Piden cinco años de cárcel a un intermediario por quedarse casi un millón de euros con la compra de guantes quirúrgicos en la pandemia en Palma

La fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para un abogado italiano por presuntamente apropiarse de cerca de un millón de euros al intermediar en la compra fallida de cinco millones de guantes quirúrgicos por parte de una empresa mallorquina en plena pandemia a mediados de 2020.

El acusado, un letrado de 54 años originario de Roma, compareció ayer ante la Audiencia de Palma, si bien el juicio se suspendió porque faltaban varios testigos y traducir una documentación en italiano. Tanto la defensa como el ministerio público y la acusación particular solicitaron al tribunal de la Sección Segunda el aplazamiento de la vista oral al considerar que esos testigos eran “esenciales”.

Además de los cinco años de cárcel, el fiscal pide una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros para el sospechoso al considerarle autor responsable de un delito de apropiación indebida agravada. En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama que indemnice a la empresa perjudicada, una distribuidora con domicilio social en Palma, con 825.000 euros por las cantidades defraudadas y también con el importe que se determine en el juicio por los gastos y perjuicios ocasionados y acreditados.

La defensa del intermediario encausado alega que en Italia se sigue un proceso por los mismos hechos. Por eso, pidió la traducción de unos documentos del italiano al castellano. Además, ayer planteó que la presidenta de la Sala ya se había pronunciado en este procedimiento al resolver un recurso de apelación anterior en el que revocó el archivo del caso, ya que en esos momentos era muy prematuro acordar el sobreseimiento. Esta cuestión motivó que ayer mismo se modificara la composición del tribunal y la presidenta fuera sustituida por otra magistrada debido a que concurría una causa de abstención.

Finalmente, la vista oral se pospuso. El acusado abandonó el Palacio de Justicia de Palma a media mañana a la espera de ser citado de nuevo cuando se señale la nueva fecha de juicio.

El sospechoso, que carece de antecedentes penales, supuestamente actuó como intermediario fiduciario en una operación de compraventa de material sanitario que no prosperó durante la pandemia.

Mayo de 2020

Según la versión del ministerio público, los hechos se remontan a mayo de 2020 cuando una empresa domiciliada en Palma contrató con otra sociedad la adquisición de cinco millones de guantes quirúrgicos ante la escasez de dicho material debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Esta sociedad, a su vez, concertó con un distribuidor italiano la compra de la mercancía cuyo valor ascendía a 1.082.950 euros, IVA incluido. El distribuidor exigía el pago íntegro de dicha cuantía, si bien, con el fin de garantizar la operación, facilitó la cuenta de una entidad bancaria italiana del acusado, quien debía actuar como intermediario fiduciario. Así, el sospechoso únicamente entregaría al proveedor el precio concertado si la mercancía había sido entregada. En caso contrario, tendría que devolver las cantidades transferidas al comprador.

Actuando bajo dicha confianza, según la fiscalía, la empresa mercantil mallorquina efectuó una primera transferencia de 238.370 euros el 21 de mayo de 2020 a la sociedad con la que contrató la compra de los guantes. Un mes después, el 23 de junio realizó una segunda transferencia por un importe de 194.580 euros y, al cabo de una semana, el 30 de junio de 2020 transfirió 650.000 euros, por lo que entregó 1.082.950 euros, el precio acordado por la mercancía.

A su vez, la sociedad que recibió el dinero llevó a cabo una transferencia de 825.000 euros el 6 de julio de 2020 a la cuenta del encausado, ya que el resto del dinero quedó retenido en concepto de pago de impuestos y comisiones.

Al final, no se entregó la mercancía, por lo que se rescindió el contrato de compraventa de los guantes. Sin embargo, el sospechoso no devolvió el dinero y presuntamente lo incorporó a su patrimonio. Por ello, la fiscalía reclama ahora que indemnice a la entidad perjudicada con 825.000 euros. El importe retenido, 257.950 euros, fue retornado a la empresa mallorquina.

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