Un estudio cifra en unos 1.400 millones el impacto anual del fraude del IRPF en Baleares

El fraude en el IRPF en Baleares sigue siendo elevado, aunque en los últimos años se ha registrado una mejora significativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente tras el impacto de la pandemia. La renta no declarada en las islas se situó en alrededor de 1.400 millones de euros en 2022, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), elaborado por los economistas Jaime Vallés y Anabel Zárate.

Esta cifra supone una reducción notable respecto a los niveles previos a la crisis sanitaria y confirma una tendencia de fondo hacia una mayor transparencia fiscal. A comienzos de la década de los 2000, Baleares era la comunidad autónoma con mayor grado de infradeclaración de renta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En 2003, apenas se declaraba el 64,3 % de la renta real generada, mientras que en 2022 el grado de cumplimiento se sitúa en torno al 82 %, lo que implica una mejora acumulada de casi 18 puntos porcentuales, una de las mayores de España.

El trabajo cuantifica la brecha fiscal existente en Baleares entendida como la diferencia entre la renta realmente generada y la que se declara en el IRPF. Este concepto engloba la ocultación deliberada de ingresos por parte de trabajadores, autónomos, empresarios, arrendadores o perceptores de rentas del capital, así como otros factores de carácter metodológico o estadístico derivados de la comparación entre datos tributarios y contabilidad regional. Los autores subrayan, no obstante, que esta brecha fiscal “no debe confundirse con la economía sumergida”, ya que esta última incluye también actividades ilegales, empleo no registrado y otros impuestos distintos del IRPF.

Pese a la mejora registrada, Baleares continúa situándose por debajo de la media estatal en cumplimiento fiscal. Mientras que en el conjunto de las comunidades de régimen común el grado de cumplimiento del IRPF alcanzó el 85,3 % en 2022, en el archipiélago la brecha fiscal todavía ronda el 18 %, lo que la mantiene entre las regiones con mayor infradeclaración relativa del país.

El estudio pone de relieve, además, una fuerte diferencia según el tipo de renta. Las rentas del trabajo presentan en Baleares niveles de cumplimiento muy elevados, cercanos al 97 %, gracias al sistema de retenciones en origen, lo que sitúa a la comunidad entre las más cumplidoras en este ámbito. Por el contrario, las rentas procedentes de actividades económicas y del capital inmobiliario siguen concentrando la mayor parte del fraude fiscal, con niveles de declaración que apenas alcanzan la mitad de la renta real generada.

Los autores relacionan este patrón con la estructura productiva del archipiélago, marcada por el peso del turismo, la elevada presencia de pequeños negocios y autónomos, la estacionalidad de la actividad y la atomización empresarial, factores que dificultan el control y la trazabilidad de los ingresos. A ello se suma la condición insular, que incrementa los costes administrativos de supervisión.

En conjunto, el informe concluye que Baleares ha avanzado de forma notable en la reducción del fraude en el IRPF durante las dos últimas décadas, pero advierte de que la magnitud de la brecha fiscal —equivalente a cerca del 3,8 % del PIB autonómico— sigue teniendo un impacto relevante sobre la capacidad recaudatoria y la financiación de los servicios públicos en las islas.

El estudio sitúa la evolución de Baleares dentro de una tendencia general de mejora del cumplimiento fiscal a lo largo de los últimos años. Tras los elevados niveles de fraude registrados durante las dos primeras décadas del siglo XXI, con picos que a escala estatal alcanzaron los 157.000 millones de euros en 2006 y los 140.000 millones en 2019, la irrupción de la pandemia provocó un fuerte desplome de la actividad económica y, con ello, de las rentas ocultas. En 2020, el volumen de renta no declarada cayó de forma abrupta hasta situarse en torno a los 91.000 millones de euros, un ajuste que también se reflejó en Baleares y que contribuyó a mejorar de forma coyuntural los indicadores de cumplimiento fiscal.

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