Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal

La magistrada de lo mercantil Margarita Poveda Bernal, suspendida en funciones desde finales de 2025, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por un presunto delito de prevaricación al haber dictado dos resoluciones supuestamente injustas durante el proceso concursal de una empresa que explotaba un hotel de s’Arenal de Llucmajor, el Torre Azul.

La Sala de lo civil y penal celebró ayer una vista previa, en la que se puso de manifiesto que no había posibilidad de alcanzar un acuerdo y posteriormente la defensa planteó como cuestión previa que se habían vulnerado derechos fundamentales al no haber tenido acceso a todo el procedimiento concursal del juzgado de lo mercantil número 1 de Palma, a lo que se opuso la fiscalía y la acusación particular. Los magistrados rechazaron esta cuestión y subrayaron que no ha existido indefensión. El presidente del tribunal destacó que se acusa a la magistrada de unos hechos muy concretos, de dos resoluciones presuntamente prevaricadoras y de si hubo o no dolo.

El TSJB admitió ayer parte de la prueba propuesta, a excepción de una pericial económica que había interesado la acusación particular y de otra pericial sobre cuestiones jurídicas, así como la declaración de una letrada de la administración de justicia, que solicitó la defensa. Por último, la Sala fijó las sesiones del juicio para los próximos días 27 y 30 de marzo.

La fiscalía solicita para la jueza Poveda una pena de 18 meses de multa a razón de diez euros diarios y su inhabilitación para ejercer un empleo público en la Administración de Justicia durante 15 años por un delito doloso de prevaricación. Alternativamente, el ministerio público pide cinco años de inhabilitación por prevaricación por ignorancia o negligencia inexcusable.

Por su parte, la abogada defensora reclama la libre absolución de su representada al considerar que los hechos son atípicos.

Según la versión de la fiscal, la magistrada encausada se encargaba del procedimiento concursal de la sociedad Grupo 4 Islas Baleares SL, que tenía como principal activo el hotel Torre Azul en s’Arenal y era responsable de su explotación. La jueza declaró el concurso voluntario de acreedores de esta empresa y nombró a un administrador concursal.

El 30 de junio de 2023 una magistrada sustituta cesó al administrador y nombró a otro. Esta resolución fue recurrida en reposición y cuando la jueza Poveda retomó sus funciones admitió el recurso, que no tenía efectos suspensivos, el 12 de septiembre de 2023. El cambio de administrador fue recurrido también en apelación ante la Audiencia Provincial, que finalmente confirmó el cese del primero de ellos el 26 de febrero de 2024.

En el verano de 2023, cuando aún no había sido destituido el primer administrador y tampoco había sido nombrado de forma efectiva el nuevo, el 6 de julio de 2023 la empresa concursada se puso a disposición del juzgado y del nuevo administrador designado, mientras el antiguo, todavía no removido de su cargo, el 10 de julio presentó un escrito al juzgado poniendo en su conocimiento unos graves incidentes que habían ocurrido en el hotel Torre Azul, que explotaba como único bien la entidad concursada.

Providencias

La magistrada acusada resolvió los dos escritos por providencias de 11 de julio de 2023, donde ordenaba que se requiriese a la concursada para que colaborara con la administración concursal cualquiera que fuese su composición y que permitiese la pacífica gestión del hotel y, según la fiscalía, a sabiendas de que el auto de la jueza sustituta de 30 de junio tenía efectos ejecutivos según la Ley Concursal, señalaba que el cese no tendría plenos efectos hasta que fuera firme la resolución (estaba pendiente de recurso) manteniendo así, de propósito, la inactividad del órgano judicial para la destitución de la administración concursal.

La entidad concursada recurrió en reposición contra esta providencia el 18 de julio de 2023 al entender que el auto de 30 de junio sí era ejecutivo. Sin embargo, la jueza acusada, a sabiendas de la ilegalidad de la resolución que iba a dictar, el 28 de julio decidió por providencia no admitir el recurso, indicando que tampoco cabía ningún tipo de impugnación, según el ministerio público.

La empresa concursada no se dio por vencida y recurrió en apelación, pero el 19 de octubre, otra vez con conocimiento de su ilegalidad, según la fiscalía, la magistrada lo inadmitió en una nueva providencia en la que alegaba que no cabía recurso.

El administrador concursal cesado, pero no destituido de su cargo, el 1 de agosto de 2023 suscribió un acuerdo con la sociedad propietaria del hotel Torre Azul por el cual se resolvía el contrato de explotación del establecimiento y dejaba de esta manera a la conscursada sin su principal activo.

El nuevo administrador concursal tomó posesión de su cargo el 3 de abril de 2024, con posterioridad a que la Audiencia de Palma confirmara el 26 de febrero el auto de cese del antiguo.

La propiedad del hotel y la empresa concursada mantienen un litigio con ramificaciones en la vía penal. Los propietarios acusan al responsable de la sociedad de un delito de estafa.

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