Un botánico demanda a su empresa y a la conselleria de Agricultura por despedirle tras denunciar estar contratado en fraude de ley
El técnico reclama una indemnización de 13.000 euros por daño moral y ser readmitido como trabajador indefinido no fijo en la administración
El afectado alega que es muy joven, que ve frustrado su proyecto de independizarse de sus padres y la dificultad de integrarse en el mercado laboral de Baleares, tan dependiente del turismo

Un botánico en pleno trabajo de campo, en una imagen de archivo. / espores

Un botánico ha interpuesto una demanda laboral contra la empresas pública Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, y la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural por despedirle como “represalia” por haber denunciado ante la Inspección de Trabajo estar contratado en fraude de ley, así como su derecho a continuar la relación laboral ostentando la condición de trabajador indefinido.
El profesional considera que su despido es nulo porque conculca derechos fundamentales. La demanda laboral formulada ante un juzgado de lo social de Palma plantea que se ha vulnerado el derecho de configuración jurisprudencial de indemnidad o, alternativamente, el derecho a no ser discriminado, ya que, “dado que el contrato está celebrado en fraude de ley, pues el mismo se tendría que haber celebrado por tiempo de tres años, la empresa debiera de haber motivado por escrito la resolución con preaviso”.
El técnico despedido reclama una indemnización adicional de 13.000 euros por daño moral y el derecho a ser readmitido como trabajador indefinido no fijo en la administración codemandada. De forma subsidiaria, solicita que su despido sea declarado improcedente por los tribunales.
El afectado alega que al percatarse de estar contratado “en claro fraude de ley” porque el proyecto en el que participaba duraba tres años, se armó de valor para denunciar ante la empresa y la Inspección de Trabajo su situación y, como represalia por ello, “me acaban despidiendo”.
El tiempo de ejecución estipulado para realizar el proyecto denominado Acciones de gestión y seguimiento de la flora protegida de Baleares era de 36 meses, desde febrero de 2025 hasta finales de enero de 2027. La demanda señala que “estamos ante un servicio público de vocación permanente y por ello ante una necesidad estructural”. En consecuencia, desde el punto de vista de los recursos humanos, “el puesto de trabajo vinculado al servicio debe ser indefinido y no temporal”.
Además, también se critica que la causa por la que se motiva la contratación temporal es estereotipada, podría servir para cualquier tipo de contrato temporal, “y dicho sea de paso podría valer más la causa invocada para una fábrica de vehículos o de ladrillos que para un servicio público: ‘por circunstancias de la producción’; por lo que se ve, el personaje que redactó mi contrato no estaba muy inspirado”.
El botánico, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, mantiene que la empresa pública tenía intención de prorrogarle la situación de temporalidad porque el 15 de octubre de 2025 le obligó a pasar una revisión médica. Si bien todo se truncó después de poner una denuncia telemática ante la Inspección de Trabajo el 6 de noviembre de 2025. Según su versión, la respuesta no fue convertirle en indefinido o prorrogar su contrato, sino su despido.
Un único técnico
“Cuando la administración autonómica balear conoció la decisión de Tragsatec de extinguir mi relación laboral, se quejó por cuanto estaba contenta con la prestación de mis servicios y no quería soportar un vaivén de técnicos en el proyecto”, apunta el afectado.
La demanda destaca que la empresa no fundamenta por qué no prosigue la contratación de este técnico, “estando ante un servicio público con vocación de permanencia, pues flora existirá en la geografía balear de forma indefinida, y cuanto menos durante tres años que es la duración del proyecto”. Así, el profesional entiende que se le discrimina, ya que no se le explica “la génesis de la extinción contractual”.
Por último, el empleado reprocha que las codemandadas sean administraciones públicas, el ente instrumental y la Conselleria sobre la que plantea que haya habido una cesión ilegal, y subraya que el fraude de ley en su contratación y su posterior despido le han provocado un daño socio laboral al ser muy joven, con un proyecto de independizarse de su familia que se ve frustrado, y la dificultad para integrarse como botánico en el mercado laboral de Baleares, tan dependiente del turismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia
- La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones