Piden cinco años de cárcel a una empleada de banca por apropiarse de 312.600 euros de clientes en sa Pobla

La fiscalía reclama una condena de cinco años de prisión para una empleada de banca por presuntamente apropiarse de más de 300.000 euros de clientes de una sucursal de sa Pobla entre 2010 y 2014.

La sospechosa, española de 54 años que carece de antecedentes penales, supuestamente realizó multitud de reintegros en efectivo y traspasos a su cuenta sin el conocimiento ni consentimiento de las víctimas. En ocasiones, incluso ella misma firmaba las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo las operaciones bancarias, mientras que otras veces no dejaba constancia documental. Actuaba presuntamente desde su terminal de trabajo, si bien en otras ocasiones operaba desde los ordenadores de otros empleados, compañeros que se encontraban ausentes.

El ministerio público cifra las cantidades defraudadas en cuatro años en 312.656 euros. La mayoría de la decena de perjudicados fueron resarcidos por la entidad bancaria en la que trabajaba la encausada, que les abonó el dinero que había desaparecido de sus cuentas.

La Audiencia de Palma tenía previsto celebrar ayer por la mañana la vista previa contra la acusada, pero se pospuso al no haber podido alcanzarse un acuerdo entre las partes. La sospechosa compareció en el Palacio de Justicia, pero no llegó a entrar en la sala de la Sección Primera. El tribunal ha señalado para los próximos días una nueva fecha para otra vista previa.

El fiscal considera a la antigua trabajadora de banco autora responsable de un delito de apropiación indebida en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil. De forma alternativa, la acusa de un delito de estafa en concurso con falsedad documental continuada. Además de los cinco años de cárcel, solicita para ella una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros y, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la entidad bancaria con más de 294.900 euros por los fondos sustraídos que fueron devueltos a los clientes perjudicados.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la entidad financiera, pide también cinco años de prisión y una compensación de casi 350.000 euros. Ayer no se pudo formalizar un acuerdo, pero las partes personadas en el procedimiento continúan con las negociaciones.

Según la versión de la fiscalía, entre enero de 2010 y abril de 2014 la sospechosa trabajaba como empleada de banca en una sucursal de sa Pobla. En ese periodo, la mujer, con “ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito”, aprovechando las funciones que desempeñaba en la entidad y que debido a ellas tenía bajo su custodia y administración los fondos de los clientes de la entidad, se apoderó de distintas cantidades de dinero procedentes de estos fondos, según la acusación pública.

En concreto, la encausada presuntamente realizaba disposiciones de efectivo de las cuentas de los perjudicados sin su conocimiento ni consentimiento, o bien traspasaba dinero de las cuentas de los afectados a la suya propia. A veces firmaba ella misma las autorizaciones de reintegro y otras, dejaba el justificante sin firmar y no dejaba constancia documental de los reintegros ni de los traspasos. Con este ‘modus operandi’ logró hacerse con 312.656 euros, según el fiscal.

Casi 150.000 euros a una familia

Por ejemplo, de las cuentas de una clienta de la sucursal y su familia, supuestamente realizó 72 reintegros por una cuantía total de 146.462 euros entre los años 2010 y 2014. La sospechosa extraía entre mil y 8.590 euros. Parte del dinero fue abonado a las cuentas de la acusada, según el ministerio público, que desconoce el destino que ella dio a las restantes cuantías. En 18 de las órdenes de reintegro, la encausada “estampó mendazmente la firma” de los titulares de la cuenta e igualmente estampó mendazmente la firma de la perjudicada en la ficha interna digitalizada de la clienta en la entidad bancaria, según la acusación. Además, para evitar ser descubierta y que la afectada detectara las irregularidades, excluyó los depósitos de la clienta del servicio de internet.

De la cuenta de otros dos perjudicados, presuntamente se apropió de 1.900 euros en 2013. Mientras, entre 2010 y 2014, de las cuentas de otra mujer realizó 38 reintegros por valor de más de 59.000 euros al extraer entre mil y tres mil euros cada vez. En quince de las órdenes de reintegro, supuestamente estampó mendazmente la firma de la titular de la cuenta.

Otro perjudicado perdió 24.951 euros en solo cuatro meses en 2012 en catorce reintegros y otros clientes, 49.530 euros en 31 extracciones entre 2010 y 2014, según la fiscalía.

Suscríbete para seguir leyendo