Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables

La aparente normalidad académica en el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB) —antes conocido como Polideportivo Príncipes de España y que actualmente también integra el IES CTEIB, en Palma— esconde una crisis de convivencia, ética y de gestión de recursos públicos. El Instituto vive hoy una guerra interna abierta donde la existencia de dos bandos enfrentados genera un clima de conflicto permanente. Ante un sinfín de acusaciones cruzadas, la situación ha derivado en un escenario de hostilidad que están sufriendo directamente tanto profesores como alumnos.

A través del testimonio de diferentes profesores, exdocentes y documentos oficiales, este diario ha podido confirmar que el centro acumula quejas por irregularidades que han llevado a la Conselleria de Educación a intervenir. La situación culminó el pasado mes de junio con una auditoría de carácter excepcional, realizada por tres inspectores a la vez; un despliegue inusual, tal como reconocen desde Educación. Aunque se desconoce todavía el resultado de esta inspección, la Programación General Anual (PGA) del centro incluye un numeroso listado de instrucciones para corregir dinámicas tóxicas y tratar de reconducir la grave fractura entre el claustro en el CTEIB.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, no es una simple hoja de ruta académica, es el acta de una intervención administrativa que valida, punto por punto, las quejas que el entorno del centro lleva tiempo manifestando: trato vejatorio, absentismo en las aulas por parte de los cargos directivos, vigilancia injustificada a los trabajadores e incluso sospechas sobre el destino de los fondos públicos del Instituto. La dirección del CTEIB, por su parte, niega las irregularidades y achaca las denuncias q "seis profesores que echan mierda" para hacerse con el poder.

En esta pugna entre sectores, una de las denuncias más recurrentes se refiere al uso sistemático de las cámaras de seguridad para fines ajenos a la protección del edificio. Los testimonios coinciden en describir un ambiente de “vigilancia constante” donde la dirección monitoriza los movimientos del personal en tiempo real, «actuando como si el Instituto fuera una empresa privada bajo el control de un CEO autoritario».

Se relatan episodios en los que el uso de estas cámaras ha servido presuntamente para fiscalizar la entrada y salida del personal, o para cuestionar protocolos de trabajo de forma inmediata tras ser observados por los monitores desde los despachos directivos. Esta “cultura del control” ha alimentado el conflicto de acoso que la administración ya ha ordenado atajar.

De hecho, la PGA de este curso incluye una instrucción específica sobre el uso de dispositivos tecnológicos y cámaras, en la que se recuerda a la dirección la obligatoriedad de cumplir con la normativa de protección de datos. La Conselleria es tajante en la programación del curso: «Se debe informar al claustro sobre el uso y la finalidad de las cámaras de seguridad, garantizando la correcta aplicación».

La división del centro se hace evidente en el supuesto trato dispensado por la cúpula directiva, descrito por quienes lo sufren como un sistema de fidelidades y represalias. Según los testimonios recabados, la gestión se rige por un binomio implacable que alimenta la brecha entre bandos: si el profesional se alinea con las directrices y no cuestiona las irregularidades, recibe beneficios en forma de horarios preferentes o flexibilidad discrecional. Por el contrario, aquellos que mantienen una postura crítica o denuncian las deficiencias del centro son «sistemáticamente señalados», sufren un control más férreo de su actividad y se ven «excluidos de proyectos», generando un ambiente de “tensión” que fractura la convivencia diaria.

Absentismo en la cúpula

Otra de las denuncias de mayor calado administrativo afecta directamente al cumplimiento de las funciones docentes de la cúpula directiva. La normativa educativa es clara: tanto la dirección como la jefatura de estudios deben mantener un mínimo de docencia directa con los alumnos. Sin embargo, las quejas apuntan a que el curso pasado estas horas figuraban en el papel pero no se ejecutaban en el aula.

Los testimonios recogidos aseguran que la dirección apenas aparecía por sus clases, delegando tácitamente sus responsabilidades en otros profesores, incluso en situaciones de necesidad por bajas laborales. Este presunto absentismo parece haber sido ratificado por la propia Conselleria en la PGA actual, donde se incluye una directriz ineludible en el apartado de mejoras organizativas: «Se debe garantizar el ejercicio de, como mínimo, tres horas semanales de docencia por parte del equipo directivo».

La guerra interna también salpica la vertiente económica. Según las quejas recabadas, existe opacidad en el uso del dinero público. Se acusa a la dirección de utilizar partidas presupuestarias destinadas a fines pedagógicos para «otras cosas» no especificadas, priorizando gastos ajenos a la actividad educativa.

En la PGA de este curso, Educación ha impuesto una serie de “mejoras de gestión” que obligan al equipo directivo a una cristalinidad total. La administración exige que se garantice «una gestión económica transparente y ajustada a la normativa, con anteproyecto de presupuesto consensuado» y un «uso pedagógico del remanente». De hecho, se especifica que se aplique «de manera rigurosa la normativa de contratación, asegurando que todos los gastos superiores a 2.100 euros queden debidamente justificados con tres presupuestos y con la aprobación previa del Consell Escolar». Además, se señala que se elabore el anteproyecto de presupuesto anual «integrando el remanente de 159.000 euros en el capítulo de recursos con un plan de gastos [...] antes de transmitirlo a la Secretaría General para su validación definitiva».

Conflicto de intereses

Relacionado con la gestión económica, el ámbito de la Formación Profesional (FP) también está bajo la lupa. Las denuncias apuntan a presuntos conflictos de intereses en la gestión de los módulos de Formación en Centros de Trabajo. Según estas quejas, alumnos del centro habrían sido derivados a realizar sus prácticas obligatorias en empresas privadas con las que supuestamente determinados miembros del CTEIB mantienen vínculos directos o intereses empresariales.

Como respuesta, la Programación refleja la exigencia de «cumplir lo que establece» la normativa, «asegurando su correcta implementación en el centro, eliminando cualquier acción de voluntariado en empresas» y hace referencia, además, a una empresa en concreto en la que al parecer un miembro del equipo docente, que se supone debe velar por la formación y evaluación objetiva del alumno, es además el representante de la compañía donde varios alumnos realizan las prácticas.

Más allá de las irregularidades administrativas, el factor humano describe un ambiente calificado por muchos como «desagradable». Las quejas detallan un patrón de comportamiento «autoritario y despectivo». Se relatan expresiones que buscan imponer una jerarquía basada en la intimidación, con insultos directos a trabajadores e incluso un trato humillante hacia los estudiantes, lo que consolida, en parte, la ruptura de la comunidad educativa del CTEIB.

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