El Consejo General del Poder Judicial inspecciona las secciones penales de la Audiencia de Palma

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está inspeccionando las dos secciones penales de la Audiencia de Palma, que arrastran una situación de colapso desde hace años. Un equipo de inspección encabezado por un magistrado y otros expertos se ha desplazado expresamente a la isla para analizar la carga de trabajo de cada uno de los magistrados de las dos Salas penales.

Los técnicos llevan más de una semana recopilando datos e información sobre la actividad resolutoria de los jueces, que padecen una sobrecarga de asuntos, muchos de ellos de gran complejidad con multitud de encausados o perjudicados, lo que obliga a celebrar macrojuicios de varias semanas que bloquean el calendario de señalamientos.

La situación es especialmente grave en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que sufre un gran atasco. Este hecho no es nuevo. Se trata de un problema que se ha cronificado con el paso del tiempo y que el año pasado llevó a señalar juicios para dentro de cuatro años, para 2029, y que ha generado también una notable tensión en el Palacio de Justicia.

La Jefatura del Servicio de Inspección del CGPJ acordó llevar a cabo una inspección presencial en las dos Salas penales de la Audiencia de Baleares. Una unidad inspectora se personó a finales de enero para empezar a recabar datos. Esta semana los inspectores delegados siguen trabajando en la sede de Can Berga.

El objetivo de la auditoría es analizar la carga de trabajo y la actividad resolutoria de cada magistrado que integra la Sección Segunda y también la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Es decir, los especialistas se están centrando en el número de resoluciones dictadas por cada juez y también en los casos que tienen pendientes de resolver. Año tras año, este órgano judicial se enfrenta a un volumen mayor de procedimientos. Esta situación explicaría la rotación de plazas y el desgaste que sufren los miembros de estos tribunales penales, muchos de los cuales han optado por dejar la Audiencia e impartir justicia en otros destinos.

Esta actuación del Servicio de Inspección prácticamente se solapa con la remodelación de la oficina judicial y la entrada en funcionamiento del Tribunal de Instancia de Palma, tal como establece la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que ha supuesto un gran cambio en la organización de la Administración de Justicia, con una mudanza y traslado de funcionarios y expedientes. Esta transformación está causando un gran malestar entre los operadores jurídicos y los empleados públicos, que asisten desconcertados y con incertidumbre ante una reorganización de enorme calado en la que prevén una situación caótica en los próximos meses.

Mediados de 2025

La inspección que estos días se está llevando a cabo en las secciones penales de la Audiencia de Palma se produce después de que a mediados del pasado año la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) pidiera en dos ocasiones al CGPJ que llevara a cabo una inspección extraordinaria en la Sección Segunda debido al gran colapso de casos que padece. En un primer momento, la cúpula judicial de las islas lo solicitó a principios de junio, pero Madrid lo descartó. Meses después, a mediados de septiembre se volvió a insistir en la necesidad de efectuar una inspección extraordinaria.

El TSJB propuso a la Sección Segunda dedicarse en exclusiva durante seis meses a la celebración de juicios y liberarles de resolver los recursos de apelación, pero en esas fechas no respondió.

Además, el alto tribunal del archipiélago hizo hincapié en que la adscripción de dos magistrados de refuerzo de la sala civil y penal del TSJB para resolver recursos de apelación no era suficiente para solucionar el problema, ya que estos jueces solo pueden desempeñar un refuerzo parcial.

Aparte de la petición efectuada por la cúpula judicial de Baleares, la propia presidenta de la Sección Segunda, la magistrada Samantha Romero, al tomar posesión de su cargo solicitó una inspección extraordinaria, que también le fue denegada.

Una vez acabe la visita, se levanta un acta con el resultado de la inspección, en la que se detalla la situación real del órgano y se proponen medidas que se considera necesario adoptar.

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