La Sindicatura de Comptes avisó al Govern de que ponía medios "totalmente insuficientes" para controlar las ayudas covid

El departamento del Govern encargado de desarrollar los controles sobre las ayudas que se concedieron a las empresas de Baleares ante la covid "solo dispone de dos personas asignadas a esta labor de revisión, lo que atendiendo a la dimensión de esta convocatoria, con 10.560 beneficiarios, es totalmente insuficiente para poder realizar las liquidaciones de estas subvenciones en el término de cuatro años fijado por la normativa". Así de tajante fue la Sindicatura de Comptes en el informe que realizó en relación con el trabajo realizado en 2024, lo que explica también que ahora el Ejecutivo autonómico se haya visto obligado a contratar con la máxima celeridad a más de 40 técnicos para reforzar esa vigilancia.

Tal y como recuerda la Sindicatura en ese mismo informe, en junio del presente año "se debe de haber producido la liquidación definitiva de todos los expedientes", ya que esa fecha "acaba la responsabilidad de los beneficiarios" en el caso de no haber cumplido las condiciones que se fijaron para el reparto de un total de 860 millones de euros, lo que en el caso de demostrarse deficiencias podría hacer que fuera la Administración balear la que incurriera en responsabilidades, teniendo en cuenta que se trata de unos fondos que aportó el Estado. El retraso que se estaba acumulando en esta labor explica la citada ampliación de personal.

Riesgo de errores

También se avisó desde el citado organismo de control que el departamento de Empresa, Autónomos y Comercio, del que Alejandro Sáenz de San Pedro es conseller, "no dispone de una herramienta informática adecuada y realiza un seguimiento y un control manual de las revisiones de las justificaciones efectuadas mediante una hoja de Excel, cosa que puede dar lugar a errores tanto en la introducción de los datos como en los criterios empleados para clasificar el estado de revisión del expediente, y producir incongruencias".

Se añadió que "no hay una previsión temporal en las actuaciones ni en la obtención de resultados, seguramente debido al hecho que no se establecen muestras porque se pretenden revisar todos los expedientes, y debido a que no se ha efectuado una asignación de personal suficiente para realizar esta labor". Por ello, se lanzó la advertencia de que "esta falta de previsión temporal en el proceso de liquidación podría llevar al hecho de que no se pudiera realizar en el término de cuatro años que se recoge en la normativa de subvenciones, periodo a partir del cual las incidencias y los potenciales reintegros quedarían sin efecto".

Problema en grupos empresariales

Se admitió que uno de los problemas que retrasaron las labores de revisión han sido "las irregularidades detectadas en diversos informes de auditoría respecto a la composición de los pagos de deudas y gastos elegibles, fundamentalmente a empresas de un mismo grupo, debido a las incoherencias" en esa definición de grupo empresarial, aunque esta se aclaró en una instrucción conjunta que, todavía con el anterior Govern de Francina Armengol en funciones, dictaron el interventor general de la Comunitat Autònoma y el director general de Promoción Económica.

Hay que recordar que el concepto de grupo empresarial que se aplicó está generando quejas entre los asesores y dando pie a la presentación de recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), como el protagonizado por el Grupo Cappuccino, al que se reclama que devuelva 3,6 millones de euros que en su momento recibió en concepto de las citadas ayudas.

La instrucción conjunta del anterior Govern al que se hace referencia fija la actuación de la Administración autonómica en el caso de que esas subvenciones se hayan destinado al pago de deudas entre sociedades de un mismo grupo y la documentación que se debe de presentar en relación con esta materia para aquellos casos en los que la ayuda recibida alcance o supere los 600.000 euros.

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