Competencia recurre el decreto balear que prohíbe alquilar yates privados en verano pero el Govern recuerda que sigue en vigor

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra varios puntos del decreto aprobado por el Govern balear en 2025 para regular la actividad de las embarcaciones de recreo, y en concreto cuestiona que se vete la posibilidad de alquilar un yate de uso privado (lista séptima) como si fuera de chárter náutico (lista sexta) o se prohíba la venta por plazas individuales, como algunos de los aspectos principales. Se alega que de este modo se está restringiendo la competencia de forma injustificada. En cualquier caso, el director general de Puertos, Antoni Mercant, recuerda que por el momento el citado decreto sigue en vigor y reconoce que la colisión más importante en torno a esta materia es la que se mantiene con el ministerio de Transportes, también contrario a algunos de estos preceptos y que ha anunciado que llevará el tema ante el Tribunal Constitucional por considerar que se han invadido sus competencias.

La CNMC señala que no cuestiona que el objetivo del Govern es garantizar un desarrollo sostenible y responsable del chárter náutico, pero insiste en que se introducen restricciones que considera "injustificadas" y que pueden provocar una expulsión del mercado de numerosos operadores, frenar la entrada de competidores y reducir la calidad de los servicios que se ofrecen.

Preceptos cuestionados

La comisión cuestiona varios preceptos del citado decreto de 2025, entre los que tiene una especial relevancia la prohibición de que yates de uso privado se puedan alquilar durante tres meses al año, una opción permitida por una reciente norma impulsada desde el Ejecutivo estatal. Desde la conselleria del Mar y desde las principales patronales de la náutica balear se ha defendido este veto alegando que es necesario poner coto a la saturación que está viviendo el litoral de las islas y el daño que se puede hacer a las empresas de chárter ya establecidas. Sin embargo, la CNMC considera que así se limita la capacidad de respuesta a la demanda estacional.

Este organismo cuestiona igualmente la prohibición balear del alquiler parcial de barcos y de la comercialización por plazas individuales, al considerar que se trata de un negocio habitual en el litoral español y que incluso podría incrementar la presión sobre el medio marino al dispersar la demanda y elevar la cifra de barcos que salen al mar.

También se ataca la diferencia de trato que se fija en las islas entre las escuelas náuticas españolas y las extranjeras, y la exigencia de dispensa de bandera para las embarcaciones de terceros países.

Decreto en vigor

El director general de Puertos del Govern recuerda que algunas asociaciones, como la patronal de pequeñas y medianas empresas náuticas APANIB también presentó el pasado año recursos contra el citado decreto, solicitando medidas cautelares para su suspensión que han sido desestimadas por los tribunales, por lo que por ahora la norma balear se mantiene en vigor.

Además, recuerda que el enfrentamiento más grave se tiene con Marina Mercante, que también cuestiona algunos de los citados preceptos por considerar que se invaden competencias estatales y que ha amenazado con llevar el tema ante el Tribunal Constitucional. Sobre este punto, recuerda que el PSIB aseguró que el Ministerio aseguró que iba a permitir que el alquiler de barcos privados pudiera ser suprimido en zonas tensionadas como Baleares o Canarias, pero por el momento sigue sin hacerlo.

Antoni Mercant pone de relieve que en el caso de que finalmente algún tribunal declare la nulidad del decreto balear de 2025 por cuestiones como fallos en el procedimiento para su aprobación, eso supondrá que volverá a entrar en vigor el decreto que se aprobó en 2017 que "era bueno, aunque se mejoró con el de 2025" y que permitiría al Govern rechazar el alquiler de barcos privados durante el verano, aunque podría autorizarse por Capitanía Marítima "bajo su responsabilidad en el caso de que se registre algún incidente con esas embarcaciones".

Además, recuerdo que desde la Conselleria se ha decidido que aquellos barcos privados que se puedan alquilar durante el verano, en el caso de que finalmente se pueda hacer en Baleares, perderán sus amarres en los puertos dependientes de la Comunitat Autònoma. Las excepciones, por ser de competencia estatal, serían los de Palma y Alcúdia en el caso de Mallorca, el de Maó, el de Ibiza y La Savina en Formentera.

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