Los empresarios de Baleares apoyan la regulación de inmigrantes de Sánchez contra la que carga Prohens

En medio de la bronca política tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular, entre los empresarios de Baleares pesa más el impacto positivo de la incorporación de unos 10.800 migrantes, en el caso del archipiélago, al mercado laboral y su efecto sobre las finanzas públicas. Frente a la oposición frontal del Ejecutivo de Marga Prohens a una medida tachada de "indiscriminada y masiva", las principales patronales secundan un proceso que permitirá que migrantes que ya están las islas entren en el sistema y se les pueda contratar parea hacer frente a la escasez de mano de obra.

Harina de otra costal es cómo ven los empresarios la vía (decreto) elegida por Sánchez, en lugar de negociar la regularización en el Congreso; critican el "oportunismo político" de La Moncloa con sus socios de gobierno. No obstante, Caeb, Pimem y la FEHM aplauden el efecto de esta medida que responde a "realismo económico" y viene a paliar una necesidad del mercado de trabajo balear.

Este posicionamiento de los empresarios contrasta con la valoración de Pohens sobre lo que califica como una "regularización masiva irresponsable" que viene a "premiar" la entrada irregular y da aliento a" las mafias que se lucran de la desesperación" de las personas migrantes. El director general de Migración, Manuel Pavón, se opone "frontalmente a una regularización indiscriminada y masiva" que en el caso de Baleares llega cuando se "vive una crisis humanitaria sin precedentes".

Con este panorama la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb) considera, a la espera de conocer el detalle de la medida anunciada por Madrid, que la regularización de migrantes que "pudieran estar ya trabajando (o se encuentran en las islas) de forma irregular es positiva porque estas personas entran a formar parte del sistema, con sus derechos y deberes". Desde el punto de vista empresarial "permite su contratación pudiendo así hacer frente a la necesidad de mano de obra que escasea en la mayoría de los sectores del tejido productivo balear", subraya la gran patronal.

Ahora bien la asociación que comanda Carmen Planas advierte sin querer entrar "en batallas u oportunismos políticos" que le gustaría que este tipo de medidas de Estado tuvieran el respaldo mayoritario y que se tramitaran "con total transparencia desde el Congreso". "Siempre hemos defendido que la llegada de inmigrantes se produzca con orden, de forma reglada y controlada"", subraya Caeb, a la vez que brinda su apoyo a "toda medida que aflore la economía sumergida".

"Personas que ya están aquí"

En este mismo sentido se dejan sentir la crítica de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) que afea a Sánchez "el oportunismo" de su Gobierno por "utilizar la regulación con fines políticos y apostar por la vía del decreto en vez de negociar en el Congreso". En la otra cara de la moneda la patronal que preside Javier Vich alude a "una realidad de fondo que no es nueva y que en Mallorca es significativa, tanto por la reducción de las cifras del paro, como por el aumento de la población y por eso nos parece bueno para Mallorca" el nuevo proceso de regularización.

La autorización que obtengan los inmigrantes "será de residencia con permiso de trabajo". Se trata de "personas que ya están aquí y su regularización implicará un aumento de la recaudación fiscal así como de los ingresos en el sistema de pensiones", consideran los hoteleros. Es decir, "formarán parte del sistema laboral con todas las garantías en cuanto a derechos y obligaciones", apostilla Vich.

También Pimem se posiciona del lado del "realismo económico y la necesidad del mercado de trabajo" y "no desde el debate ideológico" para valorar una nueva regularización de migrantes que va a llegar más de veinte años después de la última acometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2025.

"Las pymes y micro-pymes llevan años afrontando dificultades estructurales para cubrir puestos de trabajo en sectores clave", afirma Jordi Mora. "Esta falta de mano de obra no es coyuntural y está condicionando la actividad, el crecimiento y, en algunos casos, la viabilidad de empresas perfectamente solventes", advierte el presidente de la patronal. "Mantener a miles de personas en situación irregular no beneficia a nadie: ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni al sistema público", sostiene.

Pimem hace una lectura realista de lo que puede traer una regularización "ordenada, vinculada al empleo y con criterios claros" porque ayudará a hacer aflorar "economía sumergida" y a la vez dará seguridad jurídica a empresas y trabajadores, facilitará la cotización y la planificación empresarial y reducirá la competencia desleal. Para conseguir todos estos objetivos Mora reclama "procedimientos ágiles, previsibles y bien definidos" y políticas de formación e integración laboral. También llama a evitar mensajes que "incentiven la irregularidad futura".

Tercer sector: "Conquista social"

Las organizaciones sociales hacen frente común ante este proceso que abre una ventana de oportunidades para muchos migrantes en situación irregular en España. Da respuesta a una medida "largamente demandada" por la sociedad civil y las organizaciones sociales, "con un potencial impacto directo y estructural en el acceso a derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud", destaca Médicos del Mundo".

Se recuerda que esta decisión del Gobierno central está respaldada por más de 700.000 firmas de la iniciativa legislativa popular impulsada en 2021.

"Preocupa el escaso margen temporal del proceso y la saturación de las oficinas de extranjería", lamenta Médicos del Mundo

Médicos del Mundo subraya que esta regularización extraordinaria permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo por un año a aquellos que acrediten una permanencia mínima continuada de cinco meses en España, para después tener que "transitar hacia las vías ordinarias" del Reglamento de Extranjería. "Nos preocupa el escaso margen temporal del proceso y la actual saturación de las oficinas de extranjería", critican, y llaman a anticiparse ante el aumento de solicitudes de tarjeta sanitaria que vendrá.

La Xarxa per la Inclusió Social rechaza el posicionamiento del Govern Prohens por su discurso "alarmista"

La Xarxa per la Inclusió Social a les Illes Balears (EAPN-IB) considera la medida clave para garantizar derechos, combatir la pobreza y avanzar hacia una sociedad más cohesionada a la vez que rechaza el posicionamiento del Govern Prohens. Las personas que podrán regularizar su situación ya viven en las islas Baleares, por lo que se refuta que se produzca un efecto llamada o beneficio para las mafias o saturación de servicios públicos ni más tensiones ante la crisis de vivienda. Al contrario, como los empresarios, se apela a que crecerá la recaudación pública vía impuestos y cotizaciones.

EAPN-IB coincide con el Observatorio de Migraciones de la UIB en que los flujos migratorios son un fenómeno complejo que no se puede abordar con "discursos simplistas o alarmistas".

Para el Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares estamos ante un “paso decisivo” para la dignificación de miles de personas migrantes. Con la regularización se permitirá a sus beneficiarios salir de situaciones de irregularidad y precariedad, especialmente en sectores esenciales como las curas, los servicios, la agricultura o la hostelería para acceder “en igualdad de condiciones” a derechos básicos como el trabajo regularizado, la sanidad o la educación mientras contribuirán a la economía.

Los trabajadores sociales piden políticas públicas que acompañen este proceso y externan su preocupación ante los discursos que cuestionan esta decisión y pueden “alimentar la confrontación social”.

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