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Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes

La propuesta de Més detalla que quienes adquieran una vivienda al amparo de esta norma estarán obligados a mantener en ella su residencia efectiva durante al menos diez años y no podrán destinarla a alquiler turístico

También se prohibiría la compra de inmuebles por parte de personas jurídicas

Una inmobiliaria en Palma.

DM

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Parlament balear debatirá la próxima semana la proposición de ley registrada en 2024 por Més per Mallorca para limitar la compra de viviendas a no residentes en las islas, una iniciativa que abre un debate de fondo sobre el acceso a la vivienda y el modelo territorial en el archipiélago, si bien la opción más probable es que no salga adelante porque el PP y Vox ya han confirmado que votarán en contra de la propuesta.

La iniciativa, bajo el título de ley para la garantía del uso residencial de las viviendas y contra la especulación en las Illes Balears, plantea la posibilidad de establecer restricciones de carácter extraordinario y temporal en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado y el acceso a un hogar en condiciones asequibles no esté garantizado para la población residente.

El texto parte de un diagnóstico contundente sobre la situación de la vivienda en Baleares. Según los datos recogidos en la exposición de motivos, el precio medio de compraventa ha aumentado en torno a un 30% en los últimos cinco años y el alquiler lo ha hecho cerca de un 40%, con un precio por metro cuadrado que prácticamente se ha duplicado desde 2015.

La iniciativa subraya además que Baleares es la comunidad con el índice de precios más alto del Estado y la que registra un mayor porcentaje de compraventas realizadas por no residentes, que alcanza el 25%. A ello se suma un esfuerzo de compra muy superior a la media nacional y un elevado número de viviendas vacías y segundas residencias.

La medida central de la proposición establece que, en los municipios que decidan aplicar la ley, solo podrán adquirir una vivienda quienes acrediten una residencia habitual en Baleares de al menos tres años consecutivos, con independencia de su nacionalidad. La limitación no se plantea por origen, sino por residencia efectiva.

Personas jurídicas

Además, se prohíbe la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, salvo en el caso de administraciones públicas que actúen en el marco de políticas de vivienda, y se impide también la adquisición a residentes que ya sean propietarios de otra vivienda en España o en su país de origen. Las operaciones que incumplan estas condiciones serían nulas y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad.

La ley no se aplicaría automáticamente en todo el archipiélago. Serían los ayuntamientos quienes, mediante acuerdo del pleno por mayoría absoluta, podrían activar una o varias de las medidas previstas, siempre que acrediten la existencia de una situación de fuerte tensión del mercado, como subidas de precios por encima del IPC, altos porcentajes de viviendas vacías o secundarias, una elevada carga hipotecaria o precios claramente superiores a la media estatal. Las restricciones tendrían una duración de diez años, prorrogables, y podrían levantarse antes si se demuestra que el mercado ha recuperado el equilibrio.

Moratoria

El texto incluye además una moratoria general de doce meses desde la entrada en vigor de la ley para que los consistorios estudien si aplican las medidas. Quienes adquieran una vivienda al amparo de esta norma estarán obligados a mantener en ella su residencia efectiva durante al menos diez años y no podrán destinarla a alquiler turístico ni cambiar su uso en ese periodo. La iniciativa prevé mecanismos de control y un régimen sancionador que contempla multas que pueden alcanzar hasta el 25% del valor de la operación en los casos más graves.

La proposición reconoce que la limitación de la compra por parte de no residentes puede entrar en tensión con el principio de libre circulación de capitales en la Unión Europea, pero defiende que la medida estaría justificada por razones de interés general vinculadas al derecho a la vivienda y a la cohesión social. El debate parlamentario se produce en un contexto de fuerte presión social por el acceso a la vivienda en Baleares y promete convertirse en uno de los principales focos de confrontación política de las próximas semanas.

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