Més per Mallorca critica la "improvisación" y la "falta de equidad" ante el adelanto de las oposiciones docentes un mes

El anuncio del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, de adelantar las oposiciones docentes a las primeras semanas de mayo ha desatado una tormenta política y sindical en Baleares. Lo que la Administración presenta como una medida de eficiencia para blindar el inicio del curso escolar y asegurar que todas las vacantes estén cubiertas en julio, ha sido recibido por diversas formaciones y sindicatos como una decisión precipitada. El conseller Vera ha defendido que este movimiento busca evitar el colapso administrativo vivido el año anterior, permitiendo que los trámites de interinos se realicen antes de agosto.

Sin embargo, esta búsqueda de 'paz administrativa' ha chocado con el rechazo frontal de Més per Mallorca, así como con los principales sindicatos docentes. De entre ellos, UOB Ensenyament y Alternativa Docent critican este viernes no solo el cambio de fechas en sí, sino las consecuencias organizativas para los centros y el impacto emocional y académico sobre los miles de aspirantes que ya habían planificado su estudio basándose en el calendario tradicional de finales de junio.

La formación ecosoberanista ha sido especialmente crítica con la gestión de este cambio. La diputada Maria Ramon ha denunciado en nota de prensa que la decisión es fruto de una "falta de planificación" y una ausencia de diálogo real con la comunidad educativa. Según la formación, anunciar una medida de este calado con tan pocos meses de antelación "vulnera el principio de equidad", ya que -dicen- recorta semanas de preparación "fundamentales para los opositores", quienes ya tenían sus planes de estudio organizados.

Para el partido, el adelanto a mayo implica trasladar las pruebas al corazón del curso lectivo, coincidiendo con el final del trimestre y las tareas de evaluación. Esto, según advierten, generará un grave caos organizativo en escuelas e institutos, al obligar a los docentes a compaginar su labor en las aulas con la participación en los tribunales de oposición. Ramon ha subrayado que una gobernanza responsable exigiría una planificación con un curso de antelación para que los afectados no tengan que reorganizar sus vidas de forma repentina.

Insumisión de los tribunales

Desde el ámbito sindical, UOB Ensenyament ha manifestado su oposición tras una asamblea en la que el 70% de los afiliados rechazó la propuesta. El sindicato critica que la Conselleria esté dispuesta a "truncar la planificación de centenares de aspirantes" y "empantanar" los centros en mayo simplemente para facilitar su propia gestión burocrática. Consideran que el bienestar de los docentes no es una prioridad para el Govern y han calificado la medida de "improvisación alarmante".

Como respuesta, UOB ha hecho un llamamiento a la insumisión de los tribunales como medida de sabotaje frente a lo que consideran un despropósito. Denuncian que este cambio se suma a una lista de agravios, como las "deficiencias en infraestructuras" y los "ataques a la lengua catalana", y exigen que cualquier modificación sustancial del calendario sea negociada y planificada con el consenso de la comunidad educativa.

Por su parte, el Sindicat Alternativa ha tildado la propuesta de "inviable". El sindicato subraya que el mes de mayo ya concentra una carga de trabajo "ingente" debido a los procesos de cierre de curso. Añadir la logística de unas oposiciones en esas fechas supondría una presión "inasumible" -dicen- para los equipos directivos y un perjuicio directo para la preparación de los opositores, "rompiendo la planificación de miles de personas a pocos meses de su ejecución".

Para Alternativa, el argumento de mejorar la adjudicación de plazas no justifica un cambio de esta magnitud. Sostienen que el problema de fondo del sistema no es el calendario, sino el abandono del modelo de "lista única", cuya recuperación exigen para garantizar la transparencia y el respeto a la puntuación de los docentes. El sindicato ha advertido al conseller Vera de que la Administración será la única responsable si el proceso interfiere negativamente en la evaluación del alumnado o en el bienestar de los aspirantes.

A pesar de las críticas, la Conselleria mantiene su intención de ofrecer 643 plazas, centrando el grueso de la convocatoria en Secundaria y Bachillerato. Antoni Vera ha intentado suavizar el conflicto proponiendo elevar la cifra de tribunales voluntarios al 75% y aumentando las indemnizaciones económicas para los docentes que participen en ellos. No obstante, Alternativa Docent ha dejado claro que, aunque podrían estudiar cambios de fechas para el futuro, se oponen radicalmente a su aplicación en la convocatoria actual.

Suscríbete para seguir leyendo