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Guerra en el CTEIB

Educación bloquea el acceso al expediente de la inspección al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares

Argumenta que deniega el informe al estar en curso dos «informaciones reservadas» por las discrepancias internas en el equipo directivo

Exterior del Centro de Tecnificación, anteriormente conocido como Polideportivo Príncipes de España. | MANU MIELNIEZUK

Exterior del Centro de Tecnificación, anteriormente conocido como Polideportivo Príncipes de España. | MANU MIELNIEZUK

Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Palma

El laberinto administrativo y de convivencia que atraviesa el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB) suma un nuevo capítulo. La Conselleria de Educación y Universidades ha decidido bloquear formalmente el acceso al expediente íntegro de la inspección excepcional que se llevó a cabo en el centro. Esta investigación, ejecutada en junio del año pasado por un despliegue inusual de tres inspectores, pretendía arrojar luz sobre las denuncias de, entre otras cuestiones, absentismo, irregularidades contables y trato vejatorio que han fracturado al Instituto. Sin embargo, los resultados de dichas pesquisas permanecerán, de momento, bajo llave.

A través de una resolución oficial firmada por delegación del conseller Antoni Vera, la administración ha inadmitido la solicitud de acceso a la información pública presentada para conocer el contenido y las conclusiones de dicho informe. El documento es tajante al invocar las limitaciones legales para proteger investigaciones que aún se consideran vivas. De esta forma, la Conselleria evita que trascienda el detalle de una actuación que para los sectores críticos constituye la prueba de una «gestión negligente». El equipo directivo, por su parte, niega todas las acusaciones.

Carácter «reservado»

El eje central sobre el que pivota la negativa de la administración es la existencia de actuaciones paralelas que todavía no han concluido. La resolución de la Secretaría General se apoya en un informe del Departamento de Inspección Educativa emitido el pasado enero. En dicho escrito, Inspección advierte que «en el departamento se están instruyendo dos procedimientos de información reservada que están relacionados con el informe de inspección que se solicita». Esta circunstancia jurídica es la que permite blindar el documento frente al escrutinio público.

Al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, el conseller hace suyo el precepto que establece que no se admitirán las solicitudes que «se refieran a información que esté en curso de elaboración». En la práctica, esto supone que mientras Inspección mantenga abiertos estos dos procedimientos derivados de las discrepancias internas, el informe final no verá la luz. La resolución concluye al «inadmitir la solicitud presentada atendida la información aportada por el Departamento de Inspección Educativa».

Múltiples focos de conflicto

Esta controvertida situación en el CTEIB no es un caso aislado, sino que se enmarca en un escenario de agitación para la Conselleria de Educación, que actualmente lidia con varios frentes abiertos en diferentes centros educativos de Mallorca. El mapa de la conflictividad se extiende más allá del Centro de Tecnificación, afectando a instituciones como el CEPA Son Canals, el IES Santanyí y el IES Josep Maria Llompart, donde las tensiones entre equipos directivos, claustros y familias también han requerido la intervención de los servicios de Inspección.

Al reconocer en el caso del CTEIB la existencia de dos informaciones reservadas por las «discrepancias internas» entre los miembros de la cúpula, la propia Conselleria valida la tesis de que el Instituto se encuentra en una guerra interna. Esta situación, que el jefe de estudios Antoni Albertí califica de «insostenible», se suma a los problemas de gobernanza detectados en los otros tres centros mencionados, dibujando un panorama de inestabilidad generalizada.

La investigación bloqueada en el CTEIB no fue un trámite ordinario. La presencia de tres inspectores responde, entre otras cuestiones, a la densidad de las quejas acumuladas. El expediente que ahora se oculta debería contener el «plan de actuación, alcance, criterios, instrumentos o protocolos utilizados», así como las «evidencias incorporadas» y las «propuestas» de los inspectores. Al no facilitarse estos datos, se mantiene la incertidumbre sobre si el plan de mejora aplicado es una guía de buenas prácticas o una corrección severa.

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