Pandemia
Quejas porque controles del Govern a las empresas que tuvieron ayudas covid son "a machete"
Se acusa al Ejecutivo del PP de no aplicar el principio de proporcionalidad y de poner en peligro la viabilidad de compañías y empleos
Se exige a un hotelero que devuelva medio millón de euros porque uso los fondos públicos para saldar una deuda con retraso respecto al plazo fijado
La presidenta Marga Prohens y a la derecha el conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro / G. Bosch
El Govern ha entrado "a machete" a la hora de controlar a las empresas que recibieron ayudas para reducir el impacto de la pandemia, hasta el punto de poner en peligro la viabilidad de algunas de estas compañías y de los puestos de trabajo que generan, según afirma Alejandro del Campo Jiménez, abogado del despacho DMS Legal. Este asesor, que defiende que se vigile el uso que se hace de las ayudas públicas, cuestiona sin embargo la forma en la que el Ejecutivo del PP está desarrollando este trabajo, y lo acusa de saltarse la Ley General de Subvenciones y el principio de proporcionalidad contemplado en la misma.
Del Campo apunta que está queja está siendo generalizada entre los despachos que representan a los afectados, lo que además está provocando la acumulación de recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo de Marga Prohens ha contratado a unas 40 personas para reforzar esta vigilancia ante el retraso que acumulaban estos controles, cuando durante el próximo mes de junio concluye el plazo para completar este trabajo, ante el riesgo de una reclamación estatal o europea para que se devuelvan las cantidades que no han sido adecuadamente justificadas.
Hay que recordar que este reparto de ayudas económicas impulsado por el anterior Govern de Francina Armengol buscaba dotar de liquidez a las empresas tras el desplome de su actividad generado por las restricciones de la pandemia, con el fin de que pagaran sus deudas con terceros, como proveedores, y generar así un efecto dominó que permitiera dinamizar la economía. Para ello se movilizaron 860 millones de euros procedentes del Estado. Sin embargo, se fijaban condiciones que debían de ser cumplidas por los beneficiarios.
Los afectados están presentando contensiosos ante el TSJB / G. Bosch
Principio de proporcionalidad
Este abogado considera que el problema no radica en el fondo, que es la vigilancia del buen uso de fondos públicos, sino en la forma en la que esta se está realizando, y que en su opinión está dando lugar a situaciones inaceptables.
Como uno de los ejemplos más claros, señala entre sus representados a un hotelero al que se le concedieron 390.000 euros. Una de las exigencias del Govern era que el pago de esas deudas se produjera en un plazo de dos meses, y esta persona pagó un crédito que tenía pendiente con unos 100 días de retraso, aunque cumplió el objetivo fijado por el anterior Ejecutivo autonómico.
La desagradable sorpresa ha sido comprobar que por ese incumplimiento en los plazos se le reclama ahora no solo que devuelva la totalidad de la ayuda, sino 105.000 euros más en concepto de intereses de demora, lo que le supone un desembolso de medio millón de euros.
Del Campo afirma que su cliente ha señalado que si finalmente tiene que pagar esa cantidad, este verano no podrá abrir su establecimiento, con la pérdida de una treintena de empleos.
Alejandro del Campo Jiménez, abogado de DMS Legal / DMS
Y todo ello, añade, por no aplicar el principio de proporcionalidad, que mide la sanción dependiendo del daño que se causa a la Administración, y que en este caso se señala como inexistente, ya que se usó el dinero para el objetivo que se buscaba aunque fuera con algunas semanas de retraso.
Problema con los grupos
Otro aspecto que está generando tensiones es que el Govern estipuló que los fondos concedidos no podían servir para pagar deudas entre empresas de un mismo grupo, una decisión que no se aplicó en otras autonomías. Aunque en el artículo en cuestión no lo especifica, en el resto de la orden habla de 'grupos fiscales', como puede ser el de la matriz y sus filiales.
Uno de los casos que se cuestionan, y que ha dado pie a la presentación de recurso ante el TSJB, es el de dos empresas que tienen como propietario mayoritario a una misma persona física, pero en las que no existe participación de una en la otra. En plena pandemia se cubrieron las deudas con proveedores de una con un préstamo conseguido por la otra, que se saldó con el dinero público, lo que además supuso cumplir con el objetivo que se fijó para las citadas ayudas.
Sin embargo, desde el Govern se considera que se ha producido un pago dentro de un mismo grupo empresarial y se exige la devolución de los 91.000 euros de la ayuda más 14.000 como intereses de demora.
En otro caso de características similares se exige el retorno de casi 200.000 euros.
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