Prohens responde a los empresarios: "La regularización de inmigrantes debe ir ligada a un contrato de trabajo"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha rechazado de forma contundente el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha respondido directamente a la valoración realizada por parte del empresariado balear, al que ha recordado que cualquier regularización debe ir vinculada a un puesto de trabajo y contar con garantías básicas como el certificado de antecedentes penales.

Prohens ha asegurado que tanto ella como los empresarios de Balears comparten que es necesario poner orden y regularizar la situación de muchos trabajadores, ante la falta de mano de obra en las islas. Sin embargo, ha subrayado que ellos mismos critican las formas del proceso aprobado por el Ejecutivo estatal y coinciden en que la regularización debería estar ligada a un contrato laboral, algo que, según ha insistido, no ocurre en este caso.

"Los empresarios lo que dicen claramente es que la regularización ha de ir vinculada a un lugar de trabajo", ha afirmado la presidenta, quien ha añadido que no cree que el empresariado comparta que se trate de un proceso sin certificado de penales y basado únicamente en una declaración responsable, una fórmula que ha calificado de "nunca vista" y que, a su juicio, expone a toda la sociedad.

"Una cortina de humo y una irresponsabilidad enorme"

Más allá de la respuesta a los empresarios, Prohens ha definido el proceso de regularización como una "cortina de humo" y una "irresponsabilidad enorme". A su entender, se trata de una regularización "masiva y oportunista", impulsada para "desviar la atención" de otras cuestiones que ocupan el debate nacional, como el accidente y el caos del sistema ferroviario, responsabilidades que ha atribuido directamente al Gobierno de España.

La presidenta ha criticado que el proceso no esté vinculado a un contrato de trabajo, que por primera vez no tenga que pasar por el Congreso de los Diputados y que se haya planteado, según sus palabras, "vendiendo nuestra seguridad a cambio de una cortina de humo". También ha puesto el acento en que, por primera vez, no se exijan certificados de antecedentes penales y baste con una declaración responsable para acceder a la regularización.

"Efecto llamada"

Prohens se ha referido también al posicionamiento de las entidades sociales favorables a la regularización, afirmando que respeta estas opiniones pero cuestionando el mensaje que se lanza a las personas que esperan para venir a España. "¿Qué mensaje lanzamos a las personas que esperan para venir?", se ha preguntado, advirtiendo de que una regularización masiva sin control ni garantías puede generar expectativas irreales, activar procesos de reagrupación familiar y aumentar la presión migratoria.

En este sentido, Prohens ha vinculado esta política al efecto llamada y a la llegada de migrantes a Baleares. A su juicio, la falta de una política migratoria clara y de control efectivo de las fronteras ha contribuido a un fenómeno sin precedentes en las islas, con miles de llegadas en los últimos años, y a la transmisión de un mensaje que considera "irresponsable" para una sociedad con los servicios públicos tensionados.

El contexto migratorio en Baleares

Prohens ha contextualizado sus críticas en la situación que vive Baleares, donde ha advertido de la peor crisis migratoria que han sufrido hasta ahora. Ha señalado que cada año se superan las cifras del anterior, con una presión creciente sobre los servicios públicos y en un momento de crecimiento demográfico sin precedentes en la comunidad autónoma.

En este escenario, ha reiterado que considera el proceso una "irresponsabilidad", precisamente porque "no va ligado ni a un contrato de trabajo ni a un certificado de penales", requisitos que ha considerado mínimos. "La residencia no se puede regalar", ha afirmado, rechazando que se utilice como herramienta de política partidista a corto plazo para desviar la atención del debate público.

El modelo de inmigración que defiende

La presidenta ha defendido que el Govern balear apuesta por un modelo de inmigración regular, vinculada al trabajo y al contrato laboral, una inmigración que considera "necesaria y bienvenida", como lo ha sido históricamente en Baleares. Ha destacado que las islas son "una sociedad que acoge a quien viene a aportar, sumar y contribuir".

En este sentido, ha subrayado que la política migratoria que defiende su ejecutivo es la que combate a las mafias que hacen negocio con la desesperación y la vida humana, insistiendo en que la inmigración es, en última instancia, un drama humano y humanitario. A su juicio, las políticas "oportunistas y sin control" van en contra de la política migratoria de la Unión Europea y sitúan a España como el único país que impulsa procesos de este tipo sin garantías.

Efecto llamada y negocio de las mafias

Prohens ha advertido de que este tipo de regularizaciones contribuyen al efecto llamada y favorecen el negocio de las mafias. Ha recordado que cada año, solo en Baleares, se registran decenas de desaparecidos y fallecidos en rutas migratorias, insistiendo en que "nadie se juega la vida" en una patera si tiene oportunidades en su país de origen.

Por ello, ha defendido la necesidad de reclamar oportunidades en origen, reforzar la política exterior y garantizar el control de las fronteras. En su opinión, la regularización planteada por el Gobierno central no responde a criterios de humanidad, sino a la voluntad de desviar la tensión política y a una "falta de responsabilidad".

Falta de recursos en Extranjería

La presidenta también ha aprovechado para reclamar más recursos para los servicios de Extranjería, que dependen del Gobierno de España. Ha explicado que en Balears hay personas que trabajan de manera legal y que no pueden renovar sus permisos de residencia por la falta de medios administrativos.

Ha defendido que el Govern siempre ha reclamado un refuerzo de estos servicios para normalizar situaciones de personas que "trabajan, contribuyen y quieren integrarse" en la sociedad balear, diferenciando estos casos del proceso de regularización masiva impulsado ahora.

Integración, leyes y garantías

Prohens ha insistido en que la inmigración que defiende su gobierno es la de personas que vienen a aportar, a integrarse en las costumbres, la cultura y las leyes, y a respetar un ordenamiento jurídico que debe ser igual para todos. Por ello, ha considerado imprescindible saber quién entra y por qué entra.

Ha querido aclarar que no sostiene que todas las personas que llegan sean delincuentes, algo que ha calificado de "falso y peligroso", pero ha recalcado que no se puede renunciar a disponer de información básica sobre las personas que acceden a la regularización.

Un fenómeno "nunca visto" en las islas

La presidenta ha señalado que la realidad migratoria actual en Baleares "no tiene nada que ver" con la de hace cuatro, cinco o diez años. Ha invitado a escuchar a la ciudadanía, recorrer los pueblos y observar las cifras de llegadas en patera, un fenómeno "prácticamente inexistente" en las islas hasta hace cinco o seis años.

Ha recordado que en los últimos años han llegado más de cinco mil personas por esta vía, algo que, según ha afirmado, no se había visto nunca. A su juicio, el mensaje que se lanza con esta regularización es "profundamente irresponsable" para una sociedad con los servicios públicos tensionados y unas fronteras que considera desprotegidas.

Prohens ha cerrado su intervención reiterando el mensaje del Govern: "Sí a las personas que vienen a trabajar, a incorporarse al mercado laboral y a integrarse; sí a quienes respetan la cultura, las leyes, la igualdad entre hombres y mujeres y los valores democráticos". Esa, ha concluido, es la inmigración que defiende el Ejecutivo balear, frente a un proceso de regularización que considera "oportunista, irresponsable y carente de garantías".

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