Archivan el caso contra el exconseller Mir y la cúpula de Medio Ambiente por no tramitar las denuncias de aves electrocutadas en Baleares

Una magistrada de Palma ha archivado el caso contra el exconseller Miquel Mir (Més per Mallorca) y la antigua cúpula de Medio Ambiente del anterior Govern, investigados por presunta prevaricación por omisión por no tramitar las denuncias por aves que habían fallecido electrocutadas en líneas de alta tensión entre 2018 y 2022, al concluir que no hay indicios de dolo en su actuación.

“Tras la instrucción practicada cabe concluir que no existen indicios de que la falta de tramitación obedezca a un proceder doloso de los investigados, sino a la propia complejidad administrativa, a la falta de personal y al aumento de expedientes administrativos”, subraya la jueza en un reciente auto de finales de enero.

La mayoría de encausados apuntaron en este sentido cuando declararon en la sede judicial de Vía Alemania. Dos antiguos jefes de departamento y dos exjefes de sección reconocieron el pasado otoño que prescribían decenas de denuncias debido a la absoluta falta de medios que tenían entonces. Según su versión, era inasumible tramitar un volumen de expedientes tan alto para el escaso personal que había en aquellas fechas. Además, negaron que existiera una orden o instrucción para dejar caducar los casos, que no solo eran de avifauna, sino de todo tipo relacionados con temas medioambientales.

Entre los expedientes que prescribieron, los más graves afectaban a especies protegidas en Baleares como el milano real, el águila calzada o el cernícalo, aves que murieron electrocutadas al posarse en tendidos eléctricos o bien al chocar contra ellos.

El procedimiento judicial salpicó a la anterior cúpula de la conselleria de Medio Ambiente y Territorio, en manos del partido ecosoberanista Més per Mallorca, con el exconseller Mir a la cabeza, quien anteriormente fue director general de Espacios Naturales y Biodiversidad. Entre los altos cargos investigados figuraban también un director general, la secretaria general, el jefe de secretaría general y otros funcionarios del Govern. Los hechos investigados comprendían el periodo entre los años 2018 y 2022, durante el pacto de progreso del Govern de Francina Armengol (PSIB).

Tras tomar declaración a los sospechosos y a diversos testigos, entre ellos los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Palma encargada de investigar los hechos dio traslado a la fiscalía para que se pronunciara sobre si le interesaba practicar más diligencias y sobre la continuación del caso.

La fiscalía pide el sobreseimiento

El ministerio público, que inicialmente presentó una denuncia a raíz de que un agente medioambiental desvelara que, pese a las numerosas actas levantadas, no se tramitaban los expedientes sancionadores relativos a rapaces muertas por electrocución, lo que provocaba que muchas de las infracciones prescribieran con el paso del tiempo, al final solicitó el sobreseimiento provisional de la causa.

Los letrados defensores y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en representación de cerca de una decena de investigados, también reclamaron el sobreseimiento libre del caso y su archivo.

En consonancia con todas las peticiones de dar carpetazo al asunto y al no existir acusaciones personadas que sostengan los cargos y tampoco indicios incriminatorios, la magistrada ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa.

En este procedimiento se investigaba la posible existencia de un delito de prevaricación por omisión administrativa medioambiental por no haber dado curso a las denuncias presentadas entre 2018 y 2022 ante la Conselleria y por la no persecución de presuntos delitos contra la fauna denunciados por agentes medioambientales en referencia a la muerte de aves silvestres por electrocución o colisión en tendidos eléctricos. Así, había decenas de expedientes que no se tramitaban y finalmente prescribían con el paso del tiempo.

Al no existir acusación y después de que todas las partes hayan pedido el archivo, la jueza concluye que tras la instrucción practicada no hay indicios de dolo por parte de los investigados, por lo que las denuncias no prosperaban por la propia complejidad administrativa, el escaso personal y el incremento de expedientes administrativos. Por ello, decreta cerrar el caso.

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