Opinión
El Govern vuelve a bajar la ecotasa
Turistas en la calle Sant Miquel de Palma / Miguel Vicens
La ecotasa mantiene el mismo precio desde que fue restaurada hace una década por el primer Govern de Francina Armengol. Dado que existe un concepto llamado inflación, que por lo visto le pasó desapercibido al economista Antoni Costa, el impuesto turístico se ha abaratado constantemente desde entonces. El rango entre uno y cuatro euros diarios resulta hoy limosnero, aunque confirma el desprecio de políticos y empresarios del sector por el territorio que exprimen.
Al negarse tembloroso a subir la ecotasa, redondea su cobardía un Govern de PP/Vox que nunca renunció a un impuesto que había denunciado con fiereza. Se escuda en la izquierda para obtener ingresos, que no tiene la gallardía de consolidar. En un simple ajuste a la subida del IPC que Costa asegura desconocer, la nueva escala debería ser de dos a seis euros para mantener el gravamen invariable en una década, sin subida ni bajada. Y por supuesto, sin excepciones de temporada baja. Ahora bien, si se efectúa la proporción respecto de los precios disparados de los hoteles, con un aumento superior al sesenta por ciento en una década, el rango debería oscilar de tres a nueve euros. Los empresarios no han sufrido ningún vértigo al revalorizar su producto, sin que se resintiera la clientela.
El anuncio de que se vuelve a bajar la ecotasa, como vienen haciendo todos los ejecutivos autonómicos desde 2016, es la mejor estampa del desprecio que el Govern siente por Mallorca. Se abarata el destino, se degrada. Cataluña elevará este año su impuesto turístico entre ocho y once euros, el País Vasco acaba de instaurarlo en 7,5. En una elemental traslación que hasta un economista podría entender, la estima de las comunidades citadas por sus territorios llega a triplicar la desafección de los gobernantes de Balears.
El que contamina, no paga. El pavor a subir la ecotasa contrasta con la elevación en una década de los impuestos y tasas que afectan a la ciudadanía. Se vuelve a tratar a los residentes como un excedente a eliminar, que solo adquiere un valor residual el día en que emite su voto.
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