Rebajan las medidas cautelares al dueño del Medusa, acusado del derrumbe mortal en s’Arenal

Un magistrado de Palma ha rebajado las medidas cautelares personales al dueño del Medusa Beach Club, acusado del derrumbe del establecimiento de s’Arenal en el que fallecieron cuatro personas y otra quincena resultaron heridas el pasado 23 de mayo de 2024 al desplomarse la terraza del local.

El encausado, el empresario austriaco Christian Arnsteiner, afincado en Mallorca desde los años noventa, deberá comparecer en los juzgados de forma trimestral, en vez de mensualmente, como estaba obligado hasta finales de 2025.

El juez que instruye el voluminoso procedimiento en el que figura investigado el propietario del negocio por cuatro homicidios imprudentes y varios delitos más de lesiones imprudentes ha modificado el auto dictado el pasado 26 de junio de 2024, cuando la Policía Nacional detuvo al empresario, y ha acordado que comparezca los días 1 de cada tres meses, en vez de cada mes. El resto de medidas cautelares que pesaban sobre él, como la retirada del pasaporte, se mantienen, sin perjuicio de que por su actuación profesional o causas personales pueda interesar la necesidad de abandonar el territorio nacional.

El magistrado ha atendido la solicitud de la defensa de Christian Arnsteiner, que pidió el pasado mes de diciembre que se modificaran las medidas cautelares personales. La fiscalía también se pronunció al respecto. El auto dictado detalla que es procedente modificar la situación personal del investigado, “solo y exclusivamente en lo relativo a las comparecencias apud-acta”, que pasan a ser una vez cada tres meses.

Declaró ante el juez

El dueño del Medusa Beach Club prestó declaración judicial a mediados de noviembre de 2025, cuando aseguró que “desconocía que hubiera irregularidades” con las obras efectuadas en la terraza en 2013 y con la inspección del edificio. Según su versión, ni su antiguo socio ni la propiedad del inmueble le informaron de que las obras realizadas no tenían licencia ni tampoco que la inspección técnica de la finca era desfavorable. El empresario indicó que se enteró de todo ello después de la tragedia. Insistió en que creía que todo estaba correcto.

Además, señaló que el ayuntamiento de Palma realizaba múltiples y rutinarias inspecciones en el establecimiento por ruidos y el horario de cierre y nunca le dijeron nada sobre la licencia de obra ni sobre la actividad de la terraza, que era “perfectamente visible” desde la calle desde que se realizaron las obras en 2013.

Arnsteiner el pasado noviembre consignó 250.000 euros a título personal, sin condicionantes, para que fueran entregados a los perjudicados, a los familiares de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas en el derrumbe de 2024 para contribuir en la atención de los perjuicios sufridos.

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