Choque entre Govern y PSOE por el informe que desaconseja limitar el precio del alquiler en Baleares
La diputada Mercedes Garrido señala directamente a Sergio Nasarre, al que califica como "gurú del liberalismo más salvaje en España", cuestionando su imparcialidad por su "conocida oposición" a la regulación de precios
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, tilda de "vergonzosa" la descalificación del trabajo académico y defiende la solvencia del estudio
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, en el Parlament. / B. Ramon
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El Parlament balear vuelve a convertirse en un campo de batalla político con la vivienda como telón de fondo. La decisión del Govern de Marga Prohens de descartar la limitación de precios del alquiler, tras encargar un informe académico que desaconseja la medida, desató un duro enfrentamiento con el PSOE.
En el centro de la controversia, un dictamen elaborado por la Cátedra de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili, bajo la dirección del catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, junto al profesor Santiago Ariste. El estudio concluye que la intervención en el mercado del alquiler resulta contraproducente y puede agravar las dificultades de acceso a la vivienda. El Govern lo considera un diagnóstico "riguroso y técnico" mientras que la oposición lo tacha de "informe a medida".
La ofensiva del PSOE
La diputada socialista Mercedes Garrido eleva el tono desde su escaño y acusa al Ejecutivo autonómico de haber encargado un informe "a la carta" para justificar su negativa a aplicar el tope al alquiler previsto en la Ley estatal de Vivienda.
Garrido señala directamente a Sergio Nasarre, al que califica como "gurú del liberalismo más salvaje en España", cuestionando su imparcialidad por su "conocida oposición" a la regulación de precios. También reprocha al Govern no haber solicitado asesoramiento a expertos de la Universitat de les Illes Balears, sugiriendo que la elección del encargo no fue casual, sino ideológica.
"En lugar de aportar soluciones a la falta de vivienda, que es su obligación, se dedica a encargar dictámenes para que le den la razón", censura. Para la diputada socialista, el documento carece de credibilidad y responde a una estrategia política más que a un análisis neutral.
La defensa del Govern
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, responde con contundencia al tildar de "vergonzosa" la descalificación del trabajo académico y defiende la solvencia del informe, apoyado "en 206 estudios internacionales" que analizan los efectos de la intervención en el mercado del alquiler.
Mateo asegura que el objetivo del encargo era disponer de un diagnóstico basado en evidencia empírica antes de adoptar decisiones en Baleares. "¿Quién se cree que es usted para cuestionarlo?", reprocha a Garrido.
El conseller contraataca además en el terreno político, recordando la promesa incumplida del anterior Govern de construir 14.000 viviendas asequibles y aludiendo a la compra de mascarillas "fake" que, según afirma, acabaron almacenadas sin uso.
El precedente catalán
El informe que ha servido de base para la decisión del Govern analiza la experiencia de Cataluña, primera comunidad en aplicar el control de rentas al amparo de la Ley estatal de Vivienda. Según el estudio, durante el primer año de vigencia de la regulación la oferta de alquiler residencial se redujo un 20%.
Esa contracción, sostiene el documento, provocó un aumento inmediato de la presión sobre las viviendas disponibles. En Barcelona, el número de personas interesadas en un inmueble durante los diez primeros días desde su publicación habría pasado de 101 antes de la regulación a 437 un año después. Para el Ejecutivo balear, esta cifra evidencia que la limitación no alivia la tensión del mercado, sino que intensifica la competencia entre demandantes.
Un debate abierto
El choque político refleja un debate de fondo: hasta qué punto la intervención pública en los precios puede corregir las disfunciones de un mercado tensionado sin provocar efectos adversos sobre la oferta. Mientras el Govern se apoya en este informe de la Universitat Rovira i Virgili para descartar la medida, el PSOE insiste en que la regulación es una herramienta necesaria para garantizar el derecho a la vivienda en un archipiélago marcado por la presión turística y la escasez de parque residencial.
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