Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda

El juzgado de lo mercantil de Palma ha perdonado a un empresario mallorquín del sector de la construcción una deuda que ha alcanzado una cifra récord en Balears. Se le perdona el pago de casi cuatro millones de euros que debía sobre todo a una entidad bancaria que le prestó el dinero para impulsar sus negocios en el sector de la construcción. El empresario ha sido representado por el letrado Antonio González, del despacho AGSAbogados, especialista en derecho concursal. El juzgado ha aplicado los beneficios que contempla la denominada ley de segunda oportunidad, que permite perdonar a una persona toda la deuda que tiene pendiente, siempre y cuando se cumplen una serie de requisitos, que en este caso sí se cumplían. La decisión de la jueza no solo beneficia a este empresario, ya jubilado, sino también a sus dos hijos, que durante los últimos años han visto como sufrían embargos económicos en sus cuentas debido a las deudas que había acumulado la empresa familiar. A partir de ahora, al quedar saldada cualquier deuda pendiente, ya no se volverá a ejecutar ningún embargo y los tres familiares tienen la posibilidad de iniciar una nueva etapa económica, sin arrastrar la millonaria deuda que pesaba sobre ellos.

Este empresario de Mallorca dedicó su vida profesional al negocio de la construcción y de la promoción inmobiliaria. Por una parte, a través de una pequeña constructora que había creado, empezó a realizar obras que consistían en la construcción de viviendas individuales o de fincas de vecinos. Y, por otra parte, también se dedicaba a la promoción y venta de toda la cartera de inmuebles.

Sin embargo, al igual que les ocurrió a todos los profesionales que se dedicaban a este negocio, a partir del año 2012 la situación cambió como consecuencia de la crisis económica. Se dejaron de vender las casas que se habían construido gracias a las ayudas de las entidades financieras. En este caso, el banco con el que trabajaba este constructor era la ya desaparecida Sa Nostra.

El constructor había incluido a sus dos hijos en el paquete de acciones de la empresa, pero a pesar de ello las decisiones económicas las adoptaba él. En los momentos buenos del negocio llegó a acumular hasta quince hipotecas, porque las casas se vendían con facilidad, entre otras cosas porque los clientes tenían acceso fácil a los créditos.

En el momento en el que ya no pudo vender más casas el empresario tuvo que realizar algunas maniobras económicas para poder salir adelante. No tuvo más remedio que declarar la situación de concurso de su empresa al no poder hacer frente a las deudas.

Los acreedores reclamaron su derecho a cobrar y para ello todo el paquete de viviendas que manejaba este constructor fue embargado. Las casas se vendieron a través de subastas públicas, pero el dinero que se obtuvo fue insuficiente para cubrir toda la deuda. Ni siquiera la venta de su propia vivienda sirvió para saldar el dinero que debía. Por lo tanto, el pasivo acumulado era muy superior a todos los activos que tenía la empresa. Es decir, el negocio estaba en quiebra, sin ninguna posibilidad de salir adelante, entre otras cosas, porque el empresario había perdido todo su patrimonio para poder hacer frente a los acreedores

El juzgado ha tenido en cuenta para otorgar esta segunda oportunidad a este empresario que durante el proceso de liquidación de la empresa abonó las deudas que mantenía con los empleados y con la Seguridad Social. También realizó los pagos que le exigió la Agencia Tributaria. Es decir, no arrastraba ninguna deuda con una entidad pública, lo que hubiera ocasionado más problemas para poder acogerse a la ley de la segunda oportunidad.

En este caso, tanto la administración concursal, nombrado por la juez, como los acreedores personados en este procedimiento judicial, se han mostrado conformes en que en este caso se apliquen los beneficios de la ley de segunda oportunidad. Se ha comprobado que la empresa constructora, tras entrar en concurso hace ya más de diez años, no tiene la más mínima oportunidad de iniciar una nueva trayectoria profesional. Y para que ni el empresario, que en estos momentos vive de una pensión mínima, ni sus dos hijos tengan que arrastrar el resto de su vida esta millonaria deuda económica, sin posibilidades de asumirla, el juzgado aplica los beneficios de esta norma legal.

La ley de la segunda oportunidad es una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia en los juzgados mercantiles durante la fase de tramitación de la fase de liquidación de una empresa declarada en concurso. La norma exige una serie de requisitos y uno de ellos es que la situación de quiebra no sea consecuencia de la mala administración, sino que se debe a otras circunstancias. Esta ley se ha venido aplicando tanto a empresas, como a personas que no disponían de ninguna sociedad, pero que habían acumulado una deuda por determinadas circunstancias.

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