Migrantes en Baleares que podrán acogerse a la regularización: «No somos delincuentes, hemos venido a Mallorca a trabajar»

«Yo le debo todo a Mallorca; aquí he tenido sanidad y la seguridad de poder andar por la calle tranquilo», son palabras del colombiano Óscar Vázquez. El acuerdo anunciado por el Gobierno para regularizar a más de 500.000 extranjeros en todo el país ha vuelto a recrudecer y emponzoñar el debate sobre la migración en Occidente, uno de los grandes caballos de batalla y principales capitalizadores del auge de la extrema derecha. La polémica vuelve a azotar a una sociedad cada vez más polarizada y a una clase política que sigue convirtiendo el otrora legendario Parlamento en un circo banal.

Este diario ha podido hablar con varios inmigrantes en situación irregular que se reúnen cada mañana en las inmediaciones de almacenes de construcción de distintos polígonos de Palma, a la espera de que algún patrón les ofrezca trabajo en condiciones precarias.

«Estoy agradecido con la isla»

Óscar Vázquez es uno de ellos. El colombiano vive en la isla desde hace años y actualmente estudia catalán porque, asegura, estar «muy agradecido con la isla» y que debe corresponderla aprendiendo su idioma. «La regularización beneficiaría a mucha gente: poder trabajar, tener seguro social… nos cambiaría la vida», concluye Vázquez.

El colombiano explica que los sueldos varían y que pueden situarse entre los 8 y los 15 euros la hora, a veces incluso por encima del convenio. «Pero el problema es que nuestro trabajo es muy inestable; con la regularización podríamos estar fijos», aclara Vázquez.

El inmigrante explica las dificultades que tienen a veces para conseguir trabajo: «Viene gente buscando soldadores o mecánicos, pero cuando saben que no tenemos papeles se echan atrás. Tienen miedo a las inspecciones de trabajo».

«No somos delincuentes»

La relación entre inmigración y delincuencia es una de las cuestiones que más les duele a los inmigrantes en situación irregular. «Como nuestro país es violento, mucha gente dice que nosotros también lo somos, y no es así», asegura Alfonso Vázquez.

El colombiano explica que por ese motivo apoyan la exigencia de un certificado de antecedentes penales, para evitar que «se cuele en la regularización gente problemática». Y sentencia: «No somos delincuentes, hemos venido a Mallorca a trabajar».

Juan Carlos López es otro de los inmigrantes en situación irregular que espera trabajo en la zona: «En Colombia pasan muchas cosas malas. Ojalá vaya bien y nos den el permiso para regularizarnos. Eso significaría poder trabajar con más facilidad. Ahora solo tenemos trabajo y, a veces, ni siquiera quieren pagarnos y toca insistir».

«Queremos trabajar legalmente. Nadie quiere hacer trabajo en B», asegura el colombiano. López es consciente de los límites de la medida, pero subraya su impacto positivo: «No vamos a arreglar el país, pero sí lo vamos a beneficiar. A nosotros nos va a favorecer mucho».

Baldomero Arias es un autónomo sin papeles: «Tengo una empresa de reformas y trabajo legalmente, pero no puedo contratar ni regularizar a nadie. Es una empresa irregular en ese sentido». Arias asegura que es un emprendedor: «Cobro por mi trabajo, pero si pudiera hacer contratos y regularizar a la gente nos ayudaría mucho».

Todos coinciden en una misma idea: «Esto debería hacerse en todos los países europeos. Estamos muy agradecidos con Mallorca y con este país».

Más de 11.000 inmigrantes podrían beneficiarse de la regularización

Según confirmó la semana pasada el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, al menos 10.800 inmigrantes podrían beneficiarse inicialmente del proceso en las islas, en base a datos de la Oficina de Extranjería.

La representante del movimiento Les Balears Acollim, Eva Cerdeiriña, subraya la gran expectación que ha generado el proceso de regularización anunciado por el Gobierno, especialmente entre las familias con hijos menores que llevan años residiendo en Baleares.

«Es una expectativa muy importante porque afectará a familias enteras que llevan años aquí, trabajando, integradas y haciendo una vida completamente normal», explica.

Cerdeiriña apunta que ya se ha producido un aumento de consultas en consulados y embajadas, ya que uno de los requisitos será la presentación de certificados de antecedentes penales del país de origen. «Son documentos cuya tramitación no es rápida ni sencilla y requieren mucho asesoramiento. Será clave facilitar y agilizar el proceso», advierte.

Desinformación

La representante de ‘Les Balears Acollim’ también alerta del impacto de la desinformación en el debate migratorio: «Hay partidos de extrema derecha que insisten en bulos y en una visión negativa de la inmigración, y eso genera miedo entre personas que llevan mucho tiempo aquí y que son fundamentales en sectores clave».

A su juicio, la mala prensa y el discurso alarmista pueden provocar rechazo social hacia una población que ya debería tener garantizados sus derechos laborales, sociales y políticos. Desde ‘Les Balears Acollim’ reclaman una campaña de sensibilización: «Es fundamental reconocer el papel de la población migrante y concederle todos los derechos que le corresponden».

Una regularización que va a cambiar la vida de miles de personas en Mallorca y que ha vuelto a recrudecer el debate migratorio.

Por un lado, la izquierda en bloque, las entidades sociales e incluso el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, se muestran favorables a una medida que, aseguran, garantiza la dignidad de las personas, generará mayor riqueza en España y en Balears y favorecerá la integración.

Por el otro, Vox augura un supuesto ‘efecto llamada’ de la inmigración pobre, una tesis a la que se suma un Partido Popular que parece olvidar su pasado aznariano: bajo el Gobierno de José María Aznar se llevaron a cabo tres regularizaciones que afectaron a más de 503.000 migrantes en apenas dos años, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, cuando la demanda de mano de obra no dejaba de crecer.

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