El "exilio" forzoso de la inclusión en Mallorca: familias del colegio Marian Aguiló denuncian el abandono de los niños con necesidades especiales

La educación inclusiva en Baleares parece haberse convertido, para muchas familias, en una promesa de papel que se desvanece al cruzar el umbral del aula. En el CEIP Marian Aguiló de Palma la situación ha llegado a un punto crítico que ha obligado a las familias a alzar la voz. Reyes Ramos y Leydi Briñez son dos madres que han decidido denunciar públicamente lo que consideran una "expulsión encubierta" de sus hijos, ambos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El motivo no es la falta de voluntad del profesorado, al que elogian por su entrega, sino "una reducción de los recursos de apoyo" que está convirtiendo el día a día de los menores en un calvario de frustración y desregulación.

Reyes es la madre de Cristian, un niño de seis años que acaba de empezar Primaria. Su relato es el de "una caída en picado". Explica a este diario que tras una etapa de Infantil donde el trabajo de integración fue "impecable" y el menor logró hitos como aprender a leer y escribir, el paso al nuevo ciclo ha supuesto un choque frontal con la realidad de los recursos. El curso pasado, el centro contaba con dos Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), una figura fundamental para que niños como Cristian puedan seguir el ritmo de la clase. Sin embargo, este año la dotación se redujo, dejando al centro en una situación de "vulnerabilidad" que las familias tildan de "insostenible".

Esta carencia ha provocado que Cristian pase las horas "danzando" por el aula, como describe su madre, incapaz de seguir una tarea. Reyes insiste en que su hijo tiene las capacidades necesarias para estar en un colegio ordinario, pero la falta de ese soporte humano le está "robando su derecho a una educación digna". La consecuencia más dolorosa es la desregulación emocional: sin nadie que le ayude a gestionar los estímulos, "aparecen crisis y episodios de agresividad que antes no existían", lamenta Reyes.

El peso de los "criterios"

Consultada por este rotativo, la Conselleria de Educación y Universidades ofrece una visión técnica de la situación. Según señalan, el CEIP Marian Aguiló cuenta actualmente con 1,5 plazas de ATE (un profesional a jornada completa y otro, tres días a la semana). La administración sostiene que, por "criterio" —el sistema de baremación que asigna recursos según el número de alumnos con necesidades especiales—, al centro le corresponde exactamente esa dotación de 1,5.

No obstante, la Conselleria admite que el curso pasado el colegio disponía de dos profesionales ATE, una cifra que se ajustaba mejor a la realidad percibida por los padres pero que, bajo los estándares actuales, excedería el cupo oficial. Ante la insistencia y la petición formal realizada por el centro debido al desbordamiento de las aulas, Educación confirma que ya se ha autorizado un aumento de medio ATE adicional, lo que devolvería al colegio a la ratio de dos profesionales del curso pasado.

Mientras se tramita la llegada de este refuerzo de 0,5 ATE, la Conselleria asegura haber enviado un CRS (un profesional especialista en atención al alumnado NESE) para cubrir el hueco de manera temporal. Según la administración, tanto el centro como los padres han sido informados de estos movimientos, aunque para las familias, la solución llega tarde y de forma insuficiente para frenar el deterioro emocional que ya sufren sus hijos.

Abandono del centro ordinario

Pese a los anuncios de la administración, el conflicto ha tomado un cariz más oscuro con el inicio del periodo de matriculación. Reyes denuncia que, ante la imposibilidad de atender correctamente a los niños, el centro les ha planteado la opción de marcharse a un colegio de educación especial. Para estas familias, esto no es una recomendación pedagógica, sino una salida desesperada. Se sienten "invitadas" a irse porque sus hijos se han convertido en un problema logístico. "Nos venden que es la mejor opción, pero lo que hacen es deshacerse de los niños porque no hay personal suficiente", lamenta Reyes.

La situación se repite con Leydi Briñez y su hijo Juan Esteban, de diez años. Su caso es complejo: al autismo se suma un hipotiroidismo congénito y una pérdida auditiva severa detectada tardíamente. Juan Esteban, en quinto de Primaria, ha visto cómo sus apoyos desaparecían. Actualmente, comparte aula con otros niños con necesidades especiales y una alumna con problemas graves de conducta, pero con una sola profesora que debe multiplicarse. Leydi relata que su hijo, frustrado por no poder seguir el ritmo, ha desarrollado una irritabilidad y agresividad inéditas.

Profesorado al límite

Uno de los puntos en los que ambas madres coinciden es en exonerar de culpa al equipo docente. Describen a unos profesionales "desbordados" y al límite. Reyes recuerda conmovida cómo el tutor de su hijo lloraba ante ella, confesándole que se iba a casa hundido por no poder atender al niño. La orientadora del centro también ha realizado "gestiones incansables", según explican, las cuales finalmente parece han forzado a la Conselleria a autorizar ese medio ATE extra fuera de "criterio".

Esta falta de recursos no solo afecta a los alumnos con necesidades especiales, sino al clima general del aula. El sentimiento de las madres es que sus hijos han pasado de ser alumnos con derechos a ser vistos como una carga por la administración pública. Sienten que se les presiona para que abandonen el centro ordinario no por el bien de los niños, sino para aliviar la presión de "un sistema que se niega a invertir en una inclusión real y efectiva".

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