Inmobiliarias de Baleares rechazan limitar la compra de viviendas a no residentes
DM
La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha rechazado la propuesta que se debatirá la próxima semana en el Parlament autonómico para limitar la compra de vivienda a no residentes.
La entidad ha advertido en un comunicado del impacto económico y jurídico de esta medida, a la vez que ha pedido el desbloqueo del decreto ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) para impulsar unas 10.000 viviendas asequibles en Palma.
La asociación ha acusado al partido Més per Mallorca de "buscar titulares fáciles en lugar de soluciones reales al problema estructural de la vivienda en Baleares" y ha incidido en que adoptar restricciones para los compradores "no crea ni una sola vivienda más".
El presidente de Abini, Daniel Arenas, ha reconocido que la demanda de no residentes, incluidos residentes en la península, puede afectar a los precios, pero ha explicado que "no es, ni de lejos, el único factor", ya que el origen del problema radica en que durante 25 años no se ha incrementado la oferta al ritmo del crecimiento poblacional.
También ha alertado de que centrar el debate en limitar las opciones a los compradores desvía la atención del déficit de oferta acumulado.
Frenar el mercado no reduce la necesidad de vivienda
Además, la asociación ha alertado de que reducir la actividad inmobiliaria afectaría a todo el tejido vinculado a la construcción y rehabilitación en las islas, como los albañiles, arquitectos, aparejadores, ingenieros, promotores, notarías y despachos jurídicos, entre otros profesionales.
"Frenar el mercado no reduce la necesidad de vivienda. Simplemente paraliza actividad económica y empleo", ha aseverado Arenas, quien también ha cuestionado la viabilidad jurídica de limitar la compra por residencia o nacionalidad.
Como alternativa, la asociación ha pedido la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, que establece que el 50 % de las viviendas de nuevas urbanizaciones se destinen a residentes.
"Bloquear el decreto solo servirá para retrasar la salida de miles de viviendas asequibles al mercado. Baleares necesita más oferta, más seguridad jurídica y más gestión", ha recordado Arenas.
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