Crónica | Un insulto de Vox eclipsa el debate sobre el coste de la vida en Baleares

El Parlament es un edificio sobrio donde tantas veces se abraza el barroquismo. Las palabras adquieren un volumen que quizá no tendrían en la calle. La Cámara tiene algo de teatro provincial con vocación nacional, con una acústica que amplifica tanto las ideas como los excesos.

La sesión comenzó con una cuestión aparentemente menor: el uso del patio en los colegios de Baleares. Cómo repartir el espacio del recreo para que el fútbol no lo ocupe todo. Es decir, un problema práctico. En las escuelas, el espacio es limitado y los niños tienden a organizarlo de forma espontánea.

Pero la diputada de Vox, Patricia de las Heras, convirtió el asunto en otra cosa e interpeló al conseller de Educación, Antoni Vera, y habló de "wokismo" y de "concejales empeñados" en decidir a qué juegan los niños. "No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos", afirmó en referencia a la izquierda, lo que provocó la inmediata protesta de los diputados de la oposición. El presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, admitió que estas palabras habían sido excesivas, pero fue incapaz de pedir a su compañera de partido que retirara las palabras.

Vera negó que el fútbol sea en sí mismo machista y recordó que lo practican niños y niñas. Puso como ejemplo a Cata Coll y Mariona Caldentey. Habló de valores como el trabajo en equipo, disciplina, cooperación. Introdujo una idea importante: la autonomía de los centros. Son los equipos directivos quienes deben organizar los espacios según las necesidades concretas.

Reducida la tensión, la vivienda tiene la virtud de devolver la política a la realidad porque todo el mundo conoce a alguien que no encuentra piso o paga un precio abusivo. La decisión del Govern de descartar la limitación de precios del alquiler, tras encargar un informe académico que desaconseja la medida, abrió un debate de una simplicidad aparente: intervenir o no intervenir.

En el centro apareció el dictamen de la Cátedra de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, dirigido por Sergio Nasarre y Santiago Ariste. El Govern lo presentó como un trabajo "riguroso y técnico". La oposición lo consideró un informe "a medida". La diputada Mercedes Garrido habló de encargo "a la carta" y cuestionó la neutralidad del autor, al que situó como referente de un "neoliberalismo" poco amigo de la regulación. También reprochó que no se hubiera acudido a la Universitat de les Illes Balears.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, defendió el documento y calificó de "vergonzosa" la descalificación del trabajo académico. Además, sostuvo que antes de adoptar decisiones conviene disponer de un diagnóstico basado en evidencia empírica. A partir de ahí, la discusión derivó hacia el terreno conocido: promesas incumplidas y reproches.

Aunque la discusión más concreta sobre el coste de la vida se dejó para el final. Una proposición de MÉS per Mallorca proponía medidas de amplio alcance: salario mínimo propio, IVA reducido, refuerzo de prestaciones, control de precios básicos. La mayoría de estas iniciativas no prosperó. En cambio, salieron adelante propuestas más técnicas: instar a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, adaptar el Plan Estatal de Vivienda, reforzar el análisis de precios y la inspección laboral, ampliar progresivamente la gratuidad de 0 a 3 años y garantizar el comedor para familias vulnerables. Las medidas que requieren estudio y gestión avanzan con mayor facilidad que las que implican cambios estructurales.

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