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Plataforma per la Llengua pide una ley balear contra la discriminación por usar el catalán

Plataforma per la Llengua pide al Govern balear una ley que proteja a los consumidores que usen el catalán, tras recibir 89 quejas lingüísticas en 2025, la mayoría en comercios y lugares públicos

«Las discriminaciones existen y, en este caso, están promovidas y aplaudidas por los discursos de odio de la extrema derecha»

Plataforma per la Llengua

Plataforma per la Llengua / Plataforma per la Llengua

Agencias

La entidad Plataforma per la Llengua ha pedido al Govern balear que impulse de forma urgente una ley autonómica que proteja a los consumidores que hagan uso del catalán «ante las vulneraciones de sus derechos», después de que en los últimos días hayan salido a la luz al menos cinco supuestos casos de discriminación lingüística.

En un comunicado difundido este miércoles, la plataforma ha asegurado que en 2025 recibió 89 quejas lingüísticas de usuarios de Baleares. La mayoría, según la entidad, hacían referencia a vulneraciones de los derechos de catalanohablantes en establecimientos comerciales y lugares de atención al público.

La organización ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «un compromiso firme de rechazo a las discriminaciones lingüísticas» y ha insistido en la necesidad de retomar el debate parlamentario para aprobar una normativa que garantice que los consumidores puedan ser atendidos en su lengua y queden protegidos ante cualquier discriminación por este motivo.

La petición se produce tras conocerse cinco posibles episodios de discriminación ocurridos entre diciembre de 2025 y febrero de este año por hablar en catalán en distintos establecimientos, que según la plataforma «están promovidas y aplaudidas por los discursos de odio de la extrema derecha».

Entre los casos denunciados figura el del Bar del Peix, donde un camarero expulsó a un grupo de amigas; el de una clienta en IKEA en Maó, que abandonó el establecimiento tras no ser atendida en catalán; o el de un donante en el Banc de Sang de Palma, donde un médico se negó inicialmente a entrevistarlo por dirigirse a él en esta lengua.

También se señala un incidente en MediaMarkt en Palma, donde a un cliente le habrían negado la atención y arrojado los objetos comprados, así como otro en el local de comida Pokatas, donde una clienta denunció que le negaron reiteradamente el servicio y posteriormente la agredieron verbalmente en la calle.

Aunque desde el Banc de Sang rectificaron y pidieron disculpas, la Plataforma considera que estos hechos evidencian que los consumidores en Baleares carecen de una ley específica que garantice el derecho a ser atendidos en catalán.

La entidad recuerda que la Ley de normalización lingüística de 1986 establece que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua oficial que utilice. Asimismo, subraya que la Ley de Comercio de 2001 —derogada posteriormente por el gobierno de José Ramón Bauzá— reconocía el derecho de los consumidores a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Baleares.

«Teníamos unos derechos garantizados y los queremos recuperar», concluye la organización.

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