 sanciones y en 2023, 65.

En 2024, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural también interpuso 128 multas por infringir la ley para la conservación de espacios de relevancia ambiental, la mayoría de las cuales fueron por fondear sobre la posidonia oceanica en espacios de relevancia ambiental o infracciones como navegar, bucear y pernoctar sin autorización en el Parque Natural de Cabrera o bien practicar la pesca recreativa en el Parque Natural de s’Albufera. En 2023, las sanciones por este tipo de caso ascendieron a 173 y en 2022, a 114.

Mientras, el grupo con menos expedientes sancionadores, nueve resueltos en 2024, frente a los 13 en 2023 o 12 en 2022, corresponde a infracciones contra el patrimonio natural y la biodiversidad como la muerte por electrocución de aves al posarse en tendidos eléctricos, la tenencia de especies de fauna y flora protegidas, así como la posesión o el comercio de especies incluidas en el catálogo español de animales exóticos invasores.

Precisamente, esta tipología de incumplimientos, en concreto los expedientes por aves electrocutadas, fueron objeto de investigación el pasado año por un juzgado de Palma, que finalmente archivó la causa. Una magistrada de la ciudad abrió diligencias contra el exconseller Miquel Mir (Més per Mallorca) y la antigua cúpula de Medio Ambiente del anterior Govern por presunta prevaricación por omisión por no tramitar las denuncias por aves que habían fallecido electrocutadas en líneas de alta tensión entre 2018 y 2022. Finalmente, la jueza cerró el caso el pasado mes de enero al concluir que no había indicios de dolo en su actuación. Un agente medioambiental había denunciado que decenas de actas levantadas no se tramitaban y acababan prescribiendo.

“Tras la instrucción practicada cabe concluir que no existen indicios de que la falta de tramitación obedezca a un proceder doloso de los investigados, sino a la propia complejidad administrativa, a la falta de personal y al aumento de expedientes administrativos”, destacó la magistrada en un reciente auto.

Refuerzan el servicio

El actual Govern, consciente de la causa judicial abierta, decidió reactivar la resolución de expedientes sancionadores por infracciones medioambientales para evitar que los asuntos caduquen. Por ello, reorganizaron la gestión administrativa y reforzaron el servicio de instructores, que han pasado de tres a cinco, gracias a la incorporación de dos personas más. Además, priorizaron las infracciones graves para que no prescribieran, según informaron ayer fuentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Así, según los datos facilitados por el organismo que dirige el conseller Joan Simonet, en 2022 se iniciaron 187 procedimientos, mientras que en 2023 fueron 306; en 2024, 371; y en 2025, 262. De estos expedientes iniciados, 179 acabaron en sanción en 2022; 251, en 2023; 280, en 2024; y en 2025, 67, si bien todavía quedan pendientes los que se están tramitando.

Respecto a los casos prescritos, la Conselleria subraya que ha logrado la prescripción cero en 2025, tras encontrarse en 2023, cuando llegaron al Govern, con más de 4.000 actas sin resolver en los cuatro años anteriores, lo que suponía que habían caducado el 75 por ciento de los expedientes.

Según su versión, consiguieron cerrar 2023 reduciendo el porcentaje de prescripciones al 57% y en 2024 las prescripciones supusieron el 20% de los expedientes, todos ellos de carácter leve. En 2025 ya no caducan los casos. Según indican desde la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, actualmente van al día y están resolviendo expedientes de julio de 2025. Por tanto, quedan 539 asuntos del pasado año por iniciar.

De los 644 procedimientos que prescribieron en 2022, se pasó a los 531 en 2023 y la cifra cayó a 162 en 2024 y a cero en 2025.

Por último, entre las últimas medidas de la Conselleria para agilizar los trámites y resolver más pronto los expedientes sancionadores, a excepción de las infracciones muy graves que tiene que resolver el Consell de Govern, el conseller Simonet ha delegado en la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal la resolución de procedimientos sancionadores referentes a la conservación de espacios de relevancia ambiental, según el BOIB del pasado 5 de febrero. Esta decisión ha sido criticada por algunos expertos, que han señalado que el poder sancionador se concentra en un mismo órgano administrativo, es decir el mismo órgano que inicia el procedimiento es el que acaba multando.

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