El Govern es el más moroso de España a la hora de pagar a sus proveedores

No hay ningún otro Ejecutivo autonómico que pague con tanto retraso a sus proveedores como el Govern balear, que prácticamente duplica el tiempo medio máximo permitido por la ley para abonar las facturas, con los perjuicios que eso causa a las pequeñas y medianas empresas, tal y como se ha venido denunciando desde las organizaciones patronales. La legislación vigente exige que el tiempo máximo para liquidar esas deudas sea de 30 días, pero durante noviembre y diciembre del pasado año en las islas se tardó prácticamente el doble, al rondar los 55 días de media, según la información que publica la propia Intervención General de la Comunitat Autónoma.

Desde la conselleria de Hacienda que lidera Antoni Costa se han venido justificando las demoras que se han dado a lo largo del pasado año alegando los trámites administrativos que se tienen que realizar, especialmente los vinculados al área de Salud, que es la que registra con diferencia el mayor problema de este tipo de morosidad. Sin embargo, el resto de autonomías también tienen las competencias en materia sanitaria y ninguna tarda tanto en pagar como la balear.

El Ejecutivo de Marga Prohens empezó 2025 con una cifra muy negativa, al tardar de media en enero 68 días en pagar a sus proveedores, aunque es cierto que el inicio de cada ejercicio suele presentar un balance poco satisfactorio.

En febrero y marzo logró cumplir con la legalidad, abonando esas facturas en menos de 30 días de media.

Pero ahí se agotaron los buenos resultados, volviendo a pagar en plazos superiores a los 30 días a partir de abril, para ponerse ya por encima de los 40 en septiembre y octubre.

Mal cierre de 2025

Pero el balance más negativo se ha vuelto a registrar en el cierre del pasado ejercicio, al alcanzar los 55,7 días en noviembre y los 54,5 en diciembre.

Eso ha supuesto que la media de todo 2025 ha alcanzado los 40 días, cuando, frente a los 38,6 de 2024 y los 35,3 de 2023. En 2022, ultimo año completo del anterior Govern del Pacto, ese plazo había sido de 31,2 días. Eso refleja que el problema no ha dejado de empeorar.

Para valorar el alcance de la situación que se vive en las islas, la mejor opción es comparar con la que se da en el resto de autonomías. Y ahí los datos que publica el ministerio de Hacienda resultan muy reveladores. Los últimos publicados para comparar la situación del mapa autonómico son los de noviembre, y en ellos se desvela que la situación del Ejecutivo balear no tiene parangón en ninguna otra zona del país.

Como se ha indicado, durante el pasado mes de noviembre el Govern pagó sus facturar en una media de 55,7 días. Pues bien, la segunda con mayor demora fue Cantabria, pero con un plazo de casi 40 días, 15 menos que en Baleares, pese a superar también el límite legal de los 30 días.

En tercera posición aparece Castilla y León, con 39,7 días; seguida de Castilla-La Mancha, con 37,9; Asturias, con 31,9; y la Comunidad Valenciana, con 31,3 días.

Todo el resto de comunidades autónomas quedan por debajo de ese límite máximo de 30 días, destacando los casos de Extremadura, que abona las facturas en una media de 11,4 días, y de Canarias, con 14,7, según el informe de noviembre.

El ‘agujero’ de Sanidad

Como se ha indicado, el área de Sanidad es la que presenta el peor balance de la Administración balear y la que hace que la media del Govern sea tan alta.

En concreto, en este ámbito el tiempo de pago a proveedores durante el mes de diciembre fue de 68,2 días (64,9 en noviembre y 54,5 en octubre), plazo que en el caso concreto del IbSalut se eleva a los 70,1 días.

Desde la conselleria de Hacienda se ha venido insistiendo en que esas demoras no se deben a problemas de liquidez, sino a la complejidad de algunos procesos administrativos. Pero esta situación ha generado un fuerte debate con la oposición, con acusaciones lanzadas desde el PSIB de que esta situación nace por un problema de falta de disponibilidad económica que coincide además con un periodo en el que el Ejecutivo del PP ha apostado por aplicar bajadas de impuestos que han beneficiado especialmente a las clases más adineradas, como ha sido el caso del de Sucesiones, al tiempo que ha anunciado su renuncia a un nuevo sistema de financiación que elevaría sus ingresos.

En cualquier caso, el problema de la morosidad por parte de las Administraciones a quién más perjudica es a las pequeñas y medianas empresas que trabajan como proveedores y que a su vez tienen obligaciones económicas, según se ha venido denunciando desde la patronal PIMEM.

Su presidente, Jordi Mora, ya advirtió hace algunos meses que este problema lo que genera son cierres empresariales y pérdidas de puestos de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo