Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables

Un total de 66 obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros quedaron desiertas durante el pasado año al no querer ejecutarlas ninguna empresa constructora en las condiciones impuestas por las diferentes Administraciones de las islas, principalmente porque el presupuesto que se les asignaba era tan bajo que podía conllevar pérdidas económicas, pero también porque el plazo que se fijaba para hacerlas resultaba inasumible, según los datos facilitados por la asociación balear de constructores. Con el factor adicional de que algunas de estas actuaciones están financiadas con fondos europeos, que pueden perderse en el caso de no realizarse a tiempo, a lo que se suma que hay proyectos relacionados con infraestructuras tan importantes como colegios, juzgados o carreteras.

La directora general de esta patronal, Sandra Verger, lamenta que un problema que comenzó a registrarse tras la covid, siga sin corregirse en numerosos proyectos de obra pública, y ello a pesar de que «ya no hay excusa» porque los costes de los materiales, pese a seguir aumentando, están ya mucho más estabilizados. De este modo, considera que en estos momentos no debería de ser difícil elaborar un presupuesto mucho más ajustado a la realidad.

Verger reconoce que estas situaciones tienden a reducirse, pero siguen alcanzando un volumen importante pese a que deberían de ser «anecdóticas como antes de la pandemia». Ello a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público contempla que los precios deben de estar actualizados, pero las revisiones extraordinarias de los mismos por parte de las Administraciones han tenido una incidencia muy baja, teniendo que llegar en ocasiones a los Tribunales.

Valor de las obras

Los datos confirman la valoración de los constructores. Como se ha indicado, durante el pasado año 66 obras públicas del archipiélago por valor de 54 millones de euros no encontraron en primera instancia ninguna empresa constructora que quisiera realizarlas.

De ellas, 42 proyectos corresponden a Mallorca, por un valor de 27 millones. Eso supone que, como media, cada mes quedaron desiertos 3,5 proyectos en la isla y se congeló una inversión de 2,2 millones de euros.

Un aspecto que se destaca desde la citada organización empresarial es que cuando la Administración correspondiente decide volver a sacar la obra a licitación, pero elevando el presupuesto asignado, entonces en muchos casos sí aparece alguien dispuesto a hacerla. «No se trata de que las empresas tengan mucho trabajo para realizar esos proyectos, sino que lo que no están dispuestas a hacer es perder dinero», afirma. Y sobre este punto, insiste en que lo que los responsables de las Administraciones tienen que asumir es que «las obras valen lo que valen».

Prueba de ello es que se han dado casos en los que las obras han salido a una segunda licitación, elevando el presupuesto asignado incluso un 50% y un 70%, y entonces sí ha habido constructoras interesadas en realizarlas, reflejo del enorme desfase que existía entre el coste que se quería asignar y el que realmente correspondía para que el proyecto pudiera ejecutarse con la necesaria rentabilidad para la empresa encargada de realizarlo.

El problema es que llegar a una segunda o tercera licitación no solo supone una «perdida de tiempo», según destaca Verger, sino que además el proyecto resulta más caro al tener que actualizar sus costes.

Obras esenciales

Esta última advertencia resulta especialmente relevante, según se recuerda desde esta patronal, si se tiene en cuenta que en ocasiones se trata de actuaciones que afectan a infraestructuras esenciales, como colegios, juzgados, carreteras, o instalaciones relacionadas con el ciclo del agua o con la eficiencia energética.

Pero a ello se añade que algunas de ellas están financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, como en el caso de la construcción de una pista de deportes en la playa de Cala Millor impulsada por el ayuntamiento de Sant Llorenç, lo que abre el riesgo de que se pierdan si no se ejecutan en plazo.

También hay obras cuya financiación procede del Impuesto de Turismo Sostenible, como la construcción del emisario marítimo de la depuradora de sa Coma, en Sant Llorenç de nuevo, según se señala en el informe elaborado por la citada patronal.

Esta queja empresarial es compartida por los sindicatos, en el sentido de que un ajuste excesivo en los precios o fijar unos plazos demasiado ajustados para la ejecución de las obras pueden suponer problemas en materia de seguridad, de ahí que se aplauda que haya empresas que se nieguen a hacer estos trabajos y que haya concursos que queden desiertos por fijar unas condiciones demasiado estrictas en esta materia.

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