El PP lleva al Parlament su rechazo a la regularización de inmigrantes: "Una irresponsabilidad que alimenta el efecto llamada"

El PP de Baleares ha registrado en el Parlament de les Illes Balears una Proposición No de Ley (PNL) para expresar su rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar un cambio profundo en la política migratoria que tenga en cuenta, según defienden, la "situación límite" que atraviesan las islas.

La iniciativa, presentada por la diputada Cristina Gil, plantea que Baleares asume un impacto "directo y desproporcionado" de las decisiones del Ejecutivo central en materia migratoria y advierte de los riesgos que, a juicio del PP, tendría una regularización "masiva e indiscriminada" en un territorio ya tensionado por el crecimiento demográfico y la presión sobre los servicios públicos.

"Una irresponsabilidad que alimenta el efecto llamada"

Los populares insisten en que la regularización prevista por el Gobierno podría afectar a más de 10.000 personas en Baleares, según estimaciones de la Delegación del Gobierno, y sostienen que la medida transmite un "mensaje equivocado".

"Premiar la entrada irregular no es una política humanitaria, es una irresponsabilidad que alimenta el efecto llamada y fortalece a las mafias que trafican con la desesperación de las personas", señalan.

El PP balear sostiene que la acogida debe ser compatible con la capacidad real de integración del territorio y con la sostenibilidad del estado del bienestar. En este sentido, la iniciativa parlamentaria advierte de que Baleares se encuentra "desbordada" por una inmigración irregular creciente y recuerda que el archipiélago se ha consolidado como una de las rutas migratorias activas del Mediterráneo occidental.

Llegadas irregulares y presión sobre los servicios

La propuesta pone el foco en el aumento de llegadas irregulares en los últimos años. Según los datos recogidos en el documento, las llegadas en patera han pasado de 277 personas en 2017 a 5.882 en 2024 y a 7.321 en 2025, lo que supone un crecimiento sostenido que "incrementa la presión" sobre los recursos públicos y los dispositivos de acogida.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la crítica a la gestión administrativa de la regularización. El PP alerta de que las unidades de Extranjería ya se encuentran colapsadas para tramitar solicitudes por las vías ordinarias y advierte de que una regularización masiva agravaría esa situación.

La PNL recoge además las advertencias de sindicatos policiales, que consideran que la medida supone "una regularización masiva y sin medios" y que pone en riesgo la seguridad al sustituir, en algunos casos, la exigencia de certificados de antecedentes penales por declaraciones responsables del solicitante.

Según el documento, esta fórmula "elimina garantías básicas" y podría permitir la regularización de personas con procesos judiciales pendientes, lo que, a juicio del PP, supone una "grave irresponsabilidad" desde el punto de vista de la seguridad.

Choque con la estrategia europea

El PP sostiene también que la regularización va en dirección contraria al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024 y que entrará en vigor en junio de este año. En este sentido, la iniciativa recuerda que otros países europeos han optado por endurecer los controles fronterizos, agilizar las expulsiones o reforzar los requisitos de acceso a ayudas y permisos.

"Mientras Europa refuerza controles y devoluciones, España lanza un mensaje completamente opuesto que nos aísla y tiene consecuencias para todo el espacio Schengen", afirman.

Rechazo explícito a la regularización

El PP propone que el Parlament manifieste formalmente su rechazo a la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno, inste al Ejecutivo central a renunciar a la medida y reclame una política migratoria "legal, ordenada y humana", basada en el control de fronteras, la coordinación europea y la dotación de más recursos a los servicios de Extranjería.

La iniciativa deberá debatirse en el pleno del Parlament, donde previsiblemente abrirá un nuevo frente político sobre la gestión migratoria en Baleares y el impacto de las decisiones del Gobierno central en una comunidad que, según el PP, ya se encuentra en una situación de emergencia migratoria.

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