La regularización de inmigrantes de Sánchez se apoya en estudios de un profesor de la UIB

El Gobierno ha aprobado un decreto de regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. La iniciativa, impulsada desde La Moncloa y avalada por el presidente, Pedro Sánchez, se apoya en varios estudios académicos, entre ellos dos trabajos del profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Ismael Gálvez. El primero, Inmigración y mercado de trabajo: revisión y evidencia para España, analiza el impacto de la inmigración en el empleo y los salarios. El segundo, El tamaño, la composición socioeconómica y las implicaciones fiscales de la inmigración irregular en España, cuantifica el alcance y los efectos económicos de la irregularidad.

Gálvez cuantifica el tamaño, la composición y el impacto fiscal de la inmigración irregular. También examina de forma sistemática los efectos de la inmigración sobre el mercado de trabajo, incorporando además evidencia empírica actualizada hasta 2024. Los informes ofrecen el armazón técnico que explica por qué Sánchez y su equipo insisten en que la regularización no es una concesión ideológica, sino una decisión respaldada por la evidencia económica disponible.

Cuántos inmigrantes irregulares hay en España

El primero de los trabajos estima que a finales de 2019 residían en España entre 390.000 y 470.000 inmigrantes en situación administrativa irregular, lo que supone entre el 11% y el 13% de los inmigrantes no comunitarios y alrededor del 0,8% de la población total. Estos datos hacen prever que, siete años después, la cifra es significativamente mayor, a pesar de que el Gobierno hable de 500.000 personas.

Estas cifras muestran además que la inmigración irregular no sigue una tendencia lineal ni automática. Aumentó con fuerza durante los años de expansión económica de principios de los 2000, descendió tras la regularización de 2005 y se desplomó con la crisis iniciada en 2008. Solo a partir de 2013 se observa un repunte moderado, vinculado sobre todo a flujos procedentes de América Latina. Para La Moncloa, este punto resulta central: la irregularidad responde en gran medida al ciclo económico y a las oportunidades laborales, no a decisiones puntuales de política migratoria.

Un perfil joven y latinoamericano

Los estudios de Gálvez dibujan un perfil demográfico muy definido. Cuatro de cada cinco inmigrantes irregulares tienen menos de 40 años, lo que los sitúa plenamente en edad laboral. Se trata de una población mucho más joven que la media española y también que la inmigración regularizada. En cuanto al origen, más del 75% de la inmigración irregular procede de América Central y del Sur, con Colombia, Honduras, Venezuela y Perú como principales nacionalidades.

El análisis sectorial incluido en el informe resulta especialmente relevante porque apunta que los inmigrantes en situación irregular se concentran en hostelería, restauración y trabajo doméstico y de cuidados, que emplean conjuntamente a más de 150.000 personas sin regularizar. Les siguen la industria manufacturera, la construcción, la agricultura y los servicios sociosanitarios. Para el Gobierno, este dato refuerza la idea de que la regularización no afecta a empleos marginales, sino a sectores estructurales del modelo productivo español, muchos de ellos con problemas persistentes para cubrir vacantes.

Fiscalidad

Uno de los argumentos más repetidos por Sánchez es el fiscal. Según el estudio, los hogares formados exclusivamente por inmigrantes no comunitarios tienen un impacto fiscal directo positivo, incluso superior al de los hogares nativos.

En términos medios, estos hogares aportan unos 4.200 euros anuales netos, frente a unos 2.400 euros en el caso de los hogares españoles. La diferencia se explica casi por completo por su estructura de edad más joven, que reduce el gasto en pensiones y prestaciones asociadas a la jubilación.

El informe introduce además un concepto clave: la irregularidad tiene un coste fiscal estimado en unos 2.000 euros anuales por persona, mientras que la regularización permitiría generar unos 3.300 euros adicionales al año por trabajador regularizado, fundamentalmente a través de cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta.

Inmigración y mercado laboral

En uno de los artículos aborda el núcleo del debate político: el impacto de la inmigración sobre el empleo y los salarios de los trabajadores nativos. Tras revisar décadas de literatura internacional y aplicar un modelo empírico con datos de 2005 a 2024, la conclusión es que los efectos promedio son reducidos, cercanos a cero y, en muchos casos, ligeramente positivos.

El estudio explica que las predicciones de caídas generalizadas de salarios no se cumplen porque el capital se ajusta, las empresas invierten y el mercado laboral se reorganiza. Además, inmigrantes y nativos no compiten directamente en la mayoría de los casos, incluso cuando tienen niveles educativos similares, porque suelen desempeñar tareas distintas y complementarias. Cuando aparecen efectos negativos, estos se concentran en grupos muy específicos y de magnitud limitada, insuficientes para justificar un deterioro general del mercado laboral.

En conjunto, los dos informes determinan dos cuestiones. Por un lado, la inmigración irregular existe y es cuantificable. Por otro, la evidencia empírica no respalda la idea de que la inmigración destruya empleo o salarios. Y, finalmente, la irregularidad genera costes fiscales que la regularización puede reducir.

Suscríbete para seguir leyendo