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Impuestos

El Gobierno 'engancha' a un millar de viviendas de Baleares con unas plusvalías que luego el Congreso tumbó

Las más afectadas son aquellas que se vendieron o se recibieron en herencia y que habían tenido entre seis y quince años en propiedad

La modificación de los coeficientes del impuesto no van a incorporarse en el nuevo decreto ómnibus aunque se desconoce si habrá un nuevo intento más adelante

Un millar de viviendas de Baleares que cambiaron de manos en enero se ven afectadas

Un millar de viviendas de Baleares que cambiaron de manos en enero se ven afectadas / G. Bosch

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

Alrededor de un millar de viviendas de Baleares han quedado afectadas por los nuevos coeficientes que el Gobierno central pretendía aplicar sobre el impuesto municipal de plusvalías, pese a que la medida quedó tumbada posteriormente por el Congreso de los Diputados. Esta modificación fallida del citado tributo se mantuvo en vigor solo entre el 1 y el 27 de enero, y aunque beneficia a las residencias que se han tenido en propiedad durante más de 20 años, penaliza especialmente las que se han mantenido entre seis y quince años, según pone de relieve el abogado Alejandro del Campo, del despacho DMS Legal.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez había aprobado a finales del pasado año el conocido como real decreto ómnibus, en el que además de la revalorización de las pensiones y medidas de escudo social incluía también los nuevos coeficientes que se aplican para calcular el impuesto de plusvalía que aplican los Ayuntamientos, que se complementaban con los que a su vez incorporan los Consistorios. Este cambio, que ya se había intentado aprobar el año anterior sin éxito en la Cámara Baja, suponía elevar el importe a abonar a través de este tributo de forma especial en aquellos inmuebles que se habían tenido en propiedad entre seis y quince años, con alzas que en ese tramo se movían entre el 5% y el 40% (este último porcentaje en los nueve años), a cambio de abaratar un 12,5% las que superaban los 20 años de posesión.

Esta medida entró en vigor el pasado 1 de enero, pero el día 27 el Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox y Junts, tumbó la totalidad del citado real decreto, lo que hizo que solo estuviera en vigor durante ese periodo.

Congreso de los Diputados

Congreso de los Diputados / E.P.

Los afectados

Pero aquellas viviendas que se vendieron, se recibieron en herencia o por donación durante esos 27 días se ven afectadas por los nuevos coeficientes, según destaca Alejandro del Campo. En el caso de la compraventa, se trata de un tributo municipal que abonan los antiguos propietarios, mientras que en las herencias son los receptores del inmueble.

Según los datos del INE, en Baleares se han transferido durante el último tramo de 2025 alrededor de 1.500 viviendas mensuales, lo que lleva a estimar que serán en torno al millar las que van a tener que calcular el pago de plusvalías con los coeficientes que el Gobierno pretendía aprobar, al haber cambiado de manos durante el citado periodo comprendido entre el día 1 y el 27 de enero.

Hay que recordar que se trata de un tributo que tiene en cuenta las revalorizaciones que se hayan podido dar sobre los terrenos urbanos (no se tiene en cuenta el valor de la vivienda, sino del suelo sobre la que esta se levanta), de ahí que se tenga en cuenta tanto el valor catastral de los mismos como el tiempo que el inmueble se ha tenido en propiedad.

Sin nuevo intento a la vista

Tras la derrota sufrida en el Congreso, el Gobierno ha optado por aprobar un nuevo decreto con la revalorización de las pensiones, y elaborar otro con las medidas del escudo social (como la protección a las familias vulnerables en caso de desahucio), aunque este segundo no parece disponer de mayorías en la Cámara. Pero ha optado por aparcar por ahora la revisión de los coeficientes del impuesto de plusvalía, que debían de suponer un refuerzo de los ingresos municipales.

Sin embargo, está por ver si durante las próximas semanas el Ejecutivo central optará por aprobar otro real decreto dedicado exclusivamente sobre este tema, aunque es algo que no hizo cuando también se vio tumbado en el Congreso durante el pasado ejercicio.

El problema, según apunta Del Campo, es que se desconocen los criterios que el Gobierno ha aplicado en su intento de modificar los citados coeficientes y, consecuentemente, la justificación de las penalizaciones que conlleva.

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