El fiscal mantiene su petición de cinco años y medio de prisión para los acusados del criadero ilegal en Mallorca: “Tenían una fábrica de tortugas”

El fiscal mantuvo ayer su petición de condena de cinco años y medio de prisión y multas de más de un millón y medio de euros para los dos presuntos responsables del criadero ilegal de tortugas en una finca de Llucmajor, donde la Guardia Civil se incautó en el verano de 2018 de más de mil ejemplares de 70 especies distintas, la mayoría protegidas.

“Existe más que prueba suficiente contra la pareja por tráfico de especies protegidas, contrabando y blanqueo de capitales”, subrayó el ministerio público en sus informes en la octava y última sesión del juicio en la Audiencia de Palma. “Es una barbaridad la cantidad de especímenes que encontró la Guardia Civil en el registro de la finca. Fue una intervención ejemplar del Seprona con los inspectores CITES, con la presencia de los dos acusados y su abogado. Tenían una fábrica de tortugas”, enfatizó el fiscal.

La acusación pública hizo una pequeña modificación en sus conclusiones e incrementó la responsabilidad civil para la pareja de ciudadanos alemanes encausados a quienes pide ahora 418.300 euros por los gastos de mantenimiento de los animales intervenidos, que fueron depositados en el centro Natura Parc. Esta cantidad fue abonada en los últimos años por la Administración de Justicia por el cuidado de los quelonios.

Mientras, la fiscalía mantuvo su solicitud de pena de dos años de cárcel y una indemnización de más de 5.000 euros por un delito contra la fauna para el tercer sospechoso, un importador de animales exóticos con una tienda de reptiles en Barcelona que supuestamente hizo de intermediario de la pareja de germanos con la compraventa de especímenes.

Los abogados defensores Francisca Socías e Iván García reclamaron ayer la libre absolución de sus representados ante el tribunal de la Sección Primera al negar que se dedicaran a traficar con especies protegidas. Alternativamente, uno de los letrados interesó que, en el caso de condena, se aprecie la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, mientras que su colega argumentó que la responsabilidad civil no está justificada y excede de lo razonado. El caso quedó visto para sentencia al mediodía.

Un gran experto

El fiscal se centró en el principal acusado, de 54 años, en el trámite de informes. “Es un gran experto en tortugas, no se duda de ello. Pero no era criador, en ningún momento lo consiguió. No ostentaba la condición de criador”, insistió.

“Hay una plena ocultación de la actividad que desarrolla en la finca de Llucmajor. No consta actividad laboral en él desde 2011. Y hay una pluralidad de movimientos bancarios, con transferencias y operaciones en las que aparecen nombres relacionados con la herpetología. Se lucraba con la venta de tortugas. Las escuchas telefónicas de febrero de 2018 a junio de ese año revelan que se dedica a la compraventa de especies protegidas, unida a la cría”, indicó el ministerio público.

“En chats habla de 30.000 y 40.000 euros por cada ejemplar. Se dedicaba de forma constante a la venta de especies protegidas. Según indicó la Guardia Civil, entre 2012 y 2018 podía haber manejado medio millón de euros. Esta actividad le reportaba unos suculentos beneficios con la connivencia de su pareja”, apuntó el fiscal ante la Sala.

“Declaraba catorce ejemplares cuando en realidad tenía más de mil. Da una apariencia de legalidad para llevar a cabo la actividad delictiva que desplegaba. Algunas de sus tortugas estaban en riesgo de desaparición. Muchos de los ejemplares que tenía no eran legales en España. Y si los hubiera tenido legales en España, como dice la defensa, no se puede traficar con ellos. Son especies protegidas, el delito es el tráfico de especies”, recalcó la acusación pública.

“Su pareja estaba al corriente y participaba en la actividad. Colaboraba con él. Obtuvieron dinero de forma ilegal. Pretendían comprar la finca en mayo de 2018. Si no lo hicieron fue porque un mes después intervino la Guardia Civil y llevó a cabo el registro”, recordó el fiscal, quien también citó las conexiones con el tercer sospechoso, que intermedió en la compraventa de especímenes.

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