El Govern descarta limitar el precio del alquiler en Baleares tras encargar un informe que alerta de una caída del 20% de la oferta

El Govern balear descarta aplicar la limitación de los precios del alquiler tras encargar un informe que concluye que esta medida resulta contraproducente y agrava las dificultades de acceso a la vivienda. El estudio, solicitado por el Ejecutivo autonómico a la Cátedra de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili y elaborado bajo la dirección del catedrático de Derecho civil Sergio Nasarre, junto al profesor Santiago Ariste, analiza la experiencia de Cataluña, la primera comunidad en aplicar el control de rentas al amparo de la Ley estatal de Vivienda, y alerta de una reducción del 20% de la oferta de alquiler residencial durante el primer año de aplicación de la regulación.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, explica que el objetivo del encargo ha sido disponer de un diagnóstico riguroso y técnico sobre los efectos reales de la limitación de precios antes de tomar decisiones en Baleares. Según el informe, la aplicación del tope al alquiler en Cataluña provoca una retirada significativa de viviendas del mercado residencial. Durante el primer año de vigencia de la regulación, el número de contratos de alquiler cae un 20%, lo que reduce de forma drástica la oferta disponible. Esta contracción genera un efecto inmediato sobre la demanda: la presión sobre cada vivienda se multiplica.

En el caso de Barcelona, el estudio constata que el número de personas interesadas en una vivienda durante los diez primeros días desde su publicación pasa de 101 antes de la entrada en vigor de la regulación a 437 un año después. Para el Govern, este dato evidencia que la limitación de precios no alivia la tensión del mercado, sino que incrementa la competencia entre los demandantes y dificulta aún más el acceso al alquiler.

Precios altos y peor calidad de vivienda

El informe también niega que el control de rentas logre una bajada generalizada de precios. Lejos de estabilizarse, las rentas se mantienen elevadas e incluso suben. En la provincia de Barcelona, el precio del alquiler pasa de 15,98 euros por metro cuadrado en 2024 a 16,56 euros en 2025, lo que la mantiene como la provincia con los alquileres más caros de España.

Además, el estudio advierte de un deterioro progresivo de la calidad de la oferta disponible. Las viviendas de mayor tamaño y mejores condiciones abandonan el mercado regulado, mientras permanecen las más pequeñas. En Barcelona, la superficie media de los pisos en alquiler baja de 75 metros cuadrados en 2024 a 71 metros cuadrados en 2025, una tendencia que el informe vincula directamente a la aplicación del tope de precios.

Desplazamiento hacia la compra y otros tipos de alquiler

Otro de los efectos señalados es el desplazamiento de la vivienda fuera del mercado del alquiler residencial. La limitación de precios impulsa un aumento de las compraventas, con un crecimiento del 23,1% en Cataluña, pero también un incremento de las ejecuciones hipotecarias, al no poder muchas personas asumir la compra a largo plazo.

Paralelamente, una parte muy relevante de la oferta se traslada a modalidades menos reguladas. En Barcelona, el alquiler de temporada absorbe ya el 49% del total, mientras que en Girona alcanza el 37% y en Tarragona el 20%, cifras muy por encima de la media nacional, situada en el 15%. El informe también detecta un trasvase hacia el alquiler turístico y el alquiler por habitaciones.

Menos promociones de alquiler

El estudio advierte asimismo de una paralización de nuevas promociones destinadas al alquiler. En Barcelona, los visados para promociones de vivienda en alquiler caen un 10,8%, una cifra que se eleva hasta el 39% según los datos del Colegio de Arquitectos correspondientes a enero de 2026. Para el Govern, este freno a la construcción refuerza la idea de que el control de precios desincentiva la inversión y dificulta la ampliación de la oferta a medio y largo plazo.

A partir de estos datos, el informe formula una recomendación explícita: no implantar un sistema de control de rentas en Baleares. Los autores concluyen que el problema principal es la insuficiencia de oferta y que cualquier intervención sobre los precios sin medidas expansivas corre el riesgo de agravar los desequilibrios existentes.

El estudio propone priorizar políticas orientadas a aumentar la oferta de vivienda, especialmente la vivienda asequible, y apostar por incentivos, en particular de carácter fiscal, en lugar de restricciones administrativas a los precios del alquiler. También advierte de que Baleares y Cataluña comparten una dinámica común de fuerte presión de demanda y oferta limitada, lo que exige soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo.

El Govern defiende su estrategia

En este contexto, Mateo defiende que el Govern avanza en la dirección correcta desde el inicio de la legislatura. El conseller destaca la planificación de más de 7.300 viviendas, la puesta en marcha de más de 48 promociones de vivienda pública que suman más de 1.230 viviendas, y la continuidad de programas para fomentar el alquiler seguro.

Asimismo, subraya las bonificaciones fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, las ayudas a la compra de vivienda y el aval hipotecario del IBAVI, medidas que, según afirma, buscan facilitar el acceso a la vivienda sin reducir la oferta disponible.

Mateo reconoce que no existen soluciones inmediatas ni "mágicas" al problema de la vivienda, pero asegura que las políticas adoptadas desde 2023 "marcan un camino claro". A su juicio, el informe encargado por el Govern refuerza esta estrategia y pone de relieve que algunas de las herramientas previstas en la Ley estatal de Vivienda no resultan eficaces para resolver la crisis de acceso a la vivienda en Baleares.

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