Compromís copia al PSIB: alquila un apartamento turístico en Valencia para denunciar que sigue existiendo oferta irregular

Compromís per València ha organizado este jueves un acto en un apartamento turístico del barrio de la Malva-rosa que, según una resolución municipal, debía estar clausurado desde mayo de 2024. La iniciativa, en la que también ha participado la asociación vecinal del Cabanyal y a la que se ha invitado a un reducido grupo de periodistas, buscaba cuestionar el anuncio del gobierno de María José Catalá de haber cerrado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en año y medio.

La acción reproduce la estrategia utilizada el pasado 2 de febrero por el PSIB-PSOE en Mallorca, donde los socialistas alquilaron un piso anunciado en Airbnb para denunciar ante los medios de comunicación que sigue existiendo oferta irregular y no reglada en Mallorca. Un apartamento que cuesta alrededor de 160 euros la noche, según expresó el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela. En València, Compromís optó por reservar el inmueble a través de Booking.com.

El apartamento con orden de suspensión

El apartamento de València, un bajo de unos 20 metros cuadrados situado en la calle Beato Juan Grande, recibió en mayo de 2024 una resolución de Alcaldía que ordenaba la suspensión inmediata del uso en curso de ejecución sin licencia publicitada en plataformas públicas y conforme a lo informado por la Policía Local. El decreto instaba a cesar de forma inmediata la actividad.

Con el paso de los meses, ya entrada en vigor la moratoria municipal a los pisos turísticos, el ejecutivo local anunció el cierre de más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en solo año y medio, frente —según su versión— a la parálisis de los anteriores gobiernos de izquierda. En esa misma comunicación, el Ayuntamiento aseguró haber activado cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias y siete unidades de Policía Local para rastrear la actividad irregular en toda la ciudad.

Compromís solicitó entonces el listado oficial de inmuebles clausurados. Tras recibir una negativa, recurrió al Síndic de Greuges, que instó al consistorio a facilitar la información. Meses después, el Ayuntamiento remitió un PDF con cerca de 800 apartamentos —no 1.000— teóricamente cerrados. Según la coalición valencianista, parte de esos inmuebles continúan operativos.

En paralelo, el grupo habilitó la web quenotetiren.com, a través de la cual asegura haber tramitado más de 5.000 denuncias ciudadanas sobre apartamentos ilegales remitidas al Ministerio de Vivienda.

No son cierres, son inspecciones

El bajo de Beato Juan Grande fue alquilado por 177 euros por dos noches. Según Compromís y la asociación vecinal, el inmueble ha seguido funcionando con normalidad pese a la orden de suspensión dictada hace menos de dos años, justo antes de la moratoria. De hecho, los vecinos habían presentado denuncias meses atrás.

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, sostiene que el caso evidencia que muchas de las actuaciones municipales no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección, y acusa al gobierno local de anunciar clausuras que no se ejecutan materialmente. Este piso lo hemos podido alquilar sin ningún problema. Esto es lo que vive el vecindario cada día: anuncios de cierres que no se cumplen y pisos que siguen operando como si nada, afirmó.

Para la coalición, el episodio demuestra que ni la moratoria funciona ni las supuestas órdenes de cierre se están ejecutando de manera efectiva. Robles añadió que no se han limitado los cruceros ni frenado el incivismo turístico y reclamó transparencia real, ejecución efectiva de las órdenes de cierre y un cambio de modelo que sitúe el derecho a la vivienda por encima de la propaganda.

La respuesta del gobierno municipal

Desde el equipo de gobierno municipal han acusado a Compromís de organizar una performance y de instigar a un apartamento que, aseguran, es legal. Según fuentes municipales, la solicitud de licencia del inmueble data de 2022, cuando gobernaba Compromís, y dispone de título habilitante previo a la moratoria, por lo que no le afectaría la suspensión general.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que la asociación vecinal fue informada la misma mañana del acto de que el apartamento cuenta con licencia y se encuentra en regla. Desde el ejecutivo local sostienen que han instigado a un apartamento legal y acusan a la oposición de mentir y manipular.

El cruce de acusaciones reabre el debate sobre el alcance real de las clausuras anunciadas y sobre la eficacia de la moratoria municipal en un contexto de creciente tensión por el acceso a la vivienda y la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo