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Vivienda

Proyectos para más de un millar de pisos sufren un nuevo atasco en el Govern

Los promotores lamentan que la Dirección General de Recursos Hídricos se haya convertido en un cuello de botella

Afirman que hay «voluntad política» de arreglarlo pero que el problema es «técnico»

Los promotores lamentan el bloqueo que se da en la tramitación de viviends de nueva construcción.

Los promotores lamentan el bloqueo que se da en la tramitación de viviends de nueva construcción. / G. Bosch

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

Proyectos para la edificación de más de un millar de viviendas se encuentran actualmente ‘atascados’ en la Administración balear, según lamenta el presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de las islas (Proinba), Oscar Carreras. El embudo que años atrás existía en la comisión balear de Medio Ambiente y que finalmente se corrigió, se produce ahora en el citado departamento de la conselleria del Mar, con la paralización de numerosas iniciativas destinadas a la construcción residencial.

El problema, apunta Carreras, se sustenta en la interpretación sobre las capacidades de los recursos existentes, y está afectando a suelos urbanos consolidados.

Informes técnicos

Así, se cuestiona la posibilidad de depurar aguas o de conseguir el suministro de la potable, cuando el problema radica en que está en construcción una depuradora cuyas obras concluirán antes de que la edificación de las citadas viviendas haya concluido por lo que en la realidad no se va a dar ninguna carencia en esta materia, o en que hay concesiones de suministro que han caducado y se trata solo de renovarlas.

Oscar Carreras, presidente de Proinba

Oscar Carreras, presidente de Proinba / M. Mielniezuk

Eso genera unos informes técnicos negativos que frenan la tramitación de licencias en los Ayuntamientos, aunque el presidente de los promotores insiste en que el problema nace de la Administración autonómica y no de la local en esta materia.

Como ejemplo, se señala que entre los proyectos que se encuentran paralizados en Recursos Hídricos aparece el de Son Bordoy, donde están previstas 750 viviendas de las que la mitad tienen que ser de precio limitado y de protección oficial, más asequibles que las del mercado libre. Y ello pese a que se trata de una reserva estratégica de suelo creada de la mano de la denominada Ley Carbonero aprobada durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich como presidente del Govern.

Sobre este punto, Carreras hace hincapié que entre los inmuebles cuya edificación se ve frenada aparecen también los que se impulsan con unas condiciones que buscan que sean más asequibles para los residentes, como los citados de precio limitado, que van exclusivamente dirigidos a las personas que llevan años viviendo en las islas.

Entre los municipios en los que se está viviendo este problema se destaca el caso de Palma, pero se señala que se están dando situaciones similares en Llucmajor, Marratxí o Campos, por citar algunos ejemplos.

Oscar Carreras afirma que se han mantenido contactos con los responsables de las conselleries de Vivienda y del Agua para abordar esta cuestión, y reconoce que hay «voluntad política» de intentar solventarla, pero insiste en que el origen es técnico y se vincula a la interpretación que hacen los funcionarios del citado departamento autonómico.

Un punto en el que se insiste es que este ‘atasco’ se produce en un momento en el que existe una crisis residencial en Baleares y en que el Govern ha encadenado diferentes medidas que se plantean como un intento de agilizar la salida al mercado de nuevas viviendas.

Los promotores recuerdan la crisis residencial de Baleares

Los promotores recuerdan la crisis residencial de Baleares / G. Bosch

Cúmulo de demoras

Este problema hace que las demoras a la hora de activar la inversión en materia de vivienda se multipliquen, dado que también hay notables retrasos en muchos Ayuntamientos a la hora de tramitar las licencias para poner en marcha proyectos de edificación residencial.

Sobre este punto, recuerda que la autorización de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) para que ayuden a los Consistorios a agilizar la tramitación de licencias está dando sus primeros pasos (por ejemplo, funcionan ya en Manacor, un municipio en el que se aplican las medidas del Govern, como la conversión de locales en viviendas), pero existen Ayuntamientos que siguen mostrando resistencias a abrir esa vía al tratarse de una novedad.

Además, indica que estas entidades no pueden intervenir en problemas como en los informes que se reclaman a la Dirección General de Recursos Hídricos.

Falta de agilidad

De este modo, la falta de agilidad de las Administraciones públicas del archipiélago a la hora de dar luz verde a los proyectos para la construcción de viviendas sigue siendo un problema al que se enfrenta el sector, pese a que desde el Ejecutivo balear también se han ido dando pasos para intentar paliar estas situaciones.

En su momento, desde el sector promotor ya se afirmó que el Govern había diseñado un ‘ferrari’ para hacer que los trámites se pudieran formalizar con mayor rapidez, pero que la ‘gasolina’ para que éste funcione quedaba en manos de Administraciones locales que no siempre eran partidarias de esas medidas. Sin embargo, en este nuevo problema detectado el origen está en un departamento autonómico.

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